“Yo todavía estoy pagando créditos que tomé el año pasado para pagar sueldos, abonando la energía que me financiaron en cuotas; las moratorias impositivas. Además, tengo que pagar lo de hoy, parar de producir y encima abonar la quincena”, se quejaba un industrial pyme el viernes en un encuentro virtual organizado por la Unión de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) tras haberse conocido el decreto que disponía el nuevo confinamiento por nueve días.
Si bien a diferencia de la del 2020, esta nueva fase 1 se planteó con varias excepciones en materia industrial, no toda la actividad manufacturera está habilitada para permanecer abierta en los próximos tres días hábiles. Sólo pueden trabajar los rubros esenciales, los que están vinculados con la exportación –la firma que exporta directamente y toda su cadena de valor– y las industrias de ciclo continuo, como las que trabajan con altos hornos que sólo paran para las tareas de mantenimiento. El resto debería estar cerrado, según el DNU. En la provincia existen entre 30.000 y 32.000 fábricas industriales, de las cuales entre 25% y 30% pertenecen a rubros considerados esenciales.
Pero la realidad está mostrando otro escenario. No sólo los empresarios ya no soportan no trabajar, sino que tampoco los municipios están con el mismo nivel de dureza del año pasado, a pesar de la mayor gravedad sanitaria que implica la segunda ola de coronavirus. “Al final del día, va a depender mucho de los municipios, de qué nivel de control impongan, y de los sindicatos. Ambos regulan que se cumpla o no con la norma, sobre todo en las fábricas”, dijeron fuentes industriales bonaerenses.
De acuerdo con lo que se reflejó en la reunión del viernes, que duró unas tres horas, la mayoría de los industriales se manifestaba con vocación para abrir sus plantas fabriles y muchos dijeron que desde varios municipios les transmitían flexibilidad. El mensaje de muchos intendentes es: “Trabajen tranquilos, garanticen que los trabajadores no usen el transporte público, y no vamos a complicarlos”. Lo mismo plantean algunos sindicatos. Según dijeron las fuentes consultadas, la UOM quiere trabajar, por ejemplo. “Quieren encontrar la forma para que la gente vaya a trabajar y que cobre el sueldo completo. Porque lo que quedó claro en el decreto es que los días en lo que no se trabaja se exime a la empresa de pagar las cargas sociales; sólo se abona una suma no remunerativa, a negociar con el sindicato”, aseguró un empresario bonaerense.
Pero otros gremios e intendencias, más cercanos políticamente al Gobierno, mantienen una extrema dureza para que las empresas cumplan el decreto. Sucede, por ejemplo, en La Matanza, gobernada por Fernando Espinoza. En este caso, la secretaria de Producción zonal, Débora Giorgi, se comunicó telefónicamente con los industriales con fábricas radicadas allí para informales que harían cumplir con la medida a rajatabla. También en Merlo “están estrictos”, dijeron los empresarios.
“Giorgi está llamando a todo el mundo para que no vayan a trabajar. El tema es que tampoco es tan fácil controlar. En la Matanza tenés una fábrica en cada cuadra; tendrían que salir con un ejército de inspectores. Y como algunos rubros sí pueden hacerlo, es más complejo ese control. Hay cuestiones que dependen del riesgo que cada empresario quiera asumir”, dijo otro referente industrial de la provincia que participó del encuentro por Zoom el viernes.
La actitud de cada uno dependerá de cómo evolucione este nuevo confinamiento. “¿Termina el 31 o sigue?”, se preguntan los empresarios. Porque si sólo son tres días hábiles, algunos lo cumplirán, pero si continúa, la posición contra el cierre será más fuerte.
Más allá de que puedan o no abrir, estas medidas de confinamiento generan una retracción en la actividad, que si se extienden generarán menores ventas y afectarán a los sectores de igual manera. En el caso de la actividad de la construcción, por ejemplo, fue suprimida a cero, y los sectores manufactureros que más venían traccionando la recuperación están atados justamente a ese sector.
Desde el sector comercial, en tanto, también están quienes acataron la medida y quiénes no lo hicieron. “No estamos haciendo el seguimiento, pero de los llamados y mensajes que recibimos, vemos reacciones diversas. Hay algunos que están en rebeldía, dijeron que van a abrir igual, y otros que cumplen. Es todo muy confuso, pero era previsible. La gente se cansó, hay una enorme sensación de frustración y enojo, y cuando pasa eso la gente dice: ´Si el gobierno permite las manifestaciones y no dice nada, ¿qué me puede decir a mi que cumplo con todos los protocolos?’”, enfatizó ante Infobae el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.
Ya conocidos los alcances del decreto, varias entidades bonaerenses emitieron el sábado un comunicado en reclamo de mayores medidas para afrontar este confinamiento. FEBA, Adiba, Carbap, Cepba y Uipba pidieron en conjunto una pausa total de sus obligaciones, suspensión de todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipales; prórroga en los vencimientos bancarios, reinstauración del ATP para el personal y prórroga en las facturas de servicios públicos.
“Hemos atravesado durante más de un año la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para nuestra gente, para nuestros clientes y asegurando los comercios como espacios seguros y libres de contagio. Hemos sido testigos de la proliferación de fiestas clandestinas, venta informal sin ningún protocolo y reiteradas manifestaciones que no hicieron más que poner en riesgo la salud de la población. Agotamos nuestras reservas y liquidamos parte de nuestro stock para poder sobrevivir y llevar a nuestros hogares el sustento diario. Aun así muchos comercios quedaron en el camino después de años de trabajo y esfuerzo. Hoy nuestra vida comercial es día a día. Si no vendemos no podemos seguir”, dijeron en el parte de prensa.
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