Esta semana, el oficialismo, a través del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para modificar el piso para el pago del Impuesto a las Ganancias y que tributen solo quienes perciben salarios brutos mayores a $150.000 mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280).
Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con el proyecto de ley presentado, se estima que 1,2 millones de trabajadores y jubilados dejarían de pagar el impuesto. En ese caso, el esquema propuesto representaría un esfuerzo fiscal para el Estado de $40.000 millones.
Con todo, fuentes oficiales señalaron que este nuevo esquema no implicará pérdida de recursos fiscales respecto a lo previsto en el Presupuesto 2021. Según detallaron, la medida se tomará en simultáneo con una modificación de la Ley 27.430 (del año 2017), lo que generaría un “impacto fiscal neutro”. Con la modificación se busca suspender por un año la reducción de la alícuota de Ganancias para empresas que estaba previsto que pase del 30% al 25% para este año fiscal. Este proyecto de modificación ya había ingresado al Congreso en diciembre del año pasado.
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El proyecto impulsado por el Gobierno prevé que a las empresas que mantuvieron su rentabilidad —que no tuvieron pérdidas incluso en el marco de la crisis por la pandemia del covid-19— se les suspenda la baja en la alícuota de Ganancias respecto a lo previsto.
La suspensión de esta baja sería desde enero de 2021 y hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir de enero de 2022 inclusive. En ese período, se mantendrá en el Impuesto a las Ganancias la alícuota del 30% para las sociedades de capital y del 7% para los dividendos distribuidos.
En general, en mayo las empresas presentan la declaración jurada del ejercicio 2020 y a partir de ahí tienen cinco cuotas de anticipo respecto a 2021: luego, pagan el saldo durante 2022. Es decir, una parte del impacto de la alícuota de 30% se dará en 2021 y otra parte en 2022. En los cálculos del Gobierno están considerando la parte que impacta durante este año.
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Dentro de la reforma tributaria que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, la ley 27.430 estableció la reducción en etapas de la alícuota del impuesto a las ganancias sobre las sociedades, que debería pasar del 30% al 25%. Para el impuesto sobre los dividendos, la alícuota pasó del 13% al 7%. Sin embargo, a fines de 2019, la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva estableció la suspensión de la reducción de las alícuotas, por lo tanto la alícuota del 30% se mantuvo vigente por más tiempo.
“Esta ley de reforma tributaria 2017 impulsó bajas en el Impuesto a las Ganancias que pagan las Sociedades de Capital con el fundamento de fomentar la inversión. Sin embargo, como diversos estudios han demostrado, la inversión en la Argentina no es particularmente sensible a esta variable y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico. De hecho, dicha reducción provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión”, se destacó en el proyecto presentado por el Gobierno. La propuesta oficial es que se suspendan las bajas previstas y se mantengan las mismas alícuotas que estuvieron vigentes durante los años fiscales 2018, 2019 y 2020.
El tema de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias se comenzó a trabajar en enero de este año, durante un encuentro del presidente Alberto Fernández con Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán en la ciudad de Chapadmalal.
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Desde el Gobierno, indicaron que la reforma del impuesto a las Ganancias fue calibrada para mantener las pautas previstas en el Presupuesto 2021 e, incluso, llegar a recuperar algo de recaudación y permitir un alivio de la carga impositiva a los trabajadores que están pagando los impuestos en los primeros umbrales de la escala. Como las dos reformas irían en paralelo (para trabajadores y empresas), al sumarse el impacto sería neutro, siempre de acuerdo a las estimaciones oficiales.
Según las fuentes, el objetivo de ambos proyectos es “construir un sistema tributario más progresivo, donde la carga tributaria se distribuya en forma más justa entre los distintos niveles de ingresos”. De acuerdo con las proyecciones oficiales, en cada sector, la cantidad de trabajadores que dejarían de pagar el impuesto serían: 178.000 (58%) de la industria manufacturera; 133.000 (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106.000 (74%) de comercio mayorista y minorista; 48.000 (46%) del sector financiero y casi 27.000 (54%) del rubro de la construcción.
El Gobierno aun no tiene definido que pasará con el impuesto a partir de 2022. Si no hay nuevos cambios —es decir, si el Congreso no aprueba una nueva ley— la alícuota volvería a 25% porque la ley de 2017 de reforma tributaria sigue vigente.
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