A mediados de 2008, cuando el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aún mascullaba su derrota con el campo por la fallida resolución 125, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó en Venezuela Siderúrgica del Orinoco, Sidor, de la argentina Techint, en lo que estuvo lejos de ser un proceso amigable.
La empresa buscó un acuerdo de indemnidad, para cortar la posibilidad de reclamos posteriores, que el propio Chávez confundió con “inmunidad” y llegó a comparar con las pretensiones del gobierno de George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos. “Pagaremos cuando queramos y como queramos”, dijo en un discurso público, amén de asegurar que a Techint “no le vamos a dejar en Venezuela ni un tornillo”.
Diez años después, la cuestión repicó en una notoria causa judicial en la Argentina y Luis Betnaza, director corporativo del grupo de origen italiano, declaró en la justicia que los pagos mencionados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno habían sido para que funcionarios kirchneristas intercedieran ante el chavismo para garantizar la seguridad e integridad física de unos 200 empleados de Techint y sus familias en Venezuela, al cabo de aquella nacionalización.
Ahora bien, ¿qué ocurrió con Sidor, la empresa siderúrgica, en manos del chavismo? Según Daniel Novegil, Vice Chairman de Ternium, una de las empresas de Techint, fue uno de los tantos fiascos del régimen bolivariano, que resumió hace pocos días en un tuit.
En 2007, después de diez años de la llegada de Techint a Venezuela, precisó Novegil, Sidor había pasado de 2.800.000 a 4,300.000 toneladas de acero de producción. La empresa fue nacionalizada en 2008 y en 2019, once años después produjo “0 toneladas de acero”, concluyó el ejecutivo, citando un artículo del “Correo del Caroni”.
De hecho, un gráfico de ese medio venezolano muestra tanto el ascenso de la producción de Sidor durante la gestión de Techint como el colapso posterior a la nacionalización, hasta llegar a la no producción, o “producción 0”, como dice el tuit.
El caso de Sidor no es una excepción, sino otra de las calamidades económicas del chavismo. En cierta forma, había sido preanunciada por el sostenido declive de la producción petrolera de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, después del fallido golpe de abril de 2002, cuando invocando la “traición” de muchos técnicos y profesionales de la empresa, el gobierno los desplazó, reemplazándolos con partidarios de nula o escasa calificación.
Un informe producido por ingenieros del área da cuenta del colapso productivo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), conformada por 14 empresas en los sectores minero, forestal, aluminio, y de servicios, entre otros.
La Corporación, fundada en 1960, en plena ola industrialista, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, se había desarrollado a lo largo de más de 40 años, era la “base industrial” de Venezuela y el núcleo económico de la “región Guayana”. En 2001, Chávez la puso bajo la órbita presidencial, pasó luego a depender del "Ministerio de las Industrias Básicas y Minería (MIBAM) y hoy responde al “Ministerio del Poder Popular”.
Alcasa y Venalum, dos empresas de la corporación, producían 630.000 toneladas de aluminio, al tope de su capacidad. La planta de Bauxilum producía 2 millones de toneladas anuales de alúmina y Bauxilum Mina extraía y procesaba entre 5,5 y 5,9 millones de toneladas de bauxita. Sidetur producía 800.000 toneladas de palanquillas de acero y Ferrominera entre 20 y 22 millones de toneladas de mineral, de los cuales exportaba entre 6 y 7 millones. A su vez, las empresas “briqueteras” (Orinoco Iron, Venprecar, Comsigua, FMO) producían en total 6 millones de toneladas anuales de briquetas.
Esos niveles productivos son hoy un lejano pasado. En la mayoría de los casos la producción cayó significativamente y en otros, como en Sidor, se paralizó por completo.
Ausencia de inversiones, gerentes sin formación ni experiencia, desarticulación interna, escasez de materias primas, insumos, electricidad y gas natural, abandono de la planificación, partidización política son algunas de las causas enumeradas en un informe por ingenieros argentinos y venezolanos en base a datos de producción de las empresas de la CVG.
Ausencia de inversiones, gerentes sin formación ni experiencia, desarticulación interna, falta de materias primas, insumos, electricidad y gas, abandono de la planificación y partidización política son algunas de las causas del colapso de las empresas de la CVG
Uno de ellos, Humberto Galvis, trabajó en Sidor durante diez años, creó luego su propia empresa y en 2005 llegó a presidir la Cámara de Comercio e Industrias de Ciudad Guayana (CCICG), desde donde coordinó el Proyecto “Ciudad Guayana, Inteligente y Sostenible”. El propio Galvis señaló a Infobae que uno de los problemas básicos es “el oscurantismo sobre la situación de la generación de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas del estado Bolívar”.
En 2010, Ian Bremmer, director de la prestigiosa consultora Eurasia Group publicó The end of the free market, un libro que mostraba el avance de las empresas estatales o manejadas por el Estado en vastos sectores de la economía global.
También Aldo Musacchio, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, documentó en sus estudios el fenómeno, precisando, por caso, que las empresas estatales daban cuenta del 80 % de la capitalización de la bolsa china, 62 % de la rusa y 38% de la brasileña y un tercio de la inversión extranjera directa global, además de ser dueñas de casi el 90 % de las reservas petroleras mundiales y explicar dos tercios de los índices del sector energía en los mercados emergentes.
Los resultados en Venezuela
La productividad ha sido en cambio elusiva a las estatizaciones chavistas.
Venalum y Alcasa, cuya producción conjunta de aluminio había llevado a Venezuela al puesto 11 de los mayores productores de aluminio del mundo, están inactivas desde el apagón de marzo de 2019. Bauxilum produjo en 2018 al 1,5% de su capacidad instalada. Ferrominera del Orinoco (FMO), extractora, procesadora y comercializadora de mineral de hierro, ocupó el año pasado menos de 14% de su capacidad instalada. Todo esto, en un contexto de altos niveles de endeudamiento con el sector privados y sus proveedores, que llevó a la quiebra de gran cantidad de pymes y la caída del empleo, amén de graves incumplimientos laborales y ambientales.
Un factor más del derrumbe venezolano: la ola migratoria más notable de la historia moderna de América Latina y tal vez la más grande tragedia humanitaria en lo que va del siglo 21.
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