Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires autorizaron nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aportes estatales, fijando los valores que se deberán abonar a partir de abril.
La medida fue comunicada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que destacó que la actualización de los aranceles responde a la necesidad de adecuar los ingresos de las instituciones a los costos actuales.
Según detalló AIEPA, los colegios privados de nivel inicial y primario con hasta el 100% de aporte estatal para el pago de salarios docentes, podrán cobrar $32.880 mensuales desde abril. Aquellos que reciben hasta un 40% de aporte para los sueldos docentes tendrán un tope de $148.660 por mes. En cuanto al nivel secundario, las cuotas irán desde $36.200 hasta $193.160 mensuales, dependiendo del porcentaje de subsidio recibido.
Los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte tendrán una banda de cuotas entre $41.790 y $221.070, también en función del nivel de aporte que el Estado provincial hace sobre los sueldos docentes que varía del 100 al 40%.
El nuevo cuadro arancelario fue avalado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, luego de un pedido de actualización presentado por AIEPA en base a los resultados de la última paritaria docente. El aumento promedio en relación al ajuste previo es del 6,5% para todas las categorías, escalas y modalidades.
El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, indicó: “Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”.
A pesar de la actualización, Zurita aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.
Hace apenas dos semanas, en diálogo con Infobae, Zurita había anticipado que pedirían un “13,3% para marzo y un 14,6% en abril”. Esta solicitud se produjo después de un acuerdo previo con el ejecutivo provincial, en el que se reclamaba un ajuste retroactivo del 8,1% en los aranceles por diciembre, enero y febrero. “Desde el Gobierno no autorizaron ese porcentaje, solo nos dieron un 3% retroactivo a diciembre”, señaló Zurita.
El titular de la entidad que agrupa a 2.500 centros educativos bonaerenses y representa al 30% de la cobertura educativa provincial, con más de 1,3 millones de estudiantes en todos los niveles, advirtió sobre el impacto de los aumentos de tarifas y servicios. “Estamos abajo un 15% por el aumento a nivel nacional de los servicios. Los colegios privados, el año pasado cerraron con una morosidad en cuota del 9%. Y muchas tuvieron que pedir créditos para completar el pago del sueldo docente”, aseguró.
Además, explicó que la presión financiera se ve agravada por la suba de tasas municipales, como en el caso del Municipio de Pilar, donde se implementó una nueva contribución obligatoria y se incrementó la Tasa de Seguridad e Higiene.
Según la información aportada por AIEPA, cerca del 70% de los colegios privados bonaerenses recibe subsidios estatales para cubrir parte o la totalidad de los salarios docentes. Estos establecimientos no pueden modificar sus aranceles sin la autorización del gobierno provincial, a diferencia de los colegios sin subvención estatal, que pueden trasladar los incrementos de manera automática.
La provincia cuenta con más de 4.000 instituciones educativas subsidiadas, cuyo aporte estatal puede cubrir entre el 40% y el 80% de los salarios, mientras que el resto de los gastos, como servicios y mantenimiento, debe ser afrontado por cada colegio.
En los últimos años se han registrado cierres de instituciones educativas privadas, algunas de ellas en el conurbano, otros en CABA y también en la ciudad de La Plata. Según indicó AIEPA, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.