Con cada vez menos propiedades en alquiler y con precios en alza, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, comenzó a buscar alternativas para poder incentivar la oferta de y una mejora en la situación de los inquilinos, que podrían incluir algún tipo de castigo para quienes tengan inmuebles desocupados. Esta semana, se conformó una mesa de trabajo donde participarán los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.
“El propietario no quiere alquilar o no quiere alquilar a un precio que el inquilino pueda pagar. El inquilino no puede pagar el precio. No hay punto de contacto entre oferta y demanda. Hay una retirada fuerte de propiedades. En la actualidad hay 120.000 viviendas publicadas ofrecidas (en venta) en la ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio es 50.000″, dijo Feletti en declaraciones a Radio El Destape.
“Yo no tengo ahora la solución. Tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia los propietarios para que oferten sus propiedades. Si las ofertan, se les puede dar algún beneficios y si nos las ofertan se les puede aumentar algún gravamen. Hay que mirarlo. Es raro esa sobreoferta inmobiliaria que hay en un mercado donde no se vende. El Estado debe reunir una mesa y buscar un consenso”, agregó el secretario de Comercio.
El mes pasado, los funcionario de la Secretaría mantuvieron una reunión con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda. Muñoz planteó que el precio del alquiler representa un gasto fundamental en más de 3 millones hogares inquilinos y por lo tanto tiene que ser una política de la secretaría de comercio, como los alimentos.
Esta semana, en tanto, fue el turno de las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) que tuvieron un encuentro con Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian. Durante la reunión, las autoridades de la cámara analizaron el mercado actual: la escasez de oferta de propiedades para alquilar y la sobreoferta de propiedades a la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones.
Por su parte, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como una situación “cada vez más precaria” de los inquilinos. Aunque no anticipó qué tipo de políticas se podrían implementar para el sector.
“La Ley de Alquileres generó que haya más propiedades en venta y menos oferta de propiedades en alquiler. Es muy importante que haya una mesa de trabajo y que se escuche a todas las partes. Nosotros proponemos algunos cambios en la ley, creemos que el índice de actualización debería tenga algún índice alternativo hoy el salto es de 52% en un año y de una sola vez. Proponemos al menos dos ajustes anuales”, dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.
“El mercado no acepta el tiempos de los contratos, que tiene un mínimo de tres años. Es muy largo, incluso también para los inquilinos. El tema es muy sensible. No hay incorporación de unidades nuevas al mercado locativo”, agregó Bennazar.
La Ley de Alquileres, vigente desde julio del 2020, provocó cambios en el mercado de los alquileres, con menor oferta de propiedades y subas de precios en los nuevos contratos. Además, la actualización anual a través de un índice que combina la evolución de los precios y los salarios provocó saltos en los alquileres de más del 50%.
En noviembre del año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa anunció que El Gobierno impulsaría en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres. La norma fue sido aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
“Tenemos que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le de certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país”, agregó Massa en ese momento.
Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no tuvo tratamiento parlamentario, lo que generó más incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Los puntos clave a modificar, según anticiparon fuentes legislativas, son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.
La derogación de los artículos más cuestionados de la Ley de Alquileres también fue una de las promesas de campaña de la oposición. Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, ocho de cada 10 propietarios consideraron que la Ley de Alquileres los perjudicó: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.
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