Abril llegará con nuevos aumentos en los servicios públicos de luz, gas, agua, transporte y combustibles. El Gobierno nacional tenía previsto implementar desde ese mes un nuevo esquema tarifario con ajustes mensuales indexados a la inflación, pero resolvió postergarlo.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el sistema comenzará a regir recién en mayo y, por lo tanto, en abril las subas serán limitadas bajo un esquema discrecional.
La Secretaría de Energía está en la etapa final del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que definirá el sendero de inversiones y ajustes hasta 2029. Este mecanismo, que no se aplicaba de manera sistemática desde hace casi tres décadas, será el marco técnico para las futuras actualizaciones mensuales.
Se espera que las empresas presenten planes de inversión para mejorar la infraestructura de servicios energéticos, a cambio de un esquema de tarifas más estable
Las audiencias públicas realizadas en febrero marcaron el inicio formal de este proceso, en el que se espera que las empresas presenten planes de inversión para mejorar la infraestructura de servicios energéticos, a cambio de un esquema de tarifas más estable.
Mientras tanto, en abril se aplicarán incrementos moderados. Las boletas de AySA aumentarán un 1% a partir del consumo de abril, siguiendo la política de ajustes mensuales acotados implementada por el Ministerio de Economía. Este enfoque busca mantener el equilibrio económico-operativo de la empresa y acompaña la desaceleración del proceso inflacionario observada en los primeros meses del año.
La fórmula original diseñada por la Secretaría de Obras Públicas contemplaba ajustes en función del índice de salarios, el IPIM y el IPC, lo que en enero hubiese implicado un aumento del 3,29%, pero el Gobierno resolvió limitar esas subas.
En el sector energético, el Poder Ejecutivo tenía previsto aplicar un esquema de actualización automática desde abril, pero la medida se postergó por la situación macroeconómica y la necesidad de contener el índice de precios. De esta forma, los aumentos seguirán decidiéndose caso por caso, sin reglas fijas de actualización.
En cuanto al transporte público, el Gobierno nacional decidió mantener sin incrementos las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, tanto la Ciudad Autónoma como la Provincia de Buenos Aires aplicarán ajustes desde el 1° de abril. En territorio bonaerense, el boleto mínimo pasará de $408 a $425, un incremento del 4,2%. Este aumento responde a una fórmula automática de actualización que considera la inflación más un adicional del 2%, y que ya se aplicó en marzo con una suba del 10%. El mismo esquema fue adoptado por el Gobierno porteño.
Se espera un nuevo ajuste en los combustibles desde el martes 2 de abril
En paralelo, se espera un nuevo ajuste en los combustibles desde el martes 2 de abril. Aunque no se ha informado oficialmente el porcentaje, estimaciones privadas prevén una suba inferior al 2%. Las petroleras, que vienen aplicando incrementos mensuales desde diciembre, acompañan así el esquema de ajustes administrados que el Gobierno promueve para evitar un mayor arrastre inflacionario.
Estos incrementos se producen en un contexto de volatilidad cambiaria y presión financiera. El Banco Central acumuló ventas por USD 1.637 millones desde el 14 de marzo, en medio de tensiones con el mercado por versiones de cambios en el régimen cambiario. Las reservas internacionales perforaron el piso de USD 26.000 millones, y el mercado de futuros tuvo días de alta volatilidad por rumores sobre un eventual levantamiento del cepo.
Aunque por ahora no se observa un traslado directo de esa volatilidad a los precios, las consultoras ya marcan un freno en la desaceleración inflacionaria.
Según Equilibra, la inflación proyectada para marzo es del 2,6%, con una inflación núcleo del 2,5%. La suba en la cuarta semana del mes fue del 0,4%, empujada por precios estacionales como verduras e indumentaria.
Por su parte, la consultora ACM advirtió que en los últimos tres meses se observó una marcada divergencia entre la inflación de bienes (1,9% mensual promedio) y la de servicios (3,8%), impulsada por la recomposición de precios regulados y tarifas. En febrero, la inflación núcleo se ubicó en 2,4% mensual, mientras que los precios regulados treparon por encima del 3%. Esta tendencia no parece revertirse en marzo, donde los primeros relevamientos muestran nuevamente a los regulados encabezando las subas.
Los primeros relevamientos de precios de marzo muestran nuevamente a los regulados encabezando las subas
En este contexto, el rol de los precios regulados sobre el índice de inflación sigue siendo determinante.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, una familia tipo en el AMBA necesitó $146.000 en marzo para cubrir luz, gas, agua y transporte. Esa cifra representa un aumento del 429% desde diciembre de 2023, casi el triple que la inflación acumulada en el período de Gobierno de Javier Milei.
El impacto es mayor si se considera que el AMBA concentra la mayor parte de la población argentina, lo que amplifica los efectos sobre el consumo y el humor social.
Además, según el Indec, la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó 174,2% interanual, contra un 66,9% del índice general, lo que refleja la presión inflacionaria que ejercen los servicios regulados. Esta categoría no solo fue la que más subió en términos anuales, sino también la que lideró las subas mensuales en febrero.
La consultora LCG también destaca que los servicios volvieron a superar a los bienes en términos de inflación en febrero (3,2% contra 2,1%), y estima una inflación en alimentos del 2,7% en marzo. Además, advierte que el crawling peg al 1% podría no ser suficiente para contener la presión de precios si se acentúa la volatilidad del mercado cambiario.
En los próximos meses, la política tarifaria será una de las variables clave en la estrategia del Gobierno para reducir la inflación
En los próximos meses, la política tarifaria será una de las variables clave en la estrategia del Gobierno para reducir la inflación sin deteriorar el poder adquisitivo.
Según los analistas, el “sendero de convergencia fiscal” que propone el Ministerio de Economía implica un delicado equilibrio entre recorte de subsidios, mantenimiento del superávit primario y contención de precios en un escenario social sensible.