Demoras en las subas de gas y electricidad: a dos semanas de las audiencias no se oficializaron las nuevas tarifas

A dos semanas de las audiencias públicas, donde se presentaron las propuestas oficiales para las subas en las tarifas de gas y electricidad que se deberían aplicar a partir de junio, aun no fueron oficializados los nuevos cuadros tarifarios. Desde las empresas del sector, que son las encargadas de realizar el proceso de facturación a los usuarios, aseguran que una vez publicadas las nuevas tarifas se requieren al menos entre 15 y 20 días para aplicarlas —y 60 en el caso de una segmentación—, por lo tanto impactarían recién en julio o agosto, según el período de facturación de cada cliente.

“Cuando se publican los incrementos se empiezan a aplicar a partir de esa fecha; pero junio y julio no se toman en forma completa porque todos los días facturamos una sesentava parte de los clientes. Se factura a algunos el 15 de junio, otros el 16, 17, 18. Se toman 60 días facturados, de los cuales algunos pueden que tengan ya el incremento y otros que no”, explicaron desde una de las empresas.

“Si sale el 1º de junio, solo le correspondería los dos meses de aumento completo a los clientes cuya facturación se realice el 1º de agosto, donde entra todo junio y julio con la nueva tarifa”, detallaron.

Las audiencias públicas, el paso previo para los aumentos, se realizaron el 10, 11 y 12 de mayo, para las subas de el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y la segmentación de usuarios, que establece que el 10% de los clientes de más ingresos pagarán la tarifa plana, sin subsidios.

Los precios del gas y la electricidad son solo una parte de las variables incluidas en el precio final de la factura que llega a los usuarios, donde también impactan los costos de transporte, distribución —en las audiencias recientes no se plantearon subas para las empresas de estos sectores— y los impuestos de cada distrito.

Las subas propuestas para la electricidad en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los consumidores con tarifa social. En tanto, para el servicio de gas en todo el país, los usuarios con tarifa social no tendrán aumentos y las subas proyectadas para el segmento medio van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas, donde operan distintas empresas distribuidoras.

Las fuentes oficiales consultadas por Infobae no dieron precisiones no estimaciones sobre la fecha de publicación de los nuevos cuadros. “Estamos a la espera de que nos avisen si se van a dar, cuándo y de cuánto son los aumentos. Suele necesitarse entre 15 y 20 días para aplicar el aumento y si hay que segmentar, mucho tiempo más”, señalaron en otra de las compañías distribuidoras.

Además, en las audiencias, las empresas advirtieron que el proceso de segmentación de tarifas tendrá una demora de al menos dos meses. La propuesta del Gobierno es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.916 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves. Para los usuarios del AMBA también se consideró tomar en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.

Aunque en la presentación no se habló de fechas, las empresas distribuidoras de gas indicaron que su puesta en marcha llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías. Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia del 12 de mayo pasado.

Según el directivo de la asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total.

Por su parte, Claudio Bulacio, representante de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), advirtió que las audiencias sobre los aumentos no contemplaron una suba en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que es una de los valores que se incluyen en la factura que reciben los usuarios y el único ingreso para las empresas del sector. “La quita de subsidios debe ser gradual. En la propuesta de la Secretaría de Energía, la deficiencia en la información y en la vinculación entre el usuario y el titular podría generar problemas de implementación. Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses o 60 días como mínimo”, detalló.

“Los cuadros no se publican porque saben que deben hacer otra audiencia pública convocada por los entes reguladores. Las audiencias que hicieron eran sobre el precio de la energía PIST y PEST y la porción de ese precio que absorbería el Estado Nacional con subsidios. Sin indicar de dónde saldrían los refuerzos presupuestarios por al menos $81.000 millones”, señaló la diputada radical Jimena Latorre, que participó de las audiencias.

“Ahora quedan los otros dos segmentos, transporte y distribución, para entonces tener un numero final de subsidios y de traslado a tarifas. En este momento es donde tienen que explicar cómo contendrán el pass through del precio de la energía y sobre todo la inequidad de los subsidios a las distribuidoras del AMBA, de competencia nacional versus las distribuidoras de las provincias”, agregó la diputada.

Al mismo tiempo que se realizaban las audiencias públicas, el presidente Alberto Fernández, que estaba en medio de su gira presidencial por Europa, dejó trascender que cualquier funcionario que no quiera implementar los aumentos tarifarios sería echado del Gobierno. Sin mencionarlos, se refería a la titular del ENRE, Soledad Manín, una funcionaria ligada al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y a Federico Bernal, interventor del Enargas.

Sin embargo, fuentes cercanas a estos funcionarios —cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— aseguraron que no pueden trabar nada técnicamente y que su opinión sobre el impacto de las subas no fue tenida en cuenta.

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