La crisis cambiaria quedó al menos momentáneamente atrás, pero sus efectos colaterales están impactando de lleno. El más notorio es el aumento de la inflación, porque los precios de la economía reaccionan ante la suba del dólar financiero y el incremento de la brecha cambiaria. Según las consultoras que participan en la encuesta mensual del BCRA, las perspectivas inflacionarias vuelven a ser muy preocupantes. Pronostican 3,6% para noviembre y salto a 4% en diciembre y enero. Para todo el 2021, según los pronósticos, la inflación se ubicaría en el 50%.
El Gobierno por el momento no logró alinear las expectativas inflacionarias. En realidad ni siquiera hizo el intento. Como ya sucedió durante la gestión de Cristina Kirchner, la principal política antiinflacionaria pasa por el congelamiento de precios. Dio resultado en los primeros meses de la pandemia, coincidiendo con los bajos niveles de actividad y el cierre completo de actividades por la cuarentena. ¿Cómo aumentar los precios en medio de un derrumbe histórico de ventas?
Pero aún con tarifas congeladas y la continuidad del programa de Precios Máximos, la inflación sufre un proceso de aceleración notable: pasó de un piso de 1,5% en abril y mayo a cerca de 4% en el último cuatrimestre del 2020. Mientras tanto, el ministro Martín Guzmán sigue mostrando como un logro que el índice bajó casi 20 puntos en relación al año pasado. Omite, obvio, que la economía sufrió un derrumbe histórico de entre 10,5% y 11%.
Golpe a la recuperación
El fuerte repunte inflacionario representa un golpe a la recuperación. Para una economía que depende básicamente de su mercado interno, estos fuertes aumentos retraen la capacidad de consumo y sumergen a más gente en la pobreza, con una canasta básica que ya superó los $ 50.000 mensuales.
No es casualidad que el repunte que se observa por la apertura de las distintas actividades sea mucho más lento que el de otros países latinoamericanos. Un informe del banco de inversión Morgan Stanley pronosticó que la economía recuperará el 100% de lo perdido por la pandemia recién en el segundo trimestre del 2024, es decir cuando haya finalizado el gobierno de Alberto. Brasil, en cambio, lo logrará a mediados del 2021, es decir tres años antes que la Argentina.
El “aporte solidario”
Por supuesto que el “aporte solidario y extraordinario” que se transformó en ley el viernes no mejora el panorama sino todo lo contrario. El denominado impuesto a la riqueza supone un castigo desmedido para los empresarios argentinos que son los que deberían poner en marcha la rueda de las inversiones. El estrafalario gravamen no se aplicó en ninguno de los países tanto o más afectados por la pandemia y supone una carga excesiva a quienes les toque pagar, que supera el 5% del patrimonio.
Sin una política antiinflacionaria seria, los esfuerzos oficiales se focalizarán en mantener todo lo positivo los congelamientos de precios. Y admitir descongelamientos sólo cuando sea realmente imprescindible. El límite es el riesgo de desabastecimiento.
Los faltantes que hubo sobre todo en la construcción, medicamentos y alimentos respondieron más a cuestiones especulativas ante la suba del dólar libre de octubre que a cuestiones relacionadas con los costos de producción.
Para los distintos segmentos de la economía resulta cada vez más difícil sostener congelamientos de precios. En la industria de la alimentación se cerró una paritaria con un incremento del 32%, en el caso de la construcción fue similar (incluso 25% entró en vigencia en noviembre) y los metalúrgicos acordaron casi 40%. El margen para no trasladar estos aumentos salariales a precios es prácticamente nulo, luego de tres años recesivos.
La consecuencia de fuertes aumentos de costos y precios congelados o super controlados ya está provocando un proceso acelerado de pérdida de rentabilidad en las empresas. Esto deriva en menor contratación de personal y en una caída de inversiones.
Cada vez más alejada de una economía de mercado, la Argentina está inmersa en una política de “administración” de precios, que siempre funciona de manera ineficiente. Además tampoco logra su objetivo central, que es reducir el impacto de la inflación en los bolsillos de los sectores más vulnerables.
Recientemente el Gobierno frenó un aumento de las prepagas y sólo permitió un ajuste de 10% en noviembre. Ahora las compañías de TV por cable, Internet y celulares están presionando para una suba de precios de los abonos del orden del 20% pero que seguramente tampoco será otorgado. Ya en agosto se frenó un ajuste, con el pretexto oficial de transformarlos en “servicios públicos”. El mismo camino seguirán la luz y el gas. Los aumentos recién arrancarían en el segundo trimestre para no impactar la elevada inflación de los primeros meses del año. Y se definirían nuevas reglas para que los aumentos terminen siendo mucho menores a los que pretenden las compañías. Claro que esto impactaría en la necesidad de mayores subsidios de parte del Estado para compensar a las empresas.
El dólar también debe actuar como ancla antiinflacionaria. Aún con la perspectiva de una suba gradual del tipo de cambio oficial, como viene sucediendo hasta ahora, el pronóstico de inflación para el año que viene es de 50%. Eso explica por qué desde Alberto Fernández a prácticamente todos los funcionarios del área económica se niegan a avanzar en una devaluación, que generaría un traspaso directo a los precios.
La evolución del mercado cambiario de las últimas semanas refuerza el plan de evitar una devaluación brusca. En noviembre el Central tuvo que vender sólo U$S 327 millones, menos de la mitad que el mes anterior. Si bien las reservas cayeron U$S 1.200 millones, fueron impactadas por la baja del oro y pagos a organismos multilaterales.
El plan de “aguantar” el verano sin un ajuste brusco del tipo de cambio tiene ahora más probabilidades de éxito. El objetivo es llegar a la liquidación de la cosecha gruesa y apuntar a una recuperación gradual del nivel de reservas, pero sin mayores chances de ablandar el cepo cambiario en el corto plazo.
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