La posibilidad de elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT), pasando de la tarifa reducida del 1% tal 13%, tendría consecuencias económicas mucho más severas para los hogares de menores ingresos que para las familias con mayor capacidad adquisitiva, según concluye un estudio elaborado por el investigador Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
El análisis surge en medio del debate sobre las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la situación fiscal del país.
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Entre las opciones que se han mencionado figura la eliminación del beneficio tributario que actualmente tienen los productos de la canasta básica, una recomendación que también fue planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de la revisión del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica.
De acuerdo con el informe, el principal atractivo de la medida radica en su potencial recaudatorio. Si el IVA aumentara del 1% al 13%, la recaudación pasaría de ¢42,065 millones (USD 92.5 millones) a ¢546,841 millones (USD 1,202 millones), una cifra equivalente aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el estudio advierte que el costo social de ese incremento sería considerable y recaería principalmente sobre las familias con menos recursos, debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos y productos esenciales.
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Los datos muestran que los hogares pertenecientes al primer quintil de ingresos —el 20% más pobre de la población— reciben en promedio ¢321,351 mensuales (USD 706). Para estas familias, el incremento del impuesto representaría una carga equivalente al 6.7% de sus ingresos.
El segundo quintil, cuyos hogares perciben en promedio ¢604,749 al mes (USD 1,329), enfrentaría un impacto estimado entre el 4% y el 5% de sus ingresos.
La magnitud del efecto se explica porque las familias más vulnerables destinan buena parte de su presupuesto a la compra de productos incluidos en la canasta básica. Mientras el primer quintil utiliza el 44.1% de sus ingresos para adquirir estos bienes, el segundo destina el 28.8%.
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El informe incluso advierte que, para los hogares más pobres, el aumento del IVA equivaldría a perder cerca de un mes completo de capacidad de compra de alimentos cada año. En el caso del segundo quintil, conformado por familias vulnerables que aún no son consideradas pobres, la medida incrementaría el riesgo de que muchas caigan por debajo de la línea de pobreza.
En contraste, el impacto disminuye conforme aumenta el nivel de ingresos. Para el tercer quintil la carga sería de entre un 2.5% y un 3.5%; para el cuarto se ubicaría entre el 1.5% y el 2%; mientras que para el quinto quintil —el de mayores ingresos— el efecto rondaría entre el 0.6% y el 1%.
La diferencia responde al peso que tiene la alimentación dentro del presupuesto familiar. Mientras el primer quintil dedica casi la mitad de sus ingresos a la canasta básica, el quinto quintil, con ingresos promedio de ¢2,675,743 mensuales (USD 5.881), utiliza únicamente el 9.9% para adquirir esos mismos productos.
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Además del efecto sobre el presupuesto de los hogares, el investigador estima que la homologación del impuesto provocaría un incremento inmediato del 11.9% en el precio final de alimentos esenciales como arroz, frijoles, huevos, leche y derivados, pan, harinas, pollo, carne de res, cerdo, atún y sardinas.
El documento también analiza la propuesta de crear un “IVA personalizado”, mecanismo mediante el cual el Estado devolvería el impuesto pagado por los hogares de menores ingresos. No obstante, Vargas considera que esa alternativa enfrenta importantes obstáculos.
Según el informe, las deficiencias en los registros sociales, la alta informalidad laboral —que afecta a unas 800,000 personas—, la migración irregular y la existencia de adultos mayores que no reciben pensiones dificultan identificar correctamente a todos los potenciales beneficiarios.
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La investigación recuerda que experiencias similares en América Latina han registrado errores de exclusión de entre el 20% y el 40% de la población objetivo, lo que implica que miles de familias vulnerables podrían quedarse sin recibir la devolución del impuesto.
Ante ese panorama, el estudio concluye que la equiparación del IVA de la canasta básica al 13% “debe rechazarse” en las condiciones actuales.
No obstante, el investigador plantea cinco acciones que deberían cumplirse si el Gobierno decide impulsar la reforma: realizar una auditoría independiente de los registros de los hogares más vulnerables, crear un mecanismo de devolución automática, mensual y sin condicionamientos, aplicar una implementación gradual con posibilidad de reversión según indicadores de pobreza y seguridad alimentaria, valorar alternativas como una tarifa general menor con una base más amplia de productos y, finalmente, efectuar una evaluación independiente de los resultados con divulgación pública de sus hallazgos.
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El debate permanece abierto, mientras el Gobierno continúa analizando distintas opciones para fortalecer las finanzas públicas sin que, hasta ahora, exista una propuesta formal para modificar la tarifa del IVA sobre la canasta básica.
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