La asociación Inquilinos Agrupados, en representación de la Federación de Inquilinos Nacional, presentó un amparo a la Justicia solicitando la suspensión de los desalojos. La presentación se realizó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 6 de la Capital Federal.
El pasado jueves 1º de abril venció el decreto del Gobierno que congelaba los alquileres y prohibía los desalojos por falta de pago. Ante este medida, el ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat impulsa la creación de un nuevo registro que funcionará como una base de datos con los inquilinos que se encuentren al borde de un posible desalojo.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se creó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos, que va a recolectar información sobre casos concretos de desalojos en el próximo tiempo, ya sea porque los inquilinos no pueden sostener los contratos o porque están vencidos. Desde el ministerio buscarán que las familias desalojadas tengan prioridad para acceder a los planes de viviendas del Estado, como Casa Propia –que prevé la construcción de 264.000 viviendas en tres años– o Procrear. Para eso, el ministerio coordinará la información y firmará convenios con los gobiernos provinciales o municipales, que son los entes ejecutores de los distintos planes de vivienda.
“Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda. El protocolo difundido por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida”, señaló Gervasio Múñoz, de Inquilinos Agrupados.
Desde la asociación advirtieron que la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el Gobierno Nacional habla de una segunda ola de casos de Covid, con la circulación de nuevas cepas, puede provocar una “crisis humanitaria” sin precedentes.
Hace algunas semanas, la Federación de Inquilinos y el CELS realizaron pedidos de acceso a información pública sobre desalojos durante la pandemia. “Le preguntamos al ministerio de Salud si se le pidió opinión o se evaluó el impacto que los desalojos tendrían en términos sanitarios y epidemiológicos en plena escalada de casos y las medidas previstas para evitar el contagio de las personas desalojadas y la propagación del virus. El Gobierno no respondió”, aseguraron desde la asociación que agrupa a los inquilinos.
Desde la asociación también consultaron a la Justicia sobre la cantidad de procesos de desalojos iniciados durante la pandemia que podrían ejecutarse a partir de esta semana. Según detallaron, en apenas 45 días de 2021 se iniciaron la mitad de pedidos de desalojos que en todo 2019.
Por ahora, desde el ministerio aseguran que es incierta la cantidad de desalojos que pueden darse a partir de este mes, luego del vencimiento de la medida que los había suspendido. Sin embargo, algunas organizaciones realizaron sus propias estimaciones. Desde el CELS, por ejemplo, hablan de un “escenario inminente de multiplicación de desalojos”.
El organismo y la Universidad Nacional de San Martín realizaron una encuesta en septiembre pasado, donde el 65% de los inquilinos del AMBA manifestó que había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para costear los gastos cotidianos. En tanto, la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran deuda de alquileres de hasta cinco meses. Además, destacaron que muchos propietarios iniciaron juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de los casos judicializados comenzarán a dictar desalojos.
El marzo del año pasado, a poco del comienzo de la pandemia, el Gobierno a través de un decreto dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales de desalojo de inmuebles por el incumplimiento de los pagos y también prorrogó la vigencia de los contratos de alquiler y congeló los precios. La medida fue prorrogada varias veces, pero finalmente se decidió que no tendrá más extensiones en los plazos y venció a fines de marzo.
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