La Contraloría General de la República aprobó la concesión para la remodelación de Puerto Caldera, principal terminal marítima del Pacífico costarricense, lo que permitirá realizar una inversión superior a 600 millones de dólares.
El proyecto, impulsado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y ejecutado por el Consorcio Sunset, busca transformar la infraestructura portuaria nacional, fortalecer la competitividad, atraer inversión extranjera y generar empleo en la región.
De acuerdo con la presidenta Laura Fernández, “la modernización de Puerto Caldera permitirá fortalecer la competitividad de Costa Rica con una infraestructura portuaria moderna y eficiente, con una inversión de más de 600 millones de dólares, capaz de agilizar el comercio exterior, atraer inversión, generar empleo e impulsar el desarrollo económico de la región Pacífico y del país”.
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Fernández aseguró que la obra estará finalizada antes de que termine su gobierno, lo que representa una oportunidad para el desarrollo local y nacional.
La aprobación definitiva de la Contraloría, alcanzada tras el rechazo de los recursos de apelación de la empresa filipina International Container Terminal Services, Inc. (Ictsi), fue recibida como una señal positiva por cámaras empresariales y sectores productivos. Ictsi había cuestionado su descalificación y la idoneidad técnica de la propuesta adjudicada al Consorcio Sunset, conformado por HGT Inversiones y APM Terminals. No obstante, la Contraloría respaldó la transparencia del proceso y autorizó seguir adelante.
El Incop estima que las obras comenzarán en octubre del próximo año, con un cronograma que prevé su conclusión entre finales de 2029 y principios de 2030.
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El proyecto contempla la ampliación de la línea de atraque de 800 a más de 1,000 metros y la construcción de cinco nuevos puestos para recibir buques de mayor calado, permitiendo establecer rutas directas con mercados asiáticos como China, Japón e India y eliminando la necesidad de transbordos en Panamá o Norteamérica.
La modernización también incluye la incorporación de grúas especializadas para diferentes tipos de carga, sistemas de control para agilizar la descarga y la implementación de indicadores para fiscalizar la productividad, el uso de equipos y los tiempos de espera de camiones y buques.
De acuerdo con Wagner Quesada, presidente ejecutivo del Incop, el contrato de concesión se firmaría en diciembre de este año, dando paso a la transición administrativa y técnica para el inicio de las obras. El Consorcio deberá constituir una sociedad anónima en Costa Rica antes de asumir la operación.
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El sector empresarial celebró la resolución. Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), indicó a La República que “esta decisión abre el camino para que, por fin, avance una de las obras de infraestructura más urgentes y estratégicas para el desarrollo de Costa Rica. Ahora corresponde aprovechar ese trabajo y avanzar sin más dilaciones hacia la modernización que el puerto y el país necesitan con urgencia”. Por su parte, Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), destacó que la saturación del puerto genera sobrecostos diarios y recordó que la advertencia sobre la necesidad de ampliar Caldera viene desde administraciones anteriores.
Actualmente, la saturación de Puerto Caldera obliga a barcos portacontenedores a esperar hasta cinco días para atracar y a buques graneleros hasta tres semanas, lo que impacta los costos de las empresas y, finalmente, el precio para los consumidores. Según un estudio del Incop, el país pierde cerca de 100 millones de dólares al año por la falta de modernización en el puerto. “Las obras cuestan 700 millones de dólares; hace años ya se habrían recuperado”, sostuvo Salazar.
La presidenta Fernández afirmó que su administración apuesta por transformar la institucionalidad que regula las concesiones de obra pública en Costa Rica. “Estamos haciendo una apuesta grande en mi gobierno por transformar la institucionalidad que regula las concesiones de obras públicas”, señaló.
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El avance de este proyecto se perfila como un hito para la infraestructura portuaria y la economía nacional. La infraestructura renovada permitirá que los beneficios se perciban antes de la conclusión total, ya que los nuevos muelles entrarán en funcionamiento de forma progresiva.
El nuevo contrato establecerá estándares de mantenimiento y modernización tecnológica durante toda la vigencia de la concesión, así como mecanismos de fiscalización para asegurar la eficiencia operativa.