El Gobierno extendió por un año el fideicomiso aceitero para subsidiar los precios internos

La medida regirá hasta el 31 de enero de 2023. Así lo dispuso una Resolución conjunta entre los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo.

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Extienden por un año más el fideicomiso aceitero. (NA)
Extienden por un año más el fideicomiso aceitero. (NA)

A través de la Resolución conjunta 1/2022 de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió por un año más el fideicomiso aceitero. El mismo, con el aporte del sector agroindustrial, se subsidia el precio mayorista de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de hasta cinco litros que se comercialicen hasta el 31 de enero de 2023 en el mercado interno. Del mencionado mecanismo forman parte los exportadores de la Cámara de la Industria Aceitera y también firmas abastecedoras. El volumen de aceites envasados que será objeto de las compensaciones del fideicomiso es de 29 millones de litros por mes.

Al fundamentar la decisión, desde ambos ministerios señalaron que la medida hasta el momento “ha demostrado ser adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos, propendiendo a la estabilidad de los precios en el mercado interno de los aceites mencionados”. En este caso, la novedad es que la decisión oficial también señala que “resulta conveniente ampliar la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes”, para lo cual especifica que todas las exportaciones derivadas de molienda de soja y girasol quedarán comprendidas en la misma.

Además, la Resolución conjunta determina que “a los efectos de evitar excederse del monto de aporte se establecerá un mecanismo de evaluación trimestral entre los fiduciantes (aportantes) y la Secretaría de Comercio Interior, tendiente a que el fideicomiso sea sustentable hasta el 31 de enero de 2023, de manera que el monto de la compensación no adquiera una magnitud tal que tornen inviable al fideicomiso y en definitiva verse frustrado el fin perseguido por el mismo”.

Por otro lado, se mencionó que los aportes de fondos se realizarán teniendo en cuenta la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de soja, girasol y de harina y pellets de soja y girasol. No se considerará a los productos elaborados con granos importados. El año pasado, al momento de implementarse la medida, se anunció que el monto de aporte es de USD 190 millones anuales que financiará la propia industria, con posibilidad de ser revisado por la Secretaría de Comercio.

Julián Domínguez, ministro de Agricultura.
Julián Domínguez, ministro de Agricultura.

En aquel momento se aclaró que el objetivo de la medida es “evitar los cierres de registros o la suba de los derechos de exportación, en virtud del compromiso del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior para adoptar las medidas o acciones que remuevan toda distorsión del mercado exportador de los productos contemplados en el fideicomiso, velando por el sostenimiento de condiciones competitivas y equitativas para las empresas productoras involucradas, y procurando disuadir toda conducta contraria a la lealtad comercial y la defensa de la competencia”.

Otro fideicomiso

En las últimas semanas generó un amplio rechazo la propuesta del ministerio de Agricultura de crear un fideicomiso de trigo y maíz, para compensar con dinero a las empresas molineras y avícolas, por el impacto que en su estructura de costos tienen el trigo o el maíz. La idea es que con aportes del sector de los exportadores de cereales, que seguramente serán descontados del precio al productor, compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios internacionales del trigo y el maíz. ¿Para qué? Para que los altos precios de esos granos no impacten luego en la provisión al mercado interno de ciertos alimentos básicos.

La propuesta de la cartera agropecuaria es subsidiar el trigo necesario para elaborar las bolsas de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, los paquetes de 1 kilo de ese mismo alimento, y los fideos secos en paquetes de 500 gramos. También la iniciativa quiere compensar el maíz necesario para producir el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras que se vende para consumo interno. Peor no incluye otros alimentos que utilizan ese grano, como la polenta, la carne bovina proveniente de corrales de engorde o la carne de cerdo.

Al respecto, los integrantes de las Mesas Intersectoriales de maíz y trigo solicitaron que se resuelva el problema inflacionario, que según sostienen excede al precio del maíz o del trigo, ya que los mismos estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021. Además, recordaron que es limitada la incidencia de ambos cereales en los precios finales al consumidor, que en el caso del trigo tiene una incidencia del 13% en el precio final del pan. Por tal motivo, señalaron que cualquier mecanismo de compensación “no va a generar beneficios para el consumidor nacional”.

Por último, hay que recordar que de las Mesas mencionadas se retiró la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas, y ayer comunicó la misma decisión la Comisión Directiva del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, desde donde fundamentaron que “en estos ámbitos deberían discutirse exclusivamente cuestiones técnicas que aporten a la defensa de la producción agropecuaria y los mercados, y no permitir que dichos espacios sean utilizadas por algunos funcionarios del gobierno para agitar diferencias entre los distintos eslabones, y como caldo de cultivo para reflotar instrumentos y medidas que atentan contra el descubrimiento de precios representativos y transparentes, las cuales ya mostraron ser ineficaces para combatir la suba de precios y la inflación que a todos como ciudadanos y consumidores nos preocupa”.

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