Costa Rica enfrenta anualmente una pérdida estimada en más de 2.6 billones de colones por evasión de impuestos, una cifra que equivale a más de 5,600 millones de dólares y compromete el desarrollo de infraestructura y servicios públicos esenciales. El gobierno de Laura Fernández lanzó este domingo una campaña institucional que expone el impacto de la evasión y detalla las acciones en marcha para enfrentarla, incluyendo reformas legales y operativos de control fiscal en todo el país.
Según informó la Presidencia de Costa Rica, la evasión fiscal representa el “robo del siglo” para las finanzas públicas. El video difundido por el Ejecutivo ilustra cómo productos ilegales y mercancías sin permisos ni impuestos afectan la recaudación estatal. “Robo escandaloso”, calificó la presidenta Laura Fernández el fenómeno, mientras el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, aseguró que el gobierno no descansará “hasta cobrar cada colón de impuestos que le deben a ustedes”.
La campaña oficial sostiene que el país podría financiar proyectos como la Ruta 1, la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, la carretera a San Carlos, el tramo Barranca-Limonal y el tren eléctrico, además de construir escuelas y colegios, solo con el dinero que se pierde anualmente por evasión. “Hoy tenemos que endeudarnos, pero todo esto lo podríamos tener en un solo año y sin pedir ni un solo cinco prestado”, enfatizó la Presidencia de Costa Rica en el material audiovisual.
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Recientes operativos fiscales
En los últimos dos meses, las autoridades decomisaron productos ilícitos valorados en más de 29 millones de colones. Los operativos, realizados por la Policía de Control Fiscal, se intensificaron en regiones como Barrio Chino (San José), Grecia, Heredia, Guadalupe y San Rafael de Alajuela. Entre los decomisos destacan más de 60.000 litros de licor, más de 23 millones de cigarrillos y dos toneladas de alimentos sin registro sanitario. Víctor Julio Carvajal, ministro de Hacienda, detalló que el equipo de control fiscal renovó su cúpula y ya realizó más de 250 visitas a comercios en diferentes puntos del país.
El video oficial también ejemplificó métodos de subvaluación aduanera. Una carga declarada en 300 dólares tenía un valor real estimado en 50,000 dólares, según explicó Carvajal. El funcionario subrayó que esta práctica constituye un robo a gran escala y anunció que el gobierno presentará próximamente una reforma para agilizar los procesos judiciales relacionados con impuestos, ya que más de 400,000 millones de colones permanecen pendientes de resolución en el Poder Judicial.
La lucha contra la evasión incluye medidas para cerrar portillos legales, en particular en la importación de vehículos de lujo a precios subestimados, y en la fiscalización de organizaciones que simulan ser negocios independientes para pagar menos tributos. La Presidencia de Costa Rica remarcó la importancia de exigir factura en toda transacción como herramienta ciudadana de control.
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La presidenta Fernández advirtió: “El que hace trampa le roba a Costa Rica y eso no lo vamos a permitir”. Por su parte, el ministro Chaves aseguró que el combate a la evasión se mantendrá como prioridad y que el gobierno seguirá “apretando” los controles. El mensaje institucional concluyó resaltando que la recuperación de los impuestos evadidos permitiría transformar múltiples áreas del desarrollo nacional.
La ofensiva contra la evasión fiscal en Costa Rica marca una etapa de mayor presión estatal sobre los contribuyentes y las redes de contrabando. Los operativos, el relevo de autoridades y las reformas judiciales buscan no solo aumentar la recaudación, sino también fortalecer la confianza en el sistema tributario y responder a las demandas sociales sobre el uso de los recursos públicos.