Tras obtener un primer guiño del FMI sobre una resolución próxima del acuerdo técnico con la Argentina, el Gobierno pondrá desde hoy en marcha una serie de medidas consensuadas con el organismo para atacar dos variables macroeconómicas clave: reservas y recaudación fiscal. La hoja de ruta nueva con el organismo que terminaría de cerrarse esta semana incluiría un desembolso en agosto y un adicional en noviembre. Entre un mes y otro, durante la campaña electoral, se establecería un período sin discusiones ni revisiones entre Washington y la Casa Rosada. Parte ya fue publicada en el Boletín Oficial.
Esta semana, cuando el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario esperan completar la quinta revisión del programa negociado y anunciado por el ex ministro Martín Guzmán en marzo de 2022, se habrán cumplido 100 días desde el inicio de ese toma y daca. La negociación se extendió más de lo previsto y terminó por forzar, a fines de junio, un pago de capital al FMI con un saldo remanente de Derechos Especiales de Giro (DEG) y con yuanes en poder del Banco Central.
Este domingo por la noche Sergio Massa brindó algunos detalles del contenido de las conversaciones con el FMI. Por un lado, indicó que está previsto que la nueva hoja de ruta incluya un desembolso en agosto y que luego las tratativas con el organismo se retomarán a fines de noviembre, ya despejada la incertidumbre electoral, para una revisión en profundidad de las bases del programa. En esa instancia ya se conocerá quién será el nuevo presidente desde diciembre.
“Hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto y un adicional en noviembre. Es un número muy importante para la Argentina, que cubre las expectativas y obligaciones. Después de que termine el directorio en agosto, sacamos del medio hasta fin de año la discusión con el Fondo en medio de la campaña. Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema”, dijo Massa en declaraciones a C5N.
El ministro de Economía además aseguró que la misión técnica en Washington terminó el sábado y la delegación de funcionarios emprendió su retorno a Buenos Aires el sábado por la tarde, y no confirmó que él mismo vaya a subirse a un avión esta semana para las puntadas finales. Mientras, el equipo económico sopesa variantes para afrontar el pago de vencimientos con el FMI, el lunes próximo.
La persistencia en la demora para un consenso técnico a lo largo de este mes puso nuevamente sobre la mesa -al igual que en junio- cómo haría Economía para saldar los vencimientos con el organismo. Julio incluiría tres instancias por un total de USD 2.660 millones de capital y que fueron unificados al 31, el próximo lunes. El juego de tiempos se convirtió, a esta altura, en demasiado corto. Restan aún una serie de pasos: acuerdo de staff, giro al directorio y aprobación. Entre el primer y segundo paso, típicamente, suele haber un espacio de dos semanas. No habría manera de abonar el 31, entonces, con desembolsos.
En ese sentido, el Gobierno podría utilizar yuanes del swap de monedas con el Banco Popular chino para cancelar los vencimientos de capital de este mes y evitar así caer en arrears (atrasos) con el Fondo Monetario. De todas formas, un alto funcionario del equipo económico aseguró en las últimas horas que “el pago en yuanes no es la primera opción, pero es una de las que está en análisis”, y no dio más detalles ya que la modalidad de pago sigue siendo un tema de conversación con el FMI.
El martes 1° de agosto tendrá lugar otro vencimiento por USD 830 millones, pero podría ser menos urgente: si se emulara lo hecho en los últimos dos meses, el Poder Ejecutivo podría ejercer un derecho para postergarlo hasta el último día de agosto. De esa forma, eventualmente, podría cubrirlo ya contando antes con el desembolso.
“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. Dicho acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”, asegura el comunicado conjunto entre Economía y el FMI, del domingo al mediodía.
Hay una serie de elementos que todavía faltan dilucidar respecto al cierre de ese acuerdo técnico. En primer lugar, cuál será el número final de desembolso que ingresaría en agosto. Massa consideró que ese envío será “muy grande”. En rigor, la quinta revisión trimestral tenía como cifra prevista de desembolso ante su aprobación unos USD 4.030 millones. En caso de que la hoja de ruta cambie a ese formato que anticipó el ministro de Economía, esa cifra entonces podría ser mayor, y una parte restante quedará para noviembre.
Otro elemento vertebral que resta conocer es qué esquema de metas seguirá vigente en el acuerdo, ya con un consenso de que la sequía afectó las cuentas públicas por la vía de exportaciones y de recaudación impositiva que dejó vetustas a los objetivos de acumulación de reservas y de tope de déficit. Sobre este último punto, el Gobierno buscaría permanecer en la zona del 1,9% del PBI de techo de rojo fiscal primario, es decir, la meta anual original, sin cambios.
Medidas previas: reservas e impuestos en la mira
En ese marco, el Palacio de Hacienda buscará por medio de un impuesto al acceso a divisas para la importación de un grupo de bienes y servicios y un dólar más alto para ahorristas y exportadores sumar 1,3 billones de pesos de ingresos fiscales y USD 2.000 millones de exportaciones. Son un grupo de medidas consensuadas con el staff del organismo.
En la jerga del Fondo Monetario se las suele llamar prior actions, se trata de un conjunto de decisiones que se toman de manera previa a un acuerdo para “allanar el terreno” para un consenso técnico. En este caso, ya en la discusión de principios de año el Gobierno había asegurado que podría poner implementar medidas de esta naturaleza, que podrían leerse como una suerte de “devaluación”, aunque por por la vía fiscal, es decir, con el cobro de alícuotas adicionales de impuestos para modificar el precio del tipo de cambio.
Esa es la principal novedad del paquete de cuatro medidas vertebrales que anunció anoche el Ministerio de Economía y que serán reglamentadas este lunes. En primer lugar, se determinará la unificación del dólar solidario (que pagaba un 30% de impuesto país y 35% de anticipo de Ganancias sobre el precio del dólar oficial) y el dólar tarjeta. Estas dos variables, entonces, pagarán ese 30% de PAIS más 45% de adelanto de percepción impositiva. Para los consumos superiores a los 300 dólares mensuales, quedará vigente el dólar Qatar.
En segundo lugar, el Gobierno empezará a cobrar impuesto PAIS (acrónimo de Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, con el que nació el tributo en diciembre de 2019) para el uso de dólares de un grupo de importaciones. Para el caso de los servicios, pagarán un 25% en términos generales, con algunos rubros que tendrán particularidades. Los fletes pagarán 7,5%, mientras que sectores como educación y salud estarán exentos.
Los cambios están publicados en el decreto 377 publicado esta madrugada.
Para la compra al exterior de bienes, se generaliza un pago de 7,5% de impuesto PAIS. Las importaciones ligadas a combustibles, lubricantes e importaciones vinculadas a la canasta básica no pagarán el tributo. Los bancos, para bienes y para servicios, actuarán como agentes de percepción de ese impuesto.
Un cuarto punto del paquete está relacionado al dólar de exportación para el agro. Las economías regionales, que tienen un esquema vigente al 31 de agosto con una divisa de $300, pasará a $340, también hasta esa fecha. También podrán ser incluidos otros cultivos como el maíz. Por esta vía, el equipo económico espera USD 2.000 millones de ingresos.
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