La provincia de Buenos Aires, liderada por Axel Kicillof, decidió no adherir al nuevo blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei, confirmaron fuentes bonaerenses. Según trascendió, el ministro de Economía de esa jurisdicción, Pablo López, confirmó que esta medida no fue incluida en el proyecto de ley impositivo enviado a la Legislatura y no se contempla como una propuesta separada.
Esta postura busca desalentar la recurrencia de regularizaciones fiscales, que según el gobierno provincial, perjudican la cultura tributaria. Sin embargo, esta decisión podría tener consecuencias para los contribuyentes provinciales que ya han ingresado al blanqueo.
A diferencia de Buenos Aires, otras provincias ya definieron sus propios enfoques: Santa Fe aplicará una tasa del 2% sobre activos superiores a los USD 100.000, mientras que Neuquén estableció alícuotas progresivas entre el 0,75% y el 1,25%. Salta cobrará un 10% de lo tributado a nivel nacional, y Mendoza adhirió sin establecer gravámenes adicionales. “Vamos a cobrar lo que tengamos que cobrar, pero no habrá ningún impuesto adicional, a diferencia de lo que harán otras provincias”, dijo una fuente cercana a Kicillof.
Esta decisión de Buenos Aires impactará sensiblemente en todos los contribuyentes de la provincia que blanquearon activos y que a partir de ahora podrán verse afectados por las retenciones de Ingresos Brutos. Consultado por Infobae, el tributarista Sebastián Domínguez, explicó que esta posición de Kicillof puede generar complicaciones para los contribuyentes que se acogieron al blanqueo a nivel nacional, ya que “ARBA podría intentar aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los montos exteriorizados”.
“En el caso de personas jurídicas, el fisco bonaerense podría argumentar que el dinero declarado corresponde a ingresos omitidos y aplicar Ingresos Brutos sobre esos activos, lo que podría tener un costo muy alto dependiendo de la actividad del contribuyente. Las alícuotas pueden variar entre 2,5% y 5%, o incluso más, según la actividad que realice”, explicó el especialista.
Domínguez añadió que en el caso de los contribuyentes que operan en más de una jurisdicción bajo el Convenio Multilateral, el organismo recaudador bonaerense solo podría gravar la porción de la base imponible correspondiente a la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las reglas del convenio, mientras que si es una empresa que opera exclusivamente en Buenos Aires, podría verse obligada a tributar sobre el total de lo blanqueado, explicó.
Para las personas físicas, Domínguez indicó que la situación puede ser más compleja y dependerá de las justificaciones que presente el contribuyente. “Si una persona exterioriza dinero que proviene, por ejemplo, de una herencia y puede demostrar que los fondos provienen de inversiones en el exterior, podría argumentar que esos ingresos no están sujetos a Ingresos Brutos. No obstante, ARBA podría intentar un ajuste y, en ese caso, el contribuyente tendría que defenderse”, afirmó.
El tributarista explicó que las provincias todavía están a tiempo de decidir si quieren adherir o no al blanqueo porque el régimen está vigente. Si bien la primera etapa terminó y se supone será la más importante, ahora se está atravesando la segunda y faltaría una tercera. Domínguez advirtió que la falta de adhesión de Buenos Aires podría desincentivar a las empresas que aún consideraban participar en el blanqueo.
“Muchas empresas se mostraron reticentes a blanquear por el riesgo de que se les apliquen impuestos adicionales. Ahora, los contribuyentes que regularizaron activos podrían enfrentarse a ajustes inesperados, con intereses y multas”, señaló. Sobre la posible judicialización, en esos casos, el tributarista remarcó que “habrá que ver cada caso particular, cuánto es el dinero, el ajuste, la discusión, quién quiere asumir el riesgo de discutir, los argumentos, si puede sostener que no es algo gravado por Ingresos Brutos”.
Otro argumento que podría ser aceptado por la Justicia es el hecho de que se trata de una medida aprobada por el Congreso en víspera del progreso de la Argentina, “medidas que encuadrarían dentro de la claúsula de progreso de la Constitución Nacional, por lo que las jurisdicciones no podrían aplicar impuestos sobre eso”, indicó Domínguez. “Yo veo medio difícil ese argumento para prospere en la Justicia; y si lo hace, el problema está en que ARBA te hace el ajuste y por cómo es el procedimiento, en un momento va a haber que pagar y quizás después termina la Corte, dentro de 10 años, diciendo que tiene razón el contribuyente y le van a devolver el monto licuado por la inflación”, señaló el analista tributario.
El régimen nacional ya permitió la regularización de unos USD 19.000 millones durante su primera etapa, con más de 300.000 cuentas CERA abiertas. La segunda fase del blanqueo, que impone una alícuota del 10% sobre montos superiores a USD 100.000, estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025.