
Un grupo de cámaras de empresas que operan colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtió que en el corto plazo podrían reducir o paralizar el servicio ante una situación financiera que, aseguran, les impide mantener el normal funcionamiento de sus líneas de transporte automotor y reclamaron que el Gobierno descongele el precio de las tarifas. Será esa una de las primeras decisiones que tenga que tomar el nuevo secretario de Transporte tras el recambio de autoridades.
En los últimos días comenzó el proceso de transición entre los funcionarios del ministerio de Transporte actual, que encabeza Diego Giuliano, y el equipo de La Libertad Avanza. Quien es señalado como próximo secretario -el área de transporte quedará subsumida dentro del Ministerio de Infraestructura que comandará Guillermo Ferraro- será el actual funcionario de transporte del gobierno de Córdoba, Franco Mogetta, lo que implicará el ingreso de un hombre de Juan Schiaretti al gabinete libertario. Este viernes también se confirmó el ingreso del actual ministro de Finanzas cordobés Osvaldo Giordano a Anses.
En ese contexto, uno de los primeros temas en la agenda a abordar por las nuevas autoridades en transporte tiene que ver con el precio de las tarifas en el AMBA, un tema que de manera recurrente generó fricción con las empresas concesionarias del servicio de colectivos. Fuentes oficiales aseguraron que el esquema que había implementado el Poder Ejecutivo desde marzo para que el valor del boleto se actualice de manera automática por inflación, y que fue puesto en pausa en contexto de campaña, seguirá congelado hasta el fin del mandato actual.
Por esa razón, la decisión sobre retomar esa fórmula para actualizar las tarifas de manera mensual por IPC o implementar un método distinto recaerá sobre las nuevas autoridades. Fue en ese marco en que un grupo de cámaras del sector alzaron la voz. “Esta situación se debe a una inédita combinación de factores que explican el deterioro en los servicios que se observa en estos meses y que lamentablemente nos llevarán a una mayor reducción y/o eventual parálisis de los servicios, de no tomarse medidas urgentes”, plantearon en un comunicado las cámaras sectoriales.
“Como es sabido, durante este 2023 se ha registrado la mayor inflación en la Argentina en 30 años. En este contexto, las tarifas han estado congeladas desde el mes de agosto 2023 y durante más de 3 años entre 2019 y 2022. Por otro lado, las compensaciones (subsidios) tarifarias que, deberían cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por el pasajero y el costo real de la actividad, se encuentran persistentemente mal calculadas”, reclamaron.

“Esta semana se actualizaron los precios de la estructura de costos a precios de agosto/septiembre (eran de abril). Una actualización que ya nace atrasada en más de 30 por ciento. El sector, así como el país en la actualidad, carece de alternativas financieras para hacer frente a la continuidad de los servicios. Tampoco cuenta con atributos, que, si tienen otras actividades, de actualizar el precio/tarifa de sus servicios”, continuaron.
Puesto en números, en lo que va del año el Estado nacional destinó para subsidios al transporte unos $790.000 millones, lo que implicaría una caída en términos reales -al descontar la inflación- de 7,4 por ciento, según estimaciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires. De ese total, lo que corresponde al transporte automotor de colectivos es $364.000 millones, un aumento en el lapso enero-octubre de 8,5 por ciento.
Hay pocas precisiones sobre lo que buscaría hacer el gobierno de La Libertad Avanza sobre cuestiones de subsidios al transporte. El mantra que se repite en los equipos técnicos del presidente electo es que se subsidiará la demanda y no la oferta, de manera tal que llegue directamente al usuario y no a las empresas.
“La tarifa está cubriendo cerca el 17% del costo, quiere decir que yo la tendía que multiplicar por seis para dejarla en equilibrio. Eso me da $336, la mitad de eso es impuestos, con lo cual si saco el impuesto estoy en $175, casi $180″, dijo Javier Milei recientemente en una entrevista con TN. Milei fue más allá y dijo que “otra de las cosas que nosotros queremos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas, eso implicaría un incremento de flujo de fondos del 50 por ciento. Quiere decir que de los $180, nos vamos a $90 o menos. De $56 a $80 no hay tanta diferencia”, planteó, por lo que le puso número concreto al quite de subsidios.
El precio de las tarifas fue parte de la discusión de campaña. Sergio Massa repiqueteó sobre la idea de que una eliminación total de subvenciones llevaría el colectivo a $700. Incluso abrió un formulario de renuncia voluntaria a los subsidios en el que se inscribieron solo 1.500 personas, de las cuales solo unas 200 tenían actividad en su tarjeta SUBE.
“Somos un sector que destina más del 80% de sus ingresos en salarios, comprar gasoil y repuestos indispensables para operar. Los cuales, además de ser cada vez más inaccesibles por los desfasajes entre los ingresos reconocidos por el regulador y los precios reales del mercado, son cada vez más difíciles de adquirir por el creciente desabastecimiento. Advertimos a la población del inminente impacto de esta situación, y las consecuencias que esto puede traer para millones de personas”, concluyó el comunicado, firmado por cinco cámaras del sector de transporte automotor.
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