Tal vez coincidan solo en el número, porque conceptualmente se trata de cuestiones completamente diferentes. O, por el contrario, tal vez terminen causando un efecto igualmente nocivo en la sociedad.
Lo cierto es que la resolución emitida hoy por la Secretaría de Comercio Interior para congelar casi 1500 productos lleva un número fatídico como encabezado: la 1050.
No fueron pocos los observadores y analistas que, de inmediato -y olvidando las diferencias de contexto y de objetivos- recordaron la circular 1050 del Banco Central de la última dictadura, dictada durante la gestión del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Esto se reflejó en las redes sociales con algunos mensajes irónicos.
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La resolución de la oficina que lidera Feletti -quien tuvo bastante trabajo para confeccionar la lista definitiva porque les pedía a las empresas que congelaran productos que ya no existen, dado que su predecesora, Paula Español, no le habría facilitado la tarea- tiene una lista de 881 páginas con el precio final de los productos en cada una de las 24 provincias del país. Allí se ordena a las compañías que “forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización” que incrementen “su producción hasta el máximo de su capacidad instalada”, como si se pudiera lograr tal objetivo a través de una resolución administrativa.
Además, las empresas estarán obligadas a arbitrar “las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” mientras dure el congelamiento de precios, por tres meses, en una suerte de versión hiperbólica del programa de Precios Máximos, cuando la inflación anual está cerca de alcanzar el 54% del gobierno de Mauricio Macri, aunque con las tarifas, el dólar -y ahora los precios finales- pisados.
¿Qué pretende el Gobierno?: frenar la inflación de noviembre -porque la de octubre está jugada y, según el estudio ECO GO, rondará de nuevo el 3,5% mensual- para que a fin de año la inflación no supere el 50%, pese a que, en su último recálculo, el ministro Martín Guzmán estimó que llegaría al 45% a fin de diciembre, luego del fallido pronóstico inicial del 29%.
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¿En qué puede derivar?: todos los expertos coinciden en señalar que, si llega a tener éxito de corto plazo -que tampoco está asegurado por la escasa capacidad de fiscalización del Estado- solo generará más inflación reprimida para fin de año, justo cuando el gobierno debe negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar su deuda de USD 45.000 millones que incluirá metas fiscales, monetarias y, por lo tanto, de desinflación. Es decir, provocaría un escenario peor al actual.
Tal vez en ese final se pueda asimilar a la circular 1050 del Banco Central que manejaba Adolfo Diz en 1980, que disponía la indexación de los créditos hipotecarios con una tasa acorde a la alta inflación de la época, cuando el plan de estabilización de Martínez de Hoz ya mostraba su fracaso con esta liberación de tasas del sistema bancario.
Dado que esa tasa durante varios años fue muy elevada en términos reales, el aumento de la deuda contraída fue mucho mayor a la evolución de los ingresos y precios de la economía, hasta llevar a superar a la propia cotización de las viviendas. En 1976 la inflación fue del 499 y en 1980 bajó al 75%, pero el gasto público aumentó y a principios de la nueva década el déficit fiscal llegaba al 15% del PBI, según explicaron en sus respectivos libros los historiadores Roberto Cortés Conde y Mario Rapoport; el poder de Martínez de Hoz naufragaba y el dictador Jorge Videla debía negociar su abandono de la presidencia con otro general después de cinco años sangrientos.
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Aquella medida del Central derivó en que muchas personas perdieran su hogar, pero le brindó a algunos abogados la posibilidad de cosechar una importante fortuna, aunque luego el relato de la historia los absolvió.
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