La de hoy será una jornada clave para el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tras el inédito y confuso episodio la semana pasada en la Cámara de Senadores, donde no logró la sanción del proyecto de Presupuesto 2021 por un faltante de planillas, el funcionario aguarda que Diputados complete el trámite de su aprobación sin nuevas complicaciones. El tratamiento de esta ley, clave para Economía aún cuando se espera que ya en vigencia sufra modificaciones sustanciales como el nivel de desequilibrio fiscal previsto, dejará paso -ya con el quórum logrado para iniciar la sesión- a una discusión que se anticipa caliente por el proyecto del impuesto a la riqueza, el aporte extraordinario “por única vez” que pesará sobre las grandes fortunas.
El ministro está lejos de ser un promotor de esta iniciativa, cuya aprobación se da por descontada. Por el contrario, desde el Palacio de Hacienda no escondían hasta hace diez días su desacuerdo. Eran días en lo que consideraban, además, que la idea había perdido fuerza y que, en virtud de la corrida cambiaria y la necesidad imperiosa de calmar los ánimos en el mercado financiero, el proyecto no llegaría al recinto. Pero la semana pasada, cuando Guzmán sepultó la posibilidad de otorgar un cuarto IFE, todo cambió. Ahora el ministro cambió la línea del discurso que se repite en su ministerio. En vez de explicar que no es buena ninguna iniciativa “que no sea sostenible dentro del diseño de un marco global, pensado”, ahora en el entorno del funcionario remiten a la titular del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para justificar el proyecto.
La directora gerente del organismo publicó en enero un informe en el que sostenía que es posible luchar contra la desigualdad subiendo impuestos “en lo más alto de la distribución de ingresos sin sacrificar crecimiento económico”. La titular del FMI contextualizó esas medidas en el marco de una reforma tributaria enfocada en una mayor progresividad. Un matiz fundamental, al que adhiere Guzmán, quien en más de una oportunidad prometió una reforma impositiva para hacer más progresivo el sistema de impuestos actual. Esos planes, ante las presiones de lo urgente, se vienen demorando.
El impuesto a la riqueza conspira contra un plan de blanqueo de capitales destinado a financiar la construcción privada que el propio Guzmán envió al Congreso
Por lo pronto, más allá de contrariar los esfuerzos para generar señales que contribuyan a la estabilización -término que obsesiona al ministro- financiera y la normalización de la economía, la implementación del impuesto a las grandes fortunas entrará en colisión con una de las medidas más recientes anuncias por el Gobierno. A principios del mes pasado, en pleno pico de tensión por la pérdida de reservas y la disparada en las cotizaciones del dólar financiero e informal, Guzmán anunció una tibia baja de retenciones con el objetivo de lograr una mayor oferta inmediata de divisas. Y presentó, con el mismo objetivo hacia el mediano plazo, un plan de blanqueo de capitales destinado a financiar la construcción privada. Ese proyecto fue enviado al Congreso y, paradójicamente, propone eximir del pago de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra ese tributo equivalente al 1% de los montos desembolsados. El nuevo impuesto que seguramente obtendrá hoy la aprobación en la Cámara de Diputados conspira abiertamente contra las posibilidades de éxito de esa iniciativa.
De cualquier modo, el proyecto que impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller no es por estas horas el principal escollo del equipo económico para restablecer un mínimo entorno de confianza en el mercado y entre los empresarios. Particularmente cuando en plena negociación con la misión del FMI, el ala dura del oficialismo le envía al organismo una carta incendiaria, probablemente sin consecuencias concretas en las tratativas, pero a la que los mercados siguen con atención. Es posible que la ambivalencia en los mensajes y discursos genere algún rédito en el plano político dado el delicado equilibrio de fuerzas que integran el Gobierno. Pero lo cierto es que, sobre todo cuando tampoco en los hechos está claro el rumbo, no existe tal cosa como el rédito en lo económico de esa ambigüedad.
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