Congelamiento de precios: entre la “inflación cero” de Gelbard y los 90 días de Feletti

Cada vez que en la Argentina el secretario de Comercio busca revertir la suba de precios con congelamientos totales o parciales, por tiempos cortos o prolongados como meta, suele recordarse la gestión de José Ber Gelbard en Hacienda entre el 25 de mayo de 1973 y el 21 de octubre de 1974, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, como la etapa “inflación cero”, que nunca se cumplió, salvo parcialmente en los tiempos de la convertibilidad de los 90, por la fortaleza que significó el ancla cambiaria del 1 a 1 entre el peso y el dólar, junto a reformas estructurales y previo derrumbe de la economía con los estragos que provocó un largo proceso hiperinflacionario, entre comienzos de 1989, con picos brutales de suba de precios entre junio de ese año y casi fines del año siguiente.

La visión de Gelbard sobre la inflación, era similar a la de su discípulo, el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti: se producía por una puja distributiva entre precios y salarios -empresas y sindicatos- y esto llevaba al aumento de los de costos, y a determinar una espiral creciente. De ahí que, en su mirada de la economía, ese circuito se podía cortar a través de juntar en una mesa a las partes: empresarios, sindicalistas y gobierno y, establecer la estructura de precios relativos. Entonces se pensaba que 2 años eran suficientes para estabilizar los precios de manera permanente y cambiar las expectativas, y ahora se cree que 90 días serán suficientes.

Como bien escribió en varias oportunidades en Infobae el economista Roberto Cachanosky: “la mayoría de las fuerzas políticas de esa época creían, como ahora el kirchnerismo, que el problema de la inflación tiene que ver con los costos de producción, cuando la ciencia económica ha demostrado que no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos en que puede incurrir una empresa”, de acuerdo con las preferencias y demanda de los consumidores y la capacidad de producción e importación de las empresas de bienes y servicios.

El enmarañado sistema que había implementado el ministro José Ber Gelbard y su equipo era similar a lo que ahora intenta Feletti para controlar los precios: “estableció que por un tiempo las empresas no podían sacar nuevos productos, ni cambiar los envases o las cantidades que vendían. Había 23 comisiones que controlaba los precios, empresa por empresa, dedicadas a analizar los costos de producción y luego fijar alguna tasa discrecional de rentabilidad esperada”.

Como ahora, el escenario estaba precedido de un largo proceso recesivo y de estanflación, y se consideraba necesario fomentar el consumo y bajar la inflación con controles de precios, entonces para generar gobernabilidad y ahora para revertir el adverso resultado en las elecciones primarias de medio término en los comicios definitivos de 14 de noviembre.

Para eso, el ministro Gelbard llevó a cabo una política de ingresos llamada Pacto Social con la participación de la Confederación General Económica (una entidad empresaria nacional de cuarto grado conformada por confederaciones nacionales y federaciones empresarias de las diferentes provincias, representativas de las cámaras y centros de comercio de cada localidad, fundada en la defensa de las Pequeñas y Medianas Empresas nacionales), la CGT y el Estado, quienes firmaron el 30 de mayo de ese año el “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social”, con vigencia original de 2 años, aunque fue modificada un par de veces.

Ahora, por la urgencia, y pese al intento del secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Gustavo Béliz, de impulsar la creación del Consejo Económico Social, también con empresarios, sindicalistas y la presencia del Estado Nacional, la convocatoria fue unilateral, sólo a los empresarios, primero con la propuesta de definir la “inflación cero” de 900 productos básicos en el consumo de la población, pero que, en pocas horas, y con singular improvisación, se extendió a 1.247 productos (aunque se reduce a menos del 10% si se excluyen diferencias de presentaciones y leves modificaciones en sus características), y abarca no sólo bienes de la canasta básica familiar, sino también bebidas alcohólicas nacionales e importadas premium y artículos de higiene y limpieza que exceden largamente la característica de “esenciales”.

Cabe recordar que, como ahora, la fotografía de la economía en esa época era muy parecida a la actual pérdida de reservas monetarias, aunque más por el desequilibrio entre las importaciones y exportaciones que por un clima de desconfianza por la ausencia de un plan económico, descrédito internacional y cepos al movimientos de capitales; la aceleración de la tasa inflacionaria y la disminución del poder de compra de los salarios.

Fracaso asegurado

Se sabe que la historia de controles de precios, congelamientos, cuidados, administrados, y cualquiera otra forma de intento de obligar a los mercados que vendan a precios “acordados”, sea con empresas “formadoras” de precios, o por decreto, data desde hace más de 40 siglos, sin embargo, en la Argentina se ha instalado la idea de quebrar la fuerza de la gravedad desde hace casi 70 años, cuando el ministro de Economía bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, Alfredo Gómez Morales, se dispusieron congelamiento de los precios de los consumos básicos, como alimentos, higiene y medicamentos; y se extendió a los alquileres, arrendamientos, y el casi siempre presente, control de cambios, en busca de un ancla nominal.

Cómo ahora, la inflación se ubicaba por arriba de 50% del año. La medida tuvo efectos de corto plazo, y debió ser abandonado cuando el déficit fiscal se hizo crónico, y no había forma de financiarlo que con emisión de pesos por parte del Banco Central y colocación de deuda pública.

Diferentes experiencias, con modificaciones cosméticas y set de productos y servicios seleccionados, se fueron experimentando en la década siguiente, algunas con medidas de abastecimiento, vedas al consumo de carne, importaciones de pollos, como vanos intentos para estabilizar los precios entre oferta y demanda, se experimentaron en la década siguiente, sin lograr nunca quebrar lo que ya se estaba consolidando una historia larga y de alta inflación.

La razón es muy simple, es imposible revertir un proceso inflacionario con medidas dirigidas a atenuar las consecuencias y no las causas del aumento sostenido y generalizado de los precios de la economía, el exceso de gasto público por sobre la capacidad del Estado de generar ingresos genuinos a través de impuestos que no atenten contra la inversión, el empleo y el consumo básico de las familias.

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