El Gobierno informó que desde este mes habrá un incremento de hasta 150% en las tarifas de electricidad que pagan los usuarios de altos ingresos, luego de dar a conocer los nuevos cuadros para las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que estarán vigentes durante el próximo año. Los consumidores de ingresos bajos (catalogados como N2) verán un aumento en torno al 70% y los de ingresos medios (conocidos como N3) en torno al 65%, aunque para este último universo si supera los 600 KW/h el salto estará en la zona del 130 por ciento.
Los nuevos valores regirán hasta tanto se complete la revisión tarifaria integral pendiente para este quinquenio (2024-2028), mientras que desde abril se aplicará un mecanismo de ajuste mensual en base a la inflación. Sobre este último punto, la intención oficial es que no haya un retraso en términos reales de las boletas que afrontan los consumidores con el objetivo de mantenerse en el sendero de reducción de subsidios que marca la hoja de ruta de equilibrio fiscal que se puso el Ministerio de Economía.
La información fue difundida este jueves por la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo a través de un comunicado oficial. Según detalló el texto, en términos absolutos, “considerando un consumo promedio de 380 KV/h por mes, en el caso de los usuarios N1, una factura de $13.900 pasará a pagar $34.332, lo que representa un incremento del 150 por ciento”.
“En el caso de los usuarios N2, para un mismo nivel de consumo y periodo, pasará de $4.360 a $7.415, lo que representa una actualización del 70%; y en caso de los N3, pasará de $4.783 a $7.850, equivalente a una diferencia de 65 por ciento. No obstante, cabe señalar que, en esta clase de usuarios, en caso de superar los 400 KW/h mensuales, si el consumo alcanzara los 600 KW/h el monto pasaría de $14.600 a $34.000, es decir, un 130% de diferencia en la reconfiguración tarifaria”, destacó Energía.
“En términos de puntos porcentuales relativos (la comparación de los actuales valores con los que regían hasta ahora) no puede indicarse un único incremento generalizado porque, hasta ahora había distintas categorías de usuarios que pagaban precios diferentes por la energía y potencia que las distribuidoras adquirían en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, explicó Energía.
Actualmente, la segmentación de subsidios contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: los Nivel 1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena por tener un ingreso mayor a 3,5 CBT( $2.089.881,13), Nivel 2 ( ingresos bajos) con tarifa social y N3 (ingresos medios) que mantienen asistencia hasta determinado consumo (400 KW/h) y pagan pleno por el excedente.
Tal como se informó, el Gobierno avanzará en lo que llamaron un proceso de “normalización” del sector eléctrico a partir de tres lineamientos: “A) adoptará medidas para recomponer el funcionamiento del Mercado Mayorista, para que la oferta interactúe libre y competitivamente con la demanda; b) procederá a la reasignación de subsidios para dar asistencia a quienes tienen menor poder adquisitivo; c) promoverá y ayudará a los usuarios de altos consumos para que realicen un uso responsable y eficiente de la energía, mediante programas de eficiencia energética”.
El virtual congelamiento tarifario que aplicó el Gobierno anterior implicó una mayor transferencia de subsidios que busca corregir la nueva gestión. Obviamente, en el corto plazo eso se traducirá en un golpe al bolsillo de los consumidores.
Para el año 2023, el volumen de los subsidios económicos alcanzó el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo el sector energético con 1,6 puntos porcentuales, lo que representa aproximadamente 9683 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consultora Economía & Energía. Se ha establecido como objetivo para el año 2024 reducir estos subsidios a un 1,3% del PIB en términos generales, y a un 1,1% específicamente en el ámbito energético.
Expertos del FMI, en el informe Staff Report, sugirieron que a partir de febrero deberían implementarse incrementos tarifarios superiores al 200% en electricidad y 150% en gas. Sin embargo, el Gobierno opta por una postura de prudencia, decidiendo postergar cualquier aumento tarifario hasta después de llevar a cabo una nueva audiencia pública que establezca la validez de la “Canasta Básica Energética”, afectando esto al 70% de la población cuyos ingresos no superan las 3,5 canastas básicas.
Con la mira puesta en abril-mayo, se planea introducir un nuevo esquema que reemplazará la segmentación vigente, centrando los subsidios en aquellos hogares cuyo gasto energético supere el 10% de sus ingresos. De esta manera, el apoyo estatal se enfocaría en el monto que exceda dicho porcentaje, con el fin de aliviar la carga financiera sobre los consumidores.