La discusión que se inició entre el Gobierno nacional y los gobernadores sobre una eventual “compensación” por la pérdida de recaudación prevista por la reforma del Impuesto a las Ganancias está lejos de terminar. El presidente Javier Milei tiene decidido no coparticipar el impuesto al cheque, algo que pidieron los mandatarios para no generar un mayor impacto en el bolsillo de la clase media, y está decidido en avanzar sobre la reversión del gravamen a los salarios más altos. Los ingresos fiscales que están en juego suman casi 1 punto del PBI de los cuales más de la mitad corresponde a las provincias.
Luego de la reunión que tuvieron en Casa Rosada junto al presidente y parte de su Gabinete, los gobernadores aclararon que no pidieron la vuelta del impuesto y consideraron que “no sería el camino adecuado ya que afecta el derecho de los trabajadores”. Allí presentaron un proyecto de ley que propone la coparticipación del 70% sobre lo recaudado por las transacciones realizadas a través de cheques como “mecanismo de compensación”.
Sin embargo, en el Gobierno nacional la premisa es llegar al equilibrio fiscal en 2024 y ceder recursos no es parte de la hoja de ruta que diseñó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. De hecho, la reversión de Ganancias aportaría al Tesoro Nacional 0,4% del PBI según los cálculos que publicó el Palacio de Hacienda. El costo fiscal que calculan los gobernadores es de $2,9 billones y que, de ese total, $1,7 billones será lo que resignen las provincias. Eso impacta también en el reparto hacia los municipios.
El Presidente se refirió esta mañana a la “negociación” que lleva adelante con los gobernadores para determinar cuál sería la mejor solución al bache fiscal que se votó en el Congreso en septiembre pasado, incluso con el apoyo del propio Milei.
“Está claro que no vamos a coparticipar el impuesto al cheque. Está claro que las provincias hoy tienen un déficit de 1 punto del PBI. No vamos a modificar nuestra política de déficit cero, es inamovible. [Volver a introducir Ganancias] es la solución que permite que las provincias puedan rencauzar sus cuentas”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia después de que se conocieran los detalles del mega DNU que busca desregular la economía. Para eso, vale aclarar, deberá enviar un proyecto al Parlamento, ya que sería una reforma de carácter impositivo.
La reforma de Ganancias votada en el Parlamento contempla que solo deberán pagar Ganancias las personas humanas con salarios superiores a los 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que actualmente equivale a $2.340.000 brutos mensuales. Se estima que con ese esquema solo pagarán aproximadamente 88.000 contribuyentes, es decir, menos del 1% del total de los asalariados, jubilados y pensionados de todo el país.
En medio de la campaña electoral, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, había realizado una modificación “puente” hasta que entrara en vigencia la nueva ley. Allí se quitó la cuarta categoría y se eximieron del tributo a cerca de 800.000 asalariados en relación de dependencia. El efecto de esa decisión tuvo impacto pleno en la recaudación de noviembre.
Ese mes los ingresos al fisco por Ganancias se desplomaron 32% en términos reales, unos $433.800 millones según los cálculos de la consultora Econviews. De hecho el tributo cayó de un cuarto a un quinto de la recaudación total en el último año. “Sin marcha atrás en la reforma, el costo fiscal podría ascender a 0,8% del PBI en 2024, 0,5 puntos para las provincias y 0,3 puntos para Nación”, estimó la consultora que dirige el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel.
Desde que Caputo dio a conocer la intención de volver hacia atrás con la reforma que entrará en vigencia a partir de 2024, los gobernadores reclaman algún mecanismo de compensación no solo por Ganancias sino también por las transferencias que realiza el Estado Nacional y las obras públicas que podrían dejar de ejecutarse en sus territorios. El ajuste generará un impacto negativo en la actividad económica y cada peso será crucial para superar un año complejo en materia fiscal.