El fondo buitre Aurelius Capital volvió a plantear dos demandas por un total de 252 millones de dólares en los tribunales de Nueva York en contra de la Argentina por el cupón ligado al PBI.
El analista Sebastián Maril de Research for Traders indicó a Infobae que la jueza Loretta Preska ya falló en contra de estos fondos en enero, “pero dejó la puerta abierta para iniciar una nueva causa”.
“Aurelius ahora se concentró en argumentar que Argentina violó los términos y condiciones de los cupones atados al PBI y no en la manera de cálculo”, detalló.
Los fondos buscan recuperar montos que consideran que deben cobrar por estos instrumentos emitidos durante el canje de la deuda realizado en el gobierno de Néstor Kirchner para atraer a más bonistas.
La herramienta no logró su objetivo, fue altamente costosa y, además, generó varias demandas cuando ese mismo gobierno empezó a manipular las estadísticas públicas, entre ellas, el resultado del PBI.
“Luego de fallar en convencer al juzgado en enero de que la Argentina calculó en forma errónea su crecimiento económico del 2013 y en consecuencia evitó pagar USD 1300 millones en intereses, Aurelius presentó dos demandas por un total de 252 millones de dólares”, explicó RfT.
En esta ocasión, en lugar de focalizarse en la fórmula de cálculo, el fondo de inversión “argumentó que, en lugar de cumplir sus obligaciones y pagar lo que había prometido, la Argentina eligió un camino de mala fe que rompió un contrato y buscó destruir o perjudicar el derecho de los tenedores del cupón PBI a cobrar”.
En el informe, se recuerda que los tenedores de los canjes 2005 y 2010 recibieron este cupón para moderar la quita que formaba parte de la oferta argentina.
La idea era “asociar” a los bonistas al crecimiento económico: si el país crecía más, cobrarían más. Pero el cupón en aquel momento era un instrumento poco interesante para los tenedores, que hubiesen preferido un pago inicial para sumarse a la propuesta argentina.
El fracaso fue tal que el primer canje recibió una adhesión del 76% (la mayoría de tenedores locales) y, por lo tanto, dejó afuera al mayor número de holdouts en una renegociación soberana.
Cinco años después, el gobierno de Cristina Kirchner realizó otro canje, por lo cual la aceptación llegó al 93%, pero los tribunales de Nueva York empezaron a fallar en contra de la Argentina debido a que el Gobierno le cerró el paso al 7% restante para arreglar su situación con la “Ley Cerrojo”.
Por esta decisión, en 2014 el gobierno de Cristina Kirchner cayó en otro default, cuando su ministro de Economía, Axel Kicillof, se negó a aceptar una propuesta de pago elaborada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, junto con varios bancos.
De este modo, el país recién salió del default en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, que también normalizó ese año las estadísticas del Indec luego de nueve años.
Así, la supuesta intención del equipo económico que intervino el Indec en 2007 de generarle un ahorro al país reportando menores índices de inflación y crecimiento, terminó siendo contraproducente por estas demandas internacionales.
Dicha maniobra de manipulación fue denunciada en mayo de 2007 en la Argentina por el fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido, en una causa que recibió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Once años más tarde, el magistrado sobreseyó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de la intervención del Indec en 2007, al considerar que no podían demostrarse las responsabilidades penales denunciadas.
El propio gobierno de Cambiemos optó por conservar una actitud equidistante en este expediente, al considerar que, si ratificaba en los tribunales que efectivamente hubo una manipulación, habría una lluvia de sentencias en contra del Estado por parte de los bonistas que tenían bonos ajustados por inflación.
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