La seguridad volvió a convertirse en el eje del discurso de la presidenta Laura Fernández, pero esta vez el foco no estuvo en los operativos policiales ni en los anuncios de nuevas estrategias, sino en una ofensiva directa contra el Poder Judicial. Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, la mandataria acusó a la cúpula judicial de obstaculizar la lucha contra el crimen organizado y aseguró que la impunidad se ha convertido en uno de los principales problemas del país.
La intervención más fuerte llegó cuando se dirigió directamente a la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano.
“Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”, expresó Fernández al cierre de un extenso pronunciamiento en el que cuestionó la actuación de magistrados y jueces.
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La presidenta afirmó que Costa Rica enfrenta una crisis de justicia pronta y cumplida y sostuvo que los esfuerzos del Gobierno y de los cuerpos policiales pierden efectividad cuando los sospechosos recuperan su libertad o los procesos judiciales se prolongan durante años.
Como principal ejemplo citó el caso de un hombre acusado de asesinar a un compañero de trabajo en julio de 2017. Según explicó, el sospechoso permaneció en libertad mientras avanzaba el proceso judicial y, durante ese tiempo, habría cometido otros dos homicidios en 2025, entre ellos el asesinato de un conductor de plataforma en Aserrí.
“¿Qué está fallando en nuestro sistema de justicia?”, cuestionó la mandataria, al asegurar que un juicio nueve años después de ocurrido un crimen representa un fracaso institucional.
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Fernández también criticó la absolución del principal sospechoso por el asesinato del oficial de Fuerza Pública Obregón Briceño, quien murió durante un ataque armado contra policías en Batán, Limón, en diciembre de 2024.
A juicio de la presidenta, decisiones como esa envían un mensaje de impunidad y desmotivan a los cuerpos policiales que arriesgan su vida en la lucha contra la delincuencia.
La mandataria aprovechó además para responder a recientes declaraciones de Patricia Solano, quien ha rechazado que el crimen organizado haya penetrado la estructura del Poder Judicial.
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“Esa afirmación es penosa”, dijo Fernández, antes de recordar el caso del exmagistrado Celso Gamboa, solicitado por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
También mencionó la condena contra un juez que recibió dinero para modificar medidas cautelares a favor de un sospechoso de narcotráfico.
“¿O creen que el pueblo de Costa Rica es tonto?”, cuestionó.
La presidenta insistió en que sus críticas no constituyen un ataque contra el Poder Judicial como institución.
“El Poder Judicial está lleno de gente buenísima, trabajadores que darían su vida por este país, pero que ven su rol desprestigiado por magistrados que les causan vergüenza”, aseguró.
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Durante su intervención, Fernández también cuestionó el sistema de nombramientos vitalicios de los magistrados y afirmó que sería conveniente revisar ese modelo para fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Otro de los casos utilizados por el Gobierno para respaldar sus críticas fue el de un hombre de 51 años que, según cifras expuestas durante la conferencia, acumula 388 aprehensiones policiales entre 2019 y 2026 y continúa en libertad.
El historial del sospechoso incluye agresiones con armas, delitos relacionados con drogas, robos, portación ilegal de armas blancas y múltiples órdenes de captura.
Para Fernández, este tipo de expedientes reflejan que el problema ya no radica únicamente en el trabajo policial.
“¿Con qué cara le digo yo a los oficiales de Fuerza Pública que arriesguen su vida si arrestan a un maleante 388 veces y el Poder Judicial lo deja libre?”, reclamó.
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La presidenta adelantó que el próximo 20 de julio se realizará la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad, a la cual fueron invitadas las principales autoridades del Poder Judicial.
Desde ese espacio, dijo, espera discutir medidas concretas para fortalecer la coordinación entre instituciones y avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
“Ojalá que vengan a trabajar con actitud constructiva”, señaló.
Fernández cerró su intervención asegurando que el combate contra el narcotráfico se ha convertido en la prioridad absoluta de su administración y afirmó que no modificará esa línea pese a las críticas.
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“Mi principal llamado es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Me cueste lo que me cueste”, concluyó.
Además, anunció que el próximo 27 de julio presentará un segundo paquete de proyectos de ley enfocados exclusivamente en seguridad, justicia y fortalecimiento del combate contra las organizaciones criminales, al considerar que el marco legal vigente ya no responde a la realidad del país.