El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció lo que varios sectores reclamaban. El funcionario confirmó que esta tarde se hará un llamado a una audiencia pública informativa, luego de dos fallos judiciales que frenaron la suba de tarifas de gas y energía eléctrica en todo el territorio argentino.
"Es una audiencia ad hoc en la cual vamos a informar en los próximos días el estado de situación y el aumento implementado que tiene que ver con la generación de energía eléctrica y el precio de gas en pozo", especificó en diálogo con el programa Lanata Sin Filtro, en radio Mitre.
Tendrá caracter de audiencia pública, por lo cual entre el martes y el miércoles, se publicarán los términos en el Boletín Oficial, para que se pueda anotar cualquier ciudadano que quiera participar.
"Estamos redactando una resolución, estamos viéndola dentro del marco de la ley de acceso a la información pública para detallar cuál es el sistema que hemos heredado, cuál es el impacto de las medidas que hemos tomado y qué nivel de gradualismo hemos impartido en esas medidas", dijo. Esa resolución se podría firmar esta misma tarde.
Juan José Aranguren: “La gente pagó y aceptó la tarifa, pero el argumento se usó políticamente”.
"En este momento el que está en situación difícil es el sistema de abastecimiento tanto de electricidad como de gas. La consecuencia de toda esta incertidumbre es que tenemos una seria dificultad para tener un sistema energético acorde a la demanda que tenemos, tanto en cantidad como en calidad", agregó.
En el bimestre de mayo-junio, el ministro dijo que nueve de cada 10 usuarios residenciales recibieron facturas de gas inferiores a los 500 pesos, y el 80% pagó. "La suscripción básica de televisión por cable es de $540, y el 74% de la población del Gran Buenos Aires la tiene", comparó. Y es por eso que consideró que "la gente aceptó la tarifa, pero el argumento se utilizó políticamente".
Si bien el Gobierno cedió en realizar una audiencia informativa, Aranguren dijo que para la generación de energía eléctrica y la producción de gas, "está en cabeza del Estado Nacional decidir las tarifas", mientras que la audiencia pública está pensada para la tarifa de transporte y distribución.
"Desde el punto de vista legal, es correcto lo que hicimos. Desde el punto de vista político, me tengo que atener a las consecuencias y ver que la realidad indica que se ha utilizado el argumento para influir sobre la capacidad del Gobierno de decidir sobre la política monetaria".
Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, esta audiencia pública informativa es una estrategia del Gobierno para darle una señal a la Corte Suprema, y que finalmente puedan avanzar con el nuevo cuadro tarifario.
En el caso de un fallo contrario del tribunal superior, retrotraer el sistema tarifario -antes de los aumentos dispuestos en febrero- tendría un costo fiscal de $22.000 millones.
Luego de la audiencia informativa ad hoc, el Gobierno dará una audiencia pública prevista para octubre de 2016, que ya fue convocada para transporte y distribución.