Las estimaciones de la cosecha para este año, y por ende del ingreso de dólares, siguen empeorando de la mano de la nueva ola de calor. Con ello, se complican aún más todas las variables económicas: no sólo la posibilidad de acumular reservas en el Banco Central, sino también el financiamiento de las cuentas públicas y la propia evolución de la actividad económica, en la que el sector agropecuario tiene una incidencia determinante.
La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar ayer las estimaciones de la cosecha de maíz y también de soja, la que ahora calcula en 34,5 millones de toneladas, prácticamente al mismo nivel de la de 2018. También en ese año una fuerte sequía impactó en la cosecha y, junto al efecto de la suba de la tasa de interés en los mercados internacionales, fue un disparador clave de las corridas cambiarias que sobrevinieron. Se sabe, las desgracias nunca vienen solas.
Aunque con mayores precios que hace cinco años, las pérdidas para el Banco Central pero las menores exportaciones de soja se incrementan y dejan vieja la propia estimación oficial que indicaba hasta hace 20 días una merma de USD 6.000 millones respecto del año pasado. En el ámbito privado, en cambio, las proyecciones indican una caída de hasta USD 10.000 millones.
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En cualquier caso, el Central ya sufre día a día el derrumbe en el ingreso de divisas y acumula, desde que arrancó el año, un saldo negativo de USD 500 millones.
Pero no sólo en el frente cambiario, clave para el cumplimiento de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario cuyo objetivo central es la acumulación de reservas, se sentirán las complicaciones. También las cuentas fiscales sentirán el impacto por la vía de un marcado menor ingreso por retenciones. Todo en el marco de una brecha cambiaria que, si bien se mantuvo estable en los últimos tres meses, con un dólar financiero subiendo prácticamente a la par del dólar oficial, sigue coqueteando con el 100% y desalienta a los productores a liquidar sus granos.
En ese sentido, los antecedentes del “dólar soja 1 y 2″ dejan sin margen al Gobierno para evitar una tercera y hasta una cuarta edición de lo que formalmente se denominó “Programa de Incentivo Exportador” (PIE). Lo admiten en el propio equipo económico. El detalle no resuelto es, en todo caso, lo atractivo del incentivo. “De la mano de una cosecha de granos que en 2023 puede estar USD 9.000 millones por debajo de la de 2022, el recurso del dólar soja puede ser menos predecible, con los productores demandando un premio mayor al 32% de diferencia que hubo en diciembre con el tipo de cambio oficial. En este último caso, la emisión monetaria por el plus será potenciada, al tiempo que no habrá cómo recuperar reservas en el segundo semestre, con los silobolsas vacíos”, apuntó en un análisis reciente el economista de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos.
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En definitiva, el “premio” a los exportadores contribuiría también a robustecer los recursos fiscales que se verán menguados por un factor adicional a la dinámica del campo: el desempeño de la actividad económica. En ese frente, las noticias ya empiezan a confirmarse negativas: los últimos cuatro meses de 2022 tienen signo negativo en términos de crecimiento y la recaudación de enero informada por la AFIP creció, por primera vez en más de dos años, por debajo de la inflación. Es decir, aunque aumentó 93,4%, cayó en términos reales, señal de mayor debilidad de la economía.
El campo será, este año, un motor que traccionará mucho menos. “La oferta de dólares más limitada afectará, por un lado, el crecimiento vía la dificultad para importar pero también qué tan extendida sea la sequía, va a trasvasar a actividad económica por el peso del sector”, aseguró Sebastian Menescaldi, director de la consultora Eco Go.
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