En junio del año pasado, cuando Benjamín Equiza ya había cursado medio tercer grado, el ministerio de Educación bonaerense ordenó que retrocediera, que volviera a hacer segundo pese a que había acreditado todos los saberes. Hoy el niño es protagonista de un fallo judicial inédito que sienta un precedente en todo el país.
Benjamín, de 7 años, integra el grupo de chicos con altas capacidades intelectuales. Cuando estaba en jardín se aburría. Ya sabía leer y escribir, conocía las tablas de multiplicar y nadie se lo había enseñado. En el consultorio, la psicóloga determinó que era superdotado con “múltiples potencialidades”, con una facilidad inusual para matemática, pero también un “alto razonamiento verbal, poder de abstracción e inteligencia rica y muy creativa”.
Con ese diagnóstico lo pudieron adelantar un año: saltó de sala de 4 a primer grado en un colegio privado de La Plata. Pero la historia se repitió: lo que enseñaban ya lo sabía; lo que a sus compañeros les costaba varias clases, él lo incorporaba de inmediato. La familia decidió que rindiera libre segundo grado en la Ciudad de Buenos, con un título de validez nacional, y que cursara directamente tercero.
Ahí llegó la traba. La Dirección General de Educación Privada (DIEGEP), que está en la órbita del ministerio bonaerense, desconoció el certificado de CABA y pretendió obligarlo a retroceder pese a haber superado la prueba de segundo grado con sobresaliente. Lo llamativo fue que en 2020, por el cierre de las escuelas, todos los chicos de la Argentina promocionaron el curso sin necesidad de aprobar ninguna materia. A Benjamín, que sí las había aprobado, se le exigió que recursara.
En ese momento, los padres presentaron una medida cautelar que le permitió al niño seguir cursando tercero. Además, ya habían realizado una denuncia al INADI por discriminación, que el ente recién respondió en octubre, solicitando una mediación con el ministerio de Educación.
“Ningún organismo del Estado nos pudo ayudar. En la mediación la conclusión fue que iban a acatar lo que el juez dijera”, le dijo a Infobae Soledad Heit, la madre de Benjamín. “No se dan cuenta de que es un nene. Es mucho desgaste y angustia para él. Benja está siendo evaluado por autoridades desde que tiene uso de razón. El año pasado tenía miedo de cometer cualquier error en el colegio que lo hiciera retroceder. Es terrible la presión que sufrió. La psicóloga nos dijo: ‘Basta de someterlo a evaluaciones’”.
Durante todo el proceso judicial, al chico lo evaluaron un sinnúmero de autoridades. Tuvo una reunión con el juez, un encuentro con la defensora de menores e incapaces, le hicieron volver a ir a una psicopedagoga en CABA para que ratifique el diagnóstico. En el medio, cuenta la madre, Benjamín trato de alejarse del estereotipo de superdotado: dejó de jugar ajedrez, por ejemplo, intentó emparentarse con los chicos de su edad.
Un fallo inédito
“Si todos tuvieran la voluntad de atravesar un juicio y la posibilidad económica, el ministerio de Educación estaría lleno de amparos”, expresó la madre. Es que en realidad las altas capacidades intelectuales (ACI) son más habituales de lo uno imagina. Se calcula que alrededor del 15% de los chicos tienen ACI y entre ellos el 2% son superdotados. Lo que sucede es que, por desconocimiento, en general no se los identifica ni se los atiende.
“Ellos tienen una manera de aprender distinta. Cuando reciben una información, en su cabeza se abre un abanico de posibilidades. En cambio, cuando le dan algo simple se aburren, se aíslan y en algunos casos somatizan. Benja tenía vómitos cíclicos por las noches sin ninguna razón”, describió Heit.
A un mes de que comenzara el nuevo ciclo lectivo, en la familia reinaba la incertidumbre. Recién el 10 de febrero llegó el primer fallo del juez Federico Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de la provincia de Buenos Aires. La sentencia revalidaba el certificado de CABA y rechazaba la orden de retroceso del ministerio. Benjamín, con 7 años, estaba en condiciones de iniciar cuarto grado.
“Si bien era lo que buscábamos, todavía faltaba una parte importante. Por eso planteamos la revisión”, señaló Fabiana Rogliano, la abogada de la familia, especializada en niñez y adolescencia. “Faltaba que se le exigiera al ministerio de Educación elaborar un plan pedagógico específico para Benjamín, que también se pueda aplicar a chicos de similares características”, agregó.
El 3 de marzo, el juez Atencio dictó un nuevo fallo en el que, ahora sí, ordenaba a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense diseñar un programa en conjunto con el colegio para la trayectoria escolar de Benjamín, para enriquecer la currícula o que pueda volver a adelantar un grado de ser necesario. No obstante, hizo caso omiso al pedido de la abogada de que se exija capacitación a los funcionarios del ministerio en altas capacidades.
“A estos chicos se los discrimina por dos vías. Primero se vulnera su derecho a la educación, que está contemplada por la misma Ley de Educación Nacional. Segundo se vulnera su derecho a la salud porque termina afectando su psiquis. La educación debe prevalecer para el bienestar de la sociedad”, advirtió Rogliano. “Este fallo es el primero que se logra en el país. Hasta entonces, ningún juez había ordenado a las autoridades educativas diseñar un programa para un chico con altas capacidades. Sin dudas sienta un precedente a nivel nacional”.
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