La Argentina podría pasar de un déficit de balanza energética de USD 600 millones en 2023 a un superávit de USD 3.300 millones en 2024, según los números en los que se pusieron de acuerdo el Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A ese resultado se llegará, principalmente, gracias a la sustitución de importaciones de GNL por el pleno funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta. Esa será una de las claves con las que el país espera cumplir con su meta de acumulación de reservas pactada con el organismo.
Además, tal como había anticipado Infobae, la reversión total del Gasoducto Norte recién está prevista para mediados de 2025. Es por eso que este año habrá que importar más energía de la que estaba prevista originalmente.
La información fue plasmada en el último staff report del FMI sobre la séptima revisión del programa argentino en donde, entre otros puntos, se realizaron proyecciones sobre los principales números de la economía local. La estimación base del organismo incorpora pasar de un déficit de balanza energética de USD 600 millones en 2023 a un superávit de USD 3.300 millones en 2024, por una menor cantidad de importaciones de energía.
“La finalización de las etapas iniciales del Gasoducto Néstor Kirchner aumentó la capacidad de transporte nacional de gas a 11 millones de metros cúbicos por día en 2023. Se espera que la capacidad de transporte se duplique en 2024 a 22 millones de metros cúbicos por día y reduzca las importaciones de GNL en otros 3.500 millones de dólares, sujeto a la finalización de las plantas de compresión”, consignó el organismo.
Según G&G Energy Consultants, que encabeza Daniel Gerold, este año el sector aportaría un superávit comercial de unos USD 3.800 millones y podría casi duplicar ese saldo favorable en 2025, a cerca de USD 7.500 millones. Se trata de un fortísimo contraste con los casi USD 4.500 millones de déficit de la balanza comercial energética de 2022.
El informe del Fondo contempla que la finalización de la segunda etapa del gasoducto y la reversión del flujo en el ducto Norte, prevista para mediados de 2025, reduzcan las importaciones en otros USD 700 millones al año.
Tal como había publicado este medio, ante el retraso en el proceso de licitación, el Gobierno avanzará en una reversión parcial del Gasoducto Norte como estaba previsto para antes del invierno de 2024. La consecuencia en el freno de esta obra, clave para el abastecimiento energético de siete provincias y la posibilidad de exportar fluido, será la necesidad de comprar provisión de gas desde Bolivia y Chile, además de electricidad de Yacyretá.
El viernes pasado la empresa Energía Argentina llevó adelante la firma de los contratos con la UTE Techint-Sacde para la construcción de los dos últimos tramos de la obra. Los renglones 2 y 3 consisten en 100 km del gasoducto de integración Federal Tío Pujio-La Carlota, de un diámetro de 36 pulgadas, que unirá el Gasoducto Centro-Oeste con con el Gasoducto Norte, en la provincia de Córdoba.
El proyecto se completa con un loop (tendido paralelo) al Gasoducto Norte en Córdoba de 62 km, la reversión de 4 plantas compresoras de ese mismo ducto y los 22 km restantes del Gasoducto Tío Pujio-La Carlota. Este renglón, el 1, había sido licitado pero se recibieron ofertas bastante superiores a lo presupuestado y el Gobierno ahora avanzará en una reversión “razonable”.
Potencial de crecimiento
Por otro lado, el FMI comentó que existe un potencial significativo para fortalecer el balance energético en los próximos años ante mayores exportaciones a los países vecinos una vez que se completen estas obras mencionadas. “Según evaluaciones independientes, las exportaciones de petróleo crudo podrían aumentar de manera constante desde alrededor de 100 kbbl/d en 2023 a 900 kbbl/d en 2030, generando USD 14.000 millones adicionales en exportaciones al año. La exportación potencial de GNL también ofrece importantes ventajas, aunque esto también requeriría una importante inversión en infraestructura para construir terminales de licuefacción”, mencionaron.
De todos modos, advirtieron: “Sin embargo, estas ambiciosas cifras siguen estando condicionadas a un marco macroeconómico y regulatorio adecuado para ayudar a cubrir un déficit de inversión estimado en USD 40.000 millones a mediano plazo”.
Por último, el informe del organismo hizo mención a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía con la desregulación que lleva adelante. “En lo que respecta al sector energético, la alineación de los precios minoristas de los combustibles con los precios internacionales, la propuesta de eliminar el precio máximo interno del petróleo, junto con la fijación de precios de los servicios públicos de electricidad y gas natural basados en el mercado, respaldarán la inversión en las reservas de gas y petróleo no convencional, impulsando posteriormente exportaciones. También se ha presentado legislación al Congreso para fortalecer las regulaciones y mejorar los incentivos para la inversión a largo plazo en energía y minería, incluidos los metales verdes”, sostuvo.