Los cambios que propone el Gobierno para los subsidios de gas en el régimen de Zonas Frías

Luego de que el Capítulo XI del presupuesto fracasara en el Congreso, en parte porque incluía la derogación de la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno presentó este martes en la Cámara de Diputados un proyecto que reflota algunas de las iniciativas caídas en ese fragmento del texto. La propuesta del oficialismo busca readecuar el régimen de subsidios al gas natural, limitar el alcance de los beneficios en las denominadas “zonas frías”, resolver las deudas acumuladas en el mercado eléctrico mayorista y derogar regímenes de promoción e incentivos vigentes para la producción hidrocarburífera.

En el proyecto, el Gobierno propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Ahora se busca que ese fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluye la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas. Y se estipuló que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado.

El proyecto redefine el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría. La iniciativa oficialista quiere limitar la ayuda a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y deja afuera a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras. En esa reforma, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El crecimiento de los beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y obligó a revisar el esquema de financiamiento.

A su vez, el texto del proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 de 2025. Este padrón incluye hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar y los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos. Así, el beneficio se segmenta por criterios tanto geográficos como socioeconómicos. Solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.

Emilio Apud, ingeniero y exsecretario de Energía y Minería de la Nación, criticó la ampliación de beneficiarios implementada en 2021: “Metieron más de tres millones de usuarios que no necesitan porque geográficamente no hace frío en esas zonas y, si lo hiciera, hay gente que puede pagar el gas, es una barbaridad”. Apud sostuvo que la Zona Fría original resulta necesaria, pero la ampliada hay que sacarla lo antes posible porque es mucho dinero que pagamos todos. También opinó que con este cambio esos usuarios pagarán igual que el resto de los argentinos y que fue privilegio de políticas populistas ya que de aplicarse el mismo criterio, los habitantes del NEA podrían reclamar tarifas diferenciadas por calor, ya que usan más aire acondicionado que en el sur.

Nuevas facultades Caputo

El saldo deficitario del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas es una cuestión que genera preocupación en el Ministerio de Economía y más con la suba del precio internacional a causa del conflicto en Oriente Medio. Lo que se expuso en que recientemente el presidente Javier Milei le dio nuevas facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para poder aumentar el recargo que lo financia.

Por el Decreto 266/2026 se dieron facultades al Ministerio de Economía para modificar el recargo que alimenta el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, una herramienta creada por el artículo 75 de la Ley N° 25.565. Ese artículo estableció un recargo de hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico consumido o comercializado por redes o ductos en todo el país, sin importar el destino final. La nueva facultad permite al ministro Caputo aumentar o disminuir ese recargo en hasta un 50%, es decir, llevarlo hasta un máximo de 11,25%, de acuerdo a las necesidades de financiamiento del fondo y la política energética del Gobierno.

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía a Infobae, el problema era que no alcanzaba con el dinero que recaudaba el Fondo y se debía recurrir a subsidios: mayor gasto público. “Por eso sostenemos que el régimen de zona fría es regresivo y deficitario. Ahora lo que hacemos es que el tope sea 11,25%“, comentaron quienes entienden que se buscará subirlo. De este modo, el Gobierno pretende cubrir con el fondo fiduciario el costo de las bonificaciones que reciben los usuarios residenciales en zonas frías, evitando que el Tesoro deba aportar recursos adicionales en un escenario de precios internacionales en alza.

Saldar deudas con las distribuidoras de energía

El proyecto también aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Subsecretaría de Energía Eléctrica determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, causadas por leyes de emergencia tarifaria. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) aplicará créditos para cancelar deudas de las distribuidoras por la compra de energía eléctrica, siempre que estén incluidas en acuerdos de pago de regularización. La iniciativa exige la renuncia a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado a la emergencia.

Apud describió el origen del conflicto: durante años, las empresas distribuidoras no recibieron subsidios, los precios quedaron congelados y las tarifas no cubrían los costos -por decisión de gobiernos anteriores— y financiaron sus operaciones dejando de pagar a CAMMESA. El nuevo mecanismo busca conciliar esas deudas con la energía no cobrada por el congelamiento tarifario, con un saldo que se estima favorable a las distribuidoras y que CAMMESA cancelará mediante el pago de energía.

El texto prevé que las sumas originadas por compensaciones entre distribuidoras, transportistas y CAMMESA quedarán exentas del impuesto a las Ganancias. Para las transportistas bajo jurisdicción federal, cualquier crédito determinado solo podrá aplicarse a compensar penalidades por incumplimientos contractuales hasta el vencimiento del primer período de gestión y hasta el monto de esas penalidades.

En materia de tarifas, la iniciativa modifica la Ley 24.065 para que el precio de venta de la electricidad a los usuarios incluya el costo de adquisición en el MEM, transporte y servicios del sistema, discriminados en la factura. Prohíbe incorporar tributos o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados y asigna a las autoridades regulatorias la obligación de trasladar automáticamente el costo de adquisición a las tarifas.

En el capítulo de hidrocarburos, el proyecto deroga los regímenes de promoción y beneficios para la producción incremental de petróleo y gas, eliminando la posibilidad de comercializar libremente parte de la producción en el mercado externo con ventajas impositivas y acceso a divisas. El Gobierno justifica la medida en la restricción fiscal y en la necesidad de un marco normativo más simple. Aclara que los proyectos ya aprobados mantendrán los derechos adquiridos. El texto también contempla la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045 y flexibiliza la cesión de contratos de abastecimiento celebrados por el sector público para promover inversiones en generación renovable.

Para el Gobierno, según lo señala el proyecto, la ampliación de los beneficiarios de Zona Fría en 2021 desvirtuó el carácter focalizado del esquema y elevó el costo fiscal. El sinceramiento tarifario y el aumento del precio del gas en 2025 hicieron que la recaudación, incluso con una alícuota mayor, no alcanzara para cubrir los subsidios, forzando transferencias del Tesoro Nacional. Por lo que con el nuevo proyecto se busca corregir el diseño del régimen y asegurar que la ayuda llegue solo a quienes la necesitan por clima y situación económica. Ahora habrá que ver si el Gobierno logrará conseguir el apoyo de los gobernadores en el Congreso para que esta iniciativa se sancione.