La decisión de la Sala Constitucional de prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes que vencieron su periodo en diciembre de 2025 abrió un nuevo enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y sectores de la Asamblea Legislativa.
La presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó duramente el fallo y aseguró que cuatro magistrados de la Sala IV ejecutaron un “golpe de Estado” contra el Congreso, al considerar que el tribunal asumió competencias que, según su criterio, corresponden exclusivamente a los diputados.
“Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, afirmó Fernández, quien sostuvo que la resolución vulnera el principio de división de poderes y varios artículos de la Constitución Política.
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La mandataria señaló que la Sala Constitucional no tiene facultades para extender los periodos de los magistrados suplentes y acusó a los integrantes del tribunal que votaron a favor de la medida de otorgarse atribuciones que, según ella, no están contempladas en el marco constitucional.
La resolución cuestionada fue adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres y permitió mantener temporalmente en funciones a los magistrados suplentes cuyos nombramientos vencieron el pasado 16 de diciembre, mientras la Asamblea Legislativa avanza en la elección de nuevos integrantes a partir de la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los magistrados que respaldó la decisión, Jorge Araya García, respondió a las declaraciones de la presidenta y rechazó que la resolución pueda interpretarse como una ruptura del orden democrático.
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Araya afirmó que el concepto de “golpe de Estado” utilizado por Fernández no tiene sustento jurídico y explicó que ese término implica una ruptura ilegítima del orden constitucional, mientras que, según su criterio, la sentencia busca precisamente lo contrario: restablecer el funcionamiento institucional.
“El fallo de ayer trata de restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional”, afirmó el magistrado, quien además consideró que las críticas del Ejecutivo fueron emitidas de manera prematura al no conocerse todavía la totalidad de la resolución.
El integrante de la Sala Constitucional defendió que la medida tiene como objetivo garantizar que miles de ciudadanos puedan continuar accediendo a la justicia constitucional mediante recursos de amparo, especialmente en áreas sensibles como salud y derechos sociales.
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“Una justicia constitucional es una justicia para todos los costarricenses y no solo para una parte de ellos”, manifestó Araya, quien hizo un llamado a evitar la confrontación entre instituciones.
Oficialismo respalda críticas contra la Sala IV
Las declaraciones de Fernández fueron respaldadas por integrantes del oficialismo. El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que la resolución representa una afectación al Estado de derecho y llamó a la ciudadanía a defender la Constitución Política.
Acosta calificó a los cuatro magistrados que votaron a favor de la prórroga como “golpistas” y afirmó que la decisión responde a intereses particulares en detrimento de la población.
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Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, también criticó la resolución y aseguró que el Poder Judicial está afectando su propia imagen institucional.
Jiménez afirmó que la Sala Constitucional violentó las competencias constitucionales del Congreso y anunció que presentará una querella por prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes respaldaron la decisión.
Oposición acusa al Gobierno de atacar la institucionalidad
Desde la oposición, diputados defendieron la actuación de la Sala IV y rechazaron los señalamientos del Ejecutivo.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, calificó las declaraciones de Fernández y del Partido Pueblo Soberano como “temerarias e irresponsables” y expresó preocupación por lo que considera una confrontación abierta entre el Gobierno y el Poder Judicial.
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Dobles señaló que la falta de nombramiento de magistrados suplentes por parte de la Asamblea Legislativa había puesto en riesgo la capacidad operativa de la Sala Constitucional y recordó que ese tribunal resuelve recursos relacionados con derechos fundamentales de miles de personas.
“En una democracia como la costarricense se requiere una división de poderes”, afirmó la legisladora, quien cuestionó qué ocurriría si el Ejecutivo deja de reconocer las decisiones del máximo tribunal constitucional.
En la misma línea, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que el Gobierno es quien ha intentado debilitar el funcionamiento del Poder Judicial al no concretar los nombramientos pendientes.
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Villalta afirmó que la prórroga de los magistrados suplentes evita una paralización del sistema de justicia constitucional y permite que las personas continúen presentando recursos para defender derechos como acceso a medicamentos, tratamientos y servicios públicos.
“La gente no puede presentar recursos de amparo para defender sus derechos. Eso sí sería paralizar el Estado de derecho”, señaló.
El conflicto ahora se trasladará nuevamente a la Asamblea Legislativa, donde el Plenario deberá retomar el proceso de elección de magistrados suplentes utilizando la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia, mientras continúa el enfrentamiento político por los límites y competencias entre los poderes de la República.
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