"Atento a la gravedad de los hechos y al elevado número de trabajadores que pudieron verse damnificados por el presunto accionar irregular, resulta indispensable la intervención de la Comisión Médica N°26, a los fines de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la presencia de toda irregularidad que podría dar lugar al fraude del sistema de Riesgos del Trabajo, con la consecuente responsabilidad que le pudiera caber a los funcionarios, como así también, asegurar el resguardo de la información relacionada a los trámites médicos y al normal desenvolvimiento de las actividades de la citada comisión", justifica la Resolución N° 727/17 que lleva la firma del Superintendente Gustavo Morón.
La investigación interna tuvo origen en una denuncia realizada por un grupo de trabajadores, quienes alertaron sobre presuntas maniobras fraudulentas de abogados de un estudio jurídico externo, que prestan servicio de asesoramiento en esa Comisión Médica, circunstancia que motivó también la presentación de una denuncia ante la Justicia por parte de este organismo.
La investigación interna tuvo origen en una denuncia realizada por un grupo de trabajadores
Además, comunicó la SRT que "se tuvo en cuenta la denuncia de una damnificada realizada a través de una Encuesta de Satisfacción efectuada por la Subgerencia de Atención al Público y Gestión de Reclamos de la SRT, quien manifestó que en la sede de esa Comisión Médica se ofrecería a los trabajadores "el contacto con un estudio jurídico externo", que presta asesoramiento en los trámites administrativos, "asegurando resultados favorables".
La medida será por el término de 30 días y a tal fin se designó un interventor responsable, quien tendrá la misión de elevar un informe con el resultado de la investigación pertinente.
Tanto en el Gobierno como en las empresas existe una singular preocupación por la aceleración de los juicios de trabajo vinculados con accidentes y enfermedades atribuidas al ámbito laboral que no son tales, mientras que las legislaturas provinciales se demoran en dar tratamiento y aprobar la adhesión a la nueva Ley de ART, que busca proteger a los trabajadores y desalentar a la denominada "industria de los juicios laborales".
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