El éxito del blanqueo va potenciar el sistema financiero argentino.
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Un tribunal reabrió una causa para determinar si el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios públicos es inconstitucional. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un planteo del diputado Felipe Solá y remarcó la necesidad de la lucha contra la corrupción.

La discusión es sobre la ley 27.260 de blanqueo de capitales y la reglamentación que dictó el gobierno de Mauricio Macri. El Congreso sancionó la norma en mayo del año pasado y prohibió el ingreso al blanqueo de "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1º de enero de 2010 y la sanción de la ley hayan sido presidente y vice de la Nación, gobernadores o vice, legisladores nacionales, entre otros cargos públicos.

Sin embargo, el gobierno dictó el decreto reglamentario de la ley en cuyo artículo 6 estableció que esas personas que tenían prohibido ingresar al blanqueo podían hacerlo para declarar bienes que hayan incorporado a su patrimonio antes que sus familiares hayan ingresado a la función pública.

Solá presentó un amparo para que sea artículo sea declarado inconstitucional porque señaló que viola el espíritu de la ley y porque para aprobarla hubo un acuerdo político entre los partidos para que los familiares no puedan ingresar al blanqueo para evitar cualquier sospecha de corrupción o de una norma hecha a medida de alguien, puntualmente para el empresario Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri.

El blanqueo de capitales tenía como finalidad la declaración de bienes y cuentas en el exterior no declaradas. La nómina de quienes se acogieron a la norma tiene secreto fiscal pero el diario Pagina/12 reveló en agosto pasado que Gaianfranco Macri, hermano del Presidente, blanqueó 35,5 millones de dólares. También ingresaron al blanqueo Nicolas Caputo, empresario y amigo de Mauricio Macri; un primo del jefe de Gabinete Marcos Peña; el cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas, entre otros. A ninguno de ellos la ley les prohibía ingresar al blanqueo que cerró a fines de marzo pasado.

El amparo de Solá fue rechazado por la jueza María Biotti. La magistrada no analizó si el ingreso de familiares era inconstitucional, sino que dijo que no hay "caso o causa judicial" para tratar porque el diputado no tenía legitimación para hacer el planteo.

El legislador del Frente Renovador y su abogado, Martín Yañez, apelaron para que el fallo sea revisado. La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ahora les dio la razón y ordenó que se analice si el blanqueo para familiares es inconstitucional, sobre lo que el tribunal no se pronunció.

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani señalaron que Solá sí tiene legitimación para presentar el amparo. Dijeron que si bien la Corte Suprema de Justicia no permite la intervención de legisladores nacionales si está permitida cuando se afecta su rol como representante del Congreso.

"El accionante no acude a los tribunales de justicia a fin de reeditar un debate que hubiera perdido en el debate legislativo, sino que cuestiona la constitucionalidad de una norma reglamentaria que -según afirma- modificó sustancialmente el texto de la ley sancionada por el Congreso, alterando su espíritu y sin la posibilidad de que dicha reglamentación pueda volver a ser controlada por el cuerpo encargado constitucionalmente de emitir disposiciones de carácter legislativo", señaló el juez Treacy.

El tribunal sostuvo que el gobierno dictó un decreto reglamentario que no puede ser revisado por el Congreso como ocurre con otro tipo de decretos. "Aquí no existe una instancia en que el Poder Legislativo pueda revisar si la voluntad de éste ha sido respetada", señala el fallo al que accedió Infobae.

En disidencia votó el camarista Jorge Alemany que compartió el criterio de que Solá no tiene legitimación para presentar el amparo. El juez dijo que legisladores "no pueden arrogarse la representación del cuerpo legislativo por entero, ya que entre sus atribuciones y prerrogativas no está la de representar los intereses del Congreso de la Nación".

El voto de la mayoría agrega otro aspecto: la lucha contra la corrupción. El camarista Treacy advirtió que "se halla en juego un bien jurídico colectivo como lo es la debida recaudación de la renta pública y la prevención de prácticas corruptas, en consonancia con normas constitucionales e internacionales que así lo imponen".

En la misma línea, Gallegos Fedriani sostuvo que cuando se debatió la ley en el Congreso se hizo referencia a la exclusión de familiares para evitar posibles hechos de corrupción en el sector público. "La transparencia en el ejercicio de la función pública, y fundamentalmente la lucha contra la corrupción, no responden a deberes puramente morales sino que resultan obligaciones estrictamente jurídicas del Estado y de los funcionarios estatales", señaló.

Yañez, abogado que representa a Solá en la causa, le dijo a este medio que "el reconocimiento de legitimación es un avance importante en el derecho de la sociedad. Esto puede sentar un precedente histórico en la materia.
Creemos que un juez no puede desentenderse de una causa por cuestiones formales, con el exclusivo argumento de la inexistencia de legitimación procesal".

Con su resolución, la Cámara revocó el fallo que había rechazado el amparo y ordenó que vuelva a ser analizado por un nuevo magistrado de primera instancia, que deberá ser sorteado. Además, el tribunal le dio participación en el caso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), órgano encargado de la recaudación del blanqueo.