Entre Ríos se quejó de la presión de los bonistas que presentaron una demanda en Nueva York por la deuda en default

El gobierno de Bordet afirmó que los acreedores no mostraron predisposición para llegar a un acuerdo, pero aclaró que seguirá negociando; quiénes son los jugadores clave de esta confrontación legal

La defensa del gobierno de Gustavo Bordet después de la demanda de los bonistas en Nueva York

(Julieta Ferrario)
La defensa del gobierno de Gustavo Bordet después de la demanda de los bonistas en Nueva York (Julieta Ferrario)

El gobierno de Entre Ríos expresó este martes su intención de seguir negociando con los acreedores para llegar a un acuerdo luego de que un grupo de fondos presentara una demanda en su contra en Nueva York.

Además, destacó que en los últimos meses realizó una propuesta realista para pagar su deuda, pero se quejó por el apuro de los fondos de inversión a presentarse en los tribunales de Estados Unidos luego de solo dos meses de negociar.

En este sentido, destacó que los acreedores pusieron a negociar a un estudio de abogados (al abogado Ian Clark de White & Case, el mismo que representó a BlackRock en la negociación con la Argentina) en lugar de a un asesor financiero, lo que reflejó un ánimo hostil en lugar de la voluntad para llegar a un acuerdo. Los fondos, según las fuentes, se apresuraron a presentar su caso judicial porque, dado que las provincias no tienen activos soberanos embargables en el exterior, no tienen muchas chances de cobrar. “Todavía hay juicios con las provincias por el canje del 2005”, afirmaron.

Detrás de los 21 fondos que presentaron el expediente en el distrito Sur de Manhattan –y que podría recaer en las manos de Loretta Preska, la jueza que tiene la mayoría de los casos relacionados al país tras la muerte de Thomas Griesa- estaría el fondo VR Capital de Richard Deitz, según fuentes vinculadas a la provincia. Uno de los ejecutivos que trabaja para este fondo especializado en deuda de riesgo es el argentino Gustavo Palazzi.

El estudio del abogado Dennis Hranitzky, al frente de la demanda contra Entre Ríos
El estudio del abogado Dennis Hranitzky, al frente de la demanda contra Entre Ríos

En el comunicado, el gobierno de Gustavo Bordet recordó que en 2017 emitió el Bono ER 25 con un capital de USD 500 millones “pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés pagadera semestralmente de 8.75 por ciento”. “A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”, subrayó.

De inmediato, destacó que “la Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–, su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión”.

Además, detalló que “la variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias”. Por este motivo, “el 8 de agosto de 2020 la Provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25”.

“Se inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis”, afirmó.

Esta negociación debe tener en cuenta que “una proyección a mediano plazo muestra una prolongación indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar gastos en salud, asistencia social y seguridad”.

Buena fe es el concepto clave en esta controversia: ambas partes afirman que actuaron bajo este principio y acusan a la otra de no respetarlo en el diálogo para llegar a un acuerdo

“Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de circunstancias atípicas”.

Frente a este panorama complejo, “la Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios”.

También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores”.

“Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos”, expresó. Ante el inicio de la acción legal por un grupo de tenedores del 54% de la deuda emitida, que busca cobrar USD 11,8 millones, se “confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo”.

“En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda”, aclaró. Esto ocurrirá apenas actúe en Nueva York el agente de servicio del proceso correspondiente.

De todos modos, la Provincia enfatizó que “continuará trabajado sin descanso y haciendo sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población, incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los procedimientos legales que correspondan”.

La postura de los bonistas

Por su parte, los bonistas, cuya representación legal quedó en manos del estudio Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan de Dennis Hranitzky, ex abogado del fondo buitre Elliott, expresó en un comunicado que “a pesar de la falta de justificación válida para el incumplimiento, el Grupo ha intentado entablar negociaciones de buena fe en los últimos meses para remediar el incumplimiento, incluso ofreciendo un alivio sustancial de la corriente de efectivo a la Provincia”.

“El Grupo considera que toda reestructuración negociada debe ajustarse a los Principios Básicos de la Coalición de Tenedores de Bonos de la Provincia Argentina. Estos principios incluyen que las reestructuraciones de deuda deben tener en cuenta con precisión la capacidad de pago de la Provincia y rechazar las reestructuraciones oportunistas de cargas de deuda que de otro modo serían sostenibles”, afirmó.

La propuesta más reciente de la Provincia a los acreedores sigue ignorando su solvencia fundamental, buscando concesiones a largo plazo de los acreedores que no pueden ser justificadas por ningún análisis crediticio sólido. El mensaje a los acreedores -que la Provincia no considera los compromisos contractuales como vinculantes- arrojará una larga sombra, lo que dará lugar a créditos restringidos y más caros y pesará sobre la capacidad de la Provincia de financiar programas de inversión de capital para el crecimiento y el aumento de la productividad”, dijeron los bonistas.

La propuesta más reciente de la Provincia a los acreedores sigue ignorando su solvencia fundamental, afirmaron los bonistas

“Ante un incumplimiento innecesario y la continua incapacidad de llegar a una solución negociada apropiada, los miembros del Grupo resolvieron buscar una determinación judicial de su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales. Si bien el Grupo sigue dispuesto a volver a la mesa de negociaciones sobre la base de los principios descritos anteriormente, tiene la intención de ejercer sus derechos contractuales en ausencia de negociaciones constructivas”.

Cabe destacar que, según el analista Sebastián Maril, cuatro provincias han podido renegociar en forma exitosa su deuda: Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, mientras que la provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar hoy, hasta el 29 de enero, el diálogo con sus acreedores, por undécima vez y ya bajo default.

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