El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las autoridades del régimen de Cuba mantienen las restricciones a las visitas familiares del preso político de conciencia Walnier Luis Aguilar Rivera, recluido en la provincia de Sancti Spíritus.
Según la organización, el último episodio ocurrió el 28 de agosto, cuando el padre del opositor viajó desde La Habana hasta el centro penitenciario, a unos 350 kilómetros de su vivienda, y aguardó durante horas para verlo. Al llegar, las autoridades penitenciarias del régimen le comunicaron que la visita no se realizaría y le indicaron que debía coordinarla previamente con la Seguridad del Estado, sin ofrecer mayores explicaciones.
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El OCDH sostuvo que la negativa forma parte de un patrón de obstáculos al contacto entre Aguilar Rivera y sus familiares. La entidad afirmó que las restricciones se han repetido desde el encarcelamiento del joven por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
Ley cubana permite a reclusos a recibir visitas familiares, pero no se cumple
La organización de derechos humanos recordó que la Ley 152/2022, de Ejecución Penal, establece el derecho de las personas privadas de libertad a recibir visitas de sus familiares. También señaló que una eventual limitación debe ajustarse a causas previstas por la legislación y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades penitenciarias.
El artículo 67 del Reglamento de la Ley de Ejecución Penal dispone que, si una sanción disciplinaria afecta las visitas, el recluso debe recibir una notificación previa y el familiar debe ser informado de la medida. A su vez, el artículo 71 contempla la posibilidad de reclamar frente a decisiones disciplinarias.
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Para el OCDH, la exigencia de una autorización de la Seguridad del Estado carece de justificación en el marco de esos procedimientos. “La Seguridad del Estado no puede convertir las visitas penitenciarias en un instrumento de control político sobre el preso y sus familiares”, advirtió la entidad en su denuncia.
El organismo señaló que las autoridades penitenciarias comunicaron la negativa únicamente después de que el padre de Aguilar Rivera hubiera realizado el trayecto y asumido los gastos de transporte. La organización consideró que esta práctica agrega una carga para las familias de los presos políticos, en un contexto de dificultades económicas y de movilidad dentro de Cuba.
Medidas cautelares de la CIDH para Walnier y su familia
La CIDH había concedido medidas cautelares a Walnier en 2022, luego de recibir información sobre dificultades de comunicación con sus familiares. De acuerdo con el OCDH, la Comisión recogió entonces que el joven no podía mantener contacto con su entorno en condiciones similares a las de otros reclusos.
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En 2025, la Comisión también otorgó medidas cautelares a Luis Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier, y a otros integrantes de la familia. La decisión respondió a denuncias sobre vigilancia, detenciones, amenazas y otras restricciones ligadas a sus actividades de protesta y denuncia pública.
La CIDH solicitó a la dictadura cubana que adoptara las medidas necesarias para que Aguilar Bravo pudiera desarrollar su labor de defensa de los derechos humanos sin amenazas, hostigamientos ni hechos de violencia.
El OCDH afirmó que Walnier mantiene su postura crítica desde que fue encarcelado por las protestas de julio de 2021 y vinculó las restricciones de visita con las denuncias públicas de su padre. La entidad pidió al Ministerio del Interior que garantice las comunicaciones y los encuentros familiares del preso.
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También exigió el fin de cualquier intervención ajena al sistema penitenciario que condicione ese derecho. “Las condiciones de reclusión y los vínculos familiares no pueden utilizarse como mecanismos de presión o castigo”, planteó la organización, que reclamó el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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