Ángel Serrano Hernández lleva días incomunicado en el correccional La Lima, en Guanabacoa, con un ojo inflamado y sin que su familia haya podido verlo ni hablar con él. La versión oficial lo responsabiliza por sus propias lesiones. La de los presos que lo conocen, no.
El activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en La Güinera, el barrio habanero que se convirtió en uno de los epicentros del mayor estallido social de Cuba en décadas.
Lo que ocurrió en la finca La Guayaba
Todo comenzó, según el relato oficial, cuando Serrano Hernández se negó a cumplir una orden de trabajo en la finca La Guayaba y abandonó la formación frente al jefe de la unidad.
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Gritó consignas contra el gobierno. Fue trasladado al Puesto de Mando, donde, según la misma versión, siguió diciendo lo que pensaba.
Su sobrino Janry Serrano se presentó en la cárcel para saber qué había pasado. Las autoridades le negaron la visita y lo derivaron a una llamada telefónica con un agente de la Seguridad del Estado.
Serrano había aprovechado “la oportunidad para decir lo que sentía, sobre lo que todos estamos de acuerdo porque todos estamos pasando por el mismo proceso”, relató Janry a Martí Noticias, al citar las palabras del oficial de la policía política.
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La versión oficial que la familia rechaza
La explicación oficial para el ojo inflamado y las lesiones visibles es que el propio Serrano se las causó: se golpeó contra la pared y se propinó puñetazos. Varios guardias lo maniataron y lo ingresaron en un cuarto de aislamiento porque, según el agente, las celdas de castigo estaban llenas. Después evaluaron su traslado al campamento Toledo 2.
Los familiares no han podido contrastar nada de eso. No han visto al preso. No han hablado con él.
A esa incomunicación se suma un historial médico que agrava la situación: Serrano padece afecciones crónicas desde al menos 2023 y las autoridades penitenciarias le han denegado de forma sistemática la atención médica que requiere, según denuncias previas de su entorno.
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Un caso dentro de un patrón documentado
El de Serrano no es un hecho aislado. Al cierre de julio de 2026, la organización Prisoners Defenders registraba 1,327 presos políticos en Cuba, de los cuales 459 padecen patologías médicas graves.
La ONG documenta de forma recurrente golpizas, aislamiento, desnutrición y privación de atención médica como prácticas sistemáticas en los penales de la isla.
En julio, otro preso político, Roilán Álvarez Rensoler, fue golpeado en la Prisión Provincial de Holguín con tal violencia que sufrió fracturas en los brazos y heridas en la cabeza, según denunció su hermana a Radio Martí. La causa: haberse negado a vestir el uniforme del penal.
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Human Rights Watch señaló en el quinto aniversario del 11J que cientos de cubanos permanecen detenidos por “el simple pecado” de haber preguntado en voz alta por sus derechos.
Lo que el silencio no puede ocultar
El caso de Serrano Hernández condensa varios de los mecanismos que las organizaciones de derechos humanos describen desde hace años: la protesta verbal como detonante de represalias físicas, la versión oficial que culpa a la víctima, el aislamiento como castigo y la familia convertida en espectadora impotente de lo que ocurre al otro lado de los muros.
Hasta el cierre de esta nota, la familia no había logrado ningún contacto directo con el preso político. Su estado real de salud seguía sin poder ser verificado de forma independiente.
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