El Gobierno de Javier Milei supervisa las actividades de unas 60 empresas públicas que están distribuidas en doce jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional, según pudo reconstruir Infobae con fuentes oficiales. “Todo lo que pueda estar en manos de privados, dejará de estar controlado por el Estado en algún momento”, es la premisa que repiten algunos funcionarios de la gestión libertaria, recordando la Argentina de los años noventa.
Sin embargo, el foco de la gestión está actualmente puesto en los planes específicos de privatización total, parcial, o concesión para cada una de las ocho compañías que quedaron sujetas a esos procesos tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
El proceso privatizador es llevado adelante por Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y cuenta con la atención especial del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Va a haber venta de activos por miles de dólares”, dijo Caputo la última semana durante su participación en el programa de streaming Carajo como un ejemplo de cómo se generarían ingresos a las reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sin que el ente monetario tenga que compar en el mercado de cambios.
Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea:
- La venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones;
- Realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en Bolsa; y
- Concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, cerrando así la compañía.
En el Gobierno saben que aún deben despejar incógnitas para los posibles compradores o concesionarios, a pesar del interés que despierta Milei, su motosierra y su agenda promercado.
Entre los factores que generan dudas se encuentran la continuidad del orden macroeconómico, la posición de reservas del país, la viabilidad de las reformas impulsadas por el oficialismo y el resultado de las elecciones de medio término
Entre los factores que generan dudas se encuentran la continuidad del orden macroeconómico, la posición de reservas del país, la viabilidad de las reformas impulsadas por el oficialismo y el resultado de las elecciones de medio término. Hay bancos privados y organismos multilaterales que ya están trabajando con funcionarios para organizar roadshows con inversores.
Según pudo confirmar Infobae, hay al menos tres casos en los que se avanzará pronto. El más avanzado tiene que ver con la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuyas concesiones vencen a mediados de agosto.
El ministro Caputo anticipó que espera el ingreso de entre USD 400 y USD 500 millones por ese proceso. Ya existe un acuerdo con los gobernadores para que Río Negro y Neuquén puedan cobrar un canon del 1% cada una por el uso del agua.
Luego está el caso del concurso para vender las acciones de Intercargo, luego de la desregulación del sector y la habilitación de nuevas empresas a prestar el servicio de rampa en los aeropuertos. También está cerca la venta del 50% de las acciones que posee el Estado -a través de Enarsa- en Citelec, firma que a su vez controla a Transener, principal transportadora de electricidad del país.
El proceso que avanza de manera más firme es el de Corredores Viales: este año se licitarán los tramos controlados por la empresa y, una vez que finalice ese proceso, la intención es cerrarla. En AySA pimero se conformará una estructura de concesión, ya que la empresa opera en el AMBA solo con un “permiso”, y habrá un llamado a licitación internacional. Después podría avanzarse en una subasta en la Bolsa.
El proceso que avanza de manera más firme es el de Corredores Viales
Desde el Gobierno consideran que es fundamental tener en cuenta los tiempos políticos y económicos. Por ello, la mayoría de las primeras privatizaciones se realizará después de las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad política y macroeconómica atraiga nuevas inversiones.
La estrategia de privatización incluye las empresas que quedaron fuera de la última versión de la Ley Bases por el pedido de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino.
También está en la mira la privatización del Banco Nación, al que el Gobierno le quitó el monopolio de los sueldos de los empleados públicos, además de otras firmas bajo monitoreo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.