“No hay mercado”: las inmobiliarias tienen cada vez menos viviendas y la oferta para alquilar sigue derrumbándose

Lejos de mejorar, el panorama del mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires empeora. Desde que el presidente electo Javier Milei anunció la posible derogación de la actual Ley de Alquileres, que aún se mantiene vigente, se observó una postergación de contratos y un marcado descenso en la oferta disponible.

Según expertos del sector, las expectativas de cambios en el sector no son muchas. La reticencia de los propietarios a comprometerse a contratos de tres años, dada la actual volatilidad económica e incertidumbre inflacionaria, es comprensible y, según los especialistas, estratégica.

Asimismo, agrupaciones de propietarios continúan argumentando la consigna de “No se alquila”, manteniendo sus inmuebles al margen hasta que se produzcan cambios en la normativa sancionada en junio de 2020, recientemente reformada en octubre por el Congreso nacional.

En estos momentos críticos, la preocupación se intensifica al observar cómo la demanda supera notablemente a la oferta disponible. Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, compartió con Infobae su inquietud: “En la mayoría de las inmobiliarias no hay ofertas de alquiler para vivienda, y los valores que se publican no reflejan la realidad del mercado. Estos precios se derivan de una muestra muy reducida de inmuebles: no hay un mercado verdadero”.

En la actualidad, escasean las opciones de viviendas de 3 ambientes y las pocas existentes se ofertan por $450.000 al mes.

El escenario es complicado para propietarios como inquilinos. Los profesionales inmobiliarios están tratando de acordar prórrogas por un año, o por un plazo menor según acuerden las partes. Con la esperanza de revertir esta situación en el futuro contexto político.

“Mantenemos altas expectativas de que la situación comience a estabilizarse tras el cambio de Gobierno y el nuevo Congreso. El prolongado calendario electoral y las complicaciones derivadas de la reciente reforma de la ley generaron un marcado grado de incertidumbre. Será cricial derogar la ley: si se vuelve a acuerdos a dos años y ajustes libres entre partes la oferta volverá a niveles de pre pandemia”, dijo Gustavo Lo Valvo, experto del sector en la zona de Saavedra y Villa Urquiza.

Resulta desalentador y angustiante tanto para personas solas como para familias en búsqueda de vivienda no encontrar opciones disponibles. La situación se agrava al tener que iniciar la búsqueda con 4 o 5 meses de antelación al vencimiento del contrato actual.

Balayan, aconsejó: “Suelo recomendarles a aquellos que mantienen un buen vínculo con sus locadores que busquen mantenerlo y llegar a un equilibrio que beneficie a ambas partes. La concepción del mercado de alquileres como un juego de suma cero, donde el bienestar de uno implica la pérdida del otro, nos llevó a la situación actual. Sin atractivos para el alquiler y sin flexibilidad en los contratos, la oferta se ve comprometida y ese escenario es la peor situación para los inquilinos”.

Otra opción podría ser considerar barrios cercanos al lugar de residencia actual. En ocasiones, podría no haber disponibilidad de viviendas en Balvanera, pero sí en Monserrat. En este contexto, desplazarse unas cuadras podría facilitar la mudanza.

Las agrupaciones que representan a inquilinos aseguran que algunas inmobiliarias postergan la firma de contratos o fomentan la suscripción de convenios “mixtos”, acuerdos comerciales que admiten el uso residencial, con el propósito de eludir las regulaciones establecidas por la ley. Esto ocurre al mismo tiempo que se anticipa la derogación de la ley y se promueve la posibilidad de firmar contratos en dólares como alternativa, con plazos que oscilan entre 6 meses y un año, dependiendo de la ubicación.

“Lo ideal es avanzar en contratos con la legislación vigente que, contra lo que se cree, ampara tanto a propietarios como a inquilinos, generando índices pagables y que permiten acomodar lo cobrado a la situación de mercado, sin perder rentabilidad. Esto es a través de contratos a tres años y con ajustes semestrales a través del coeficiente Casa Propia”, dijo a Natalia Ranzuglia del Movimiento Inquilino Nacional.

Se asegura que las prórrogas ilegales son comunes hoy en día, implicando el ajuste de plazos del contrato mientras las demás condiciones permanecen invariables. Sin embargo, se nota que los precios varían, se solicita la actualización de depósitos y se incluyen meses adicionales, siendo aceptadas por muchos inquilinos en momentos de desesperación.

Aunque los contratos fuera de la ley pueden ser llevados a juicio para exigir su adecuación conforme a las normativas vigentes, este proceso es costoso y no garantiza una resolución automática. A pesar de que puede corregir la situación, no siempre se logra dicho resultado.

“Vemos un creciente desplazamiento hacia zonas más alejadas de CABA, un aumento en la sobrepoblación de inmuebles que no están preparados para la cantidad de personas que los ocupan, y la inclusión en el mercado de propiedades que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad para su ocupación”, concluyó Ranzuglia.