Próximo a cumplir 22 años de la primera Ley de ART, el 1 de julio, la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, UART, elaboró un balance de los cambios que experimentó el sistema y los efectos sobre el total de trabajadores y empresas formales, alcanzadas por el sistema.
Entre sus principales logros la entidad destaca "la amplia cobertura y la considerable baja de los accidentes y de los fallecimientos en los ámbitos del trabajo; 46% y 73%, respectivamente. Representa 10.880 vidas salvadas" en el período, a un ritmo promedio de 500 por año, aunque comenzó de niveles muy bajos y fue madurando con el tiempo.
A partir de ahí, el sector impulsó cambios que derivaron en el último año en una importante reforma de la legislación (Ley 27.348) que, en los casos de las jurisdicciones que adhirieron rápidamente a la nueva norma, obtuvieron una notable disminución de los juicios; "aunque el afianzamiento de dicha baja está condicionado a la puesta en funcionamiento de los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia", alerta la UART.
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Los trabajadores tuvieron acceso más rápido al cobro de indemnizaciones; mejoró la atención médica integral y recalificación y reinserción laboral; mientras que se intensificaron las visitas a las empresas para la fiscalización de las normas de seguridad del trabajador y del establecimiento, y las recomendaciones de prevención.
El informe de la UART da cuenta de que "hoy la cobertura alcanza a casi 10 millones de trabajadores y 1,2 millón de empleadores".
"Estos resultados tienen una significativa importancia social y económica. Propician la generación de más y mejores empleos en nuestro país. El trabajo coordinado de empresas, sindicatos, Estado y ART fue determinante para estar donde estamos", destacó Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
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Desafíos inmediatos
A pesar de la cantidad de juicios cerrados y pagados por las ART, el sector enfrenta lo que considera una "pesada mochila judicial, supera las 350 mil causas", que implica "una grave amenaza" para la subsistencia del sector.
Sobre todo, porque si bien con la sanción de la Ley 27.348 se observaron notables y rápidos progresos en las 12 provincias que adhirieron, como el descenso de las demandas (en el orden del 33% en lo que va del año) como así también fallos judiciales favorables a aspectos críticos de la Reforma (tanto en CABA, como en provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), resta constituir los Cuerpos Periciales o Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la justicia de cada una de las jurisdicciones.
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De ahí que la UART considera "imperiosa su constitución para resolver, conforme a la nueva normativa, esa mochila judicial pendiente como así también el flujo de nuevos juicios que se van presentando, porque "marcan una brecha importante entre el valor tarifado por Ley y el que surge del quehacer pericial judicial, estimadas entre 4.000 y 9.000 millones de dólares, según cuáles sean los supuestos considerados".
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