In einer Erklärung vom 30. März bestätigte das Büro des Bürgerbeauftragten den Tod von Zivilisten während der Militäroperation, die die Nationalarmee im Dorf El Remanso in Puerto Leguízamo (Putumayo) durchgeführt hat. Die Opfer wären: der Präsident des Aktionskomitees der Gemeinschaft Divier Hernández Rojas, seine Frau , ein 16-jähriger Teenager und der indigene Gouverneur Pablo Panduro Coquinche.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass Zivilisten im Kontext des Konflikts von jeglicher Art von Maßnahmen ausgeschlossen werden sollten und dass ihr Recht auf Leben immer geschützt werden muss. Darüber hinaus forderte er die Justizbehörden auf, die Fakten umgehend zu klären. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch bestätigte ihrerseits auch die Ermordung dieser Zivilisten.
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