Observar con detenimiento los números de la economía es un ejercicio que la sociedad no acostumbra hacer. Sus aspiraciones parecerían conformarse con asociar su destino a la famosa (pero inexistente) información que mide y compara la corrupción de los Gobiernos. Esas sandeces serían evitables, sin embargo, si se asesorara y procurara entender y debatir el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el de cada uno de sus componentes (consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones). Sin la necesidad de transformarse en un erudito, tendría una primera aproximación de las marchas y contramarchas de la economía. Ese sería un comienzo para afianzar sus ideas políticas o descartarlas (si se lo permitiera). Si el entusiasmo continuara, el paso siguiente sería comprender el modo en que ese PIB generado a partir del esfuerzo mancomunado y coordinado "viaja" hacia las finanzas y el bienestar de las familias. En esta instancia, el estudio requeriría información sobre la distribución del ingreso y su comparación en el tiempo. Ya en esta etapa (y con algo de avidez), podría detectar la anatomía de los planes económicos y del discurso del Gobierno y comprender si su futuro es el que se le está prometiendo. En nada es desdeñable la misión porque, como señala el profesor de NYU, Debraj Ray, "el crecimiento económico y la desigualdad económica se entrelazan, pues, evolucionan conjuntamente (Ray, 1998)".
Año a año, la sociedad se esfuerza en pos de un objetivo compartido. Guiada por disímiles intereses individuales, "acuerda" obtener un producto social (el PIB) que, a grandes rasgos, resulta de la contribución de asalariados, rentistas y empresarios atraídos por la posibilidad de captar ingresos (salarios, rentas y beneficios, en ese orden) para destinarlo a comprar esos bienes generados o ahorrar para gastar en el futuro. Así, el PIB da lugar al ingreso y luego al gasto. Si todos los participantes estuvieran conformes con esa distribución, no habría razones para que haya reclamos. En este caso ideal, se podría afirmar que se estaría en presencia de una "fase óptima de equidad distributiva" resultante del funcionamiento de un "círculo virtuoso que surge no solamente por lógica inherente al pluralismo y el estado de derecho, sino también porque las instituciones políticas inclusivas tienden a apoyar a las instituciones económicas inclusivas. De esta forma, se tiende a una distribución más igualitaria del ingreso (Acemoglu, 2012)".
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Por el contrario, si el mercado no lograra mantener en el corto plazo esos niveles deseables de justicia distributiva debido a 1) sus clásicas fallas de su funcionamiento (la existencia de monopolios, oligopolios u otros mecanismos que no reflejen la voluntad social), 2) la intervención de un Gobierno que, por sus metas políticas, se interesara en direccionar recursos hacia uno u otro grupo social y 3) la existencia de crisis no previstas; las tensiones sociales no tardarían en emerger y el mencionado estado de equidad "se agrietaría". En esta fase, donde sufrirían más los asalariados (tal como lo indica la experiencia), no tardarían en aparecer episodios de violencia social. Inmersa en ese "pánico moral", la sociedad recibiría el mensaje y respaldaría la idea de que estos revoltosos serían "una amenaza para los valores e intereses sociales presentada por los medios de comunicación de una forma estilizada y estereotipada //…// (medios) acreditados por la comunidad para pronunciar sus diagnósticos, soluciones y formas de afrontar el problema (Cohen, 1972)". La inyección de "pánico moral" injertaría efectos impulsivos hasta en las mentes más cultas. Los olvidos y omisiones resultantes, contribuirían a ejercer el voto contrariando sus intereses: si se tratara de asalariados, perdería bienestar y sus históricas conquistas sociales.
Técnicamente, si el Gobierno se auto impusiera metas de ahorro estaría direccionando más recursos hacia el capital que al trabajo y sugiriendo que en el largo plazo el crecimiento económico favorecería a todos. No haría referencia a la intención de alcanzar una distribución equitativa porque, en esencia, supondría que "un mercado benefactor" se encargaría de hacer ese trabajo. En lo más profundo, en realidad no se propondría objetivos de esta naturaleza porque consideraría que "una distribución más equitativa del ingreso retarda el crecimiento económico debido a su efecto negativo sobre el coeficiente de ahorro nacional" (Solimano, 1998)". Cualquier otra estrategia de tonalidad más heterodoxa orientada a distribuir a favor de los asalariados, como proponen algunas corrientes de la "familia keynesiana", mejorarían la demanda y el crecimiento a corto plazo siempre que los impulsos recayeran en el consumo. No obstante, el posterior avance de la política sobre la economía (carente de racionalidad, por lo general) desembocaría en restricciones de oferta de bienes (falta de bienes en la góndolas), inflación y crisis de balanza de pagos (salidas de divisas y tensiones cambiarias), así como interminables pujas distributivas. A largo plazo, habría inestabilidad si no se tuviera un plan coherente y sustentable, especialmente si se olvidaran de las distorsiones de precios relativos (la baja de tipo de cambio, entre otras) o se generaran irreflexivos desequilibrios fiscales.
El discurso electoral no sólo tendría que informar sobre el crecimiento económico, sino que debería decir más sobre la distribución esperada del producto bajo la forma de ingresos. En paralelo, a la sociedad le convendría "bajarle el volumen al panelista". Liberada de toda esa carga de "pánico moral" que sin pudor éste siempre inculca, podría ver más serenamente los números de la economía y preguntarle al Gobierno (cuando "toca a su puerta") ¿hacia dónde pretende distribuir ingresos? Si bien la respuesta estaría repleta de elementos evasivos (o sea, políticos), le daría indicios para fundamentar más racionalmente su voto.
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(*) Gustavo Perilli es Profesor de la UBA
@gperilli
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