Los juicios laborales a las pequeñas y medianas empresas aumentaron un 150% entre el 2010 y el 2016

El presidente Mauricio Macri volvió a arremeter contra la industria del juicio laboral. "Hay que atacar a las 'mafias' que están detrás de los juicios laborales", dijo pero esta vez lo hizo sin dar nombres propios ni responsabilizar al diputado nacional kirchnerista Héctor Recalde como lo hizo la semana pasada.

"Algunos dijeron que estaba defendiendo a las empresas, no es así, estoy defendiendo a los trabajadores, que por culpa de estas mafias colapsan los fueros de Justicia Laboral. También defiendo a las pymes, que quieren crecer y no lo hacen por miedo a esa maquinaria perversa de juicios sin razón", manifestó el Presidente.

Al respecto, un reciente informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) destaca que "las demandas contra las ART, provenientes de trabajadores de pequeñas empresas creció el 150% en los últimos 6 años, a pesar de la caída de los accidentes y los fallecimientos. Al observar la serie estadística de la UART se observa que entre 2010 y 2016, la tasa de litigiosidad laboral en los trabajadores cubiertos que trabajan en pequeñas y medianas empresas creció de 62 a 154 juicios por cada 10.000 trabajadores con una suba de casi el 150 por ciento. Ese número pasó de 71 a 132 en las empresas grandes y la suba fue del 85 por ciento.

Según el economista Jorge Colina, titular de IDESA, "demandar contra una ART se ha vuelto una pujante actividad jurídica. La tasa de crecimiento de las demandas en el último lustro ha sido muy superior a lo que creció la economía en su conjunto. Como las ART trasladan los costos de esta litigiosidad a la alícuota, ahora se observa que las nuevas alícuotas son mucho mayores que las existentes. Son las empresas, entonces, las que financian la litigiosidad espuria. La amenaza no es sólo para las empresas que actúan en el país, sino también para las nuevas que vengan a instalarse"

Es importante analizar que en el 2011, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se presentó un "cruzamiento" entre ambas curvas de tasas de litigiosidad. En ese momento es donde se comienzan a incrementar los juicios a las pequeñas y medianas empresas. "El fenómeno de la judicialidad laboral en Argentina presenta características peculiares y propias que no se verifican en otros países, ni siquiera con economías semejantes o complementarias. No sólo por el número enorme, sino también por su incesante y sostenido crecimiento". dice el informe de la UART.

Desde la Reforma al Sistema de Riesgos del Trabajo realizada en 2012, la casi totalidad de los juicios que inician los trabajadores por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales dejaron de ir contra los empleadores para re-direccionarse contra las ART.

Focalizando en las pequeñas empresas (definidas como aquellas de hasta de 50 trabajadores), de las 127 mil demandas ingresadas a las ART en 2016, 39.805 provinieron de trabajadores que se desempeñan en empresas de menos de 50 trabajadores. Mientras que en 2010, se habían presentado 15.634 nuevos juicios provenientes de dicho sector.

Por otra parte el informe advierte que "se observa que la tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18% superior al resto de las entidades y además el crecimiento de dicha tasa casi multiplica por 2 a la del resto de las empresas. En efecto, en los últimos 6 años, mientras la tasa de judicialidad creció 150% para las empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó algo más de la mitad, 86% (cifra enorme también, por cierto). Por cada 10 mil trabajadores cubiertos, en el segmento de las chicas, se originan 156 demandas al año, mientras que en el resto, 132″.

Desde la UART advirtieron "la contradicción de que a pesar de generarse menos accidentes y disminuir notablemente la cantidad de fallecidos, las demandas judiciales no dejan de aumentar. En el mismo sexenio, la tasa de accidentes en este segmento de empresas de hasta 50 trabajadores se redujo 6,7% y los fallecimientos cayeron 19,4%" y agregan que hay que sumar el agravante de que en esos seis años el segmento redujo un 10% su participación en la distribución del empleo formal. Pasó de representar el 31,4% de los trabajadores en 2010, al 28,1% en el 2016″.

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El informe explicita que "este achicamiento relativo del sector de pequeñas y medianas empresas se produjo en paralelo con el crecimiento de los juicios casi en igual proporción. Las demandas pasaron de representar en 29,8 en 2010, a 31,7 en 2016. Ante esta situación es preciso analizar el vínculo entre la creciente judicialidad y la destrucción de empleo en general y de empleo registrado en particular".

Los datos de la Secretaría de PyME a cargo de Mariano Mayer refljejan que el en la actualidad se registran 509.000 empresas de hasta 50 trabajadores (incluyendo a los empleadores de servicio doméstico), frente a 19.745 medianas y grandes y entre ambas emplean al 96,3% de la fuerza laboral formal.

Con respecto a como se puede corregir esta alta ligitiosidad desde la UART manifiestan que "la nueva Ley 27.348, impulsada por el Poder Ejecutivo con acuerdo de empresarios y sindicatos y aprobada con amplia mayoría también por la oposición, irá produciendo progresivamente una merma de los juicios porque prevé corregir aspectos del proceso que lo hacen más rápido y transparente, entre ellos: un procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de las personas, la regulación de honorarios de los peritos en función del trabajo realizado, es decir, desacoplar esos honorarios del porcentaje que determinara la pericia.

También destacan "la utilización de la Tabla de Evaluación de Incapacidades (Baremo) prevista en la Ley 27.348, a fin de objetivar el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño y que todos los que tengan la tarea de dirimir una controversia (en sede judicial o administrativa) utilicen la misma vara para todos los trabajadores".

El informe describe además que son necesarias dos cuestiones para que esto se cumpla. En primer lugar que es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional. En CABA por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, provincia de Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando. En segundo término explica que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad.

En ese mismo sentido el secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer, manifestó que "la actividad en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) está frenada debido a la "incertidumbre" que generan los juicios laborales, y admitió que en 2016 cerraron entre 5.000 y 6.000 pymes en todo el país. Mayer agregó que "hay sectores que ya están para crecer y están con el freno de mano para emplear gente, no tanto por los costos laborales, que de por sí son elevados, sino porque a ese costo le agregan la incertidumbre de que el trabajador le haga un juicio".