El avance de redes criminales internacionales hacia los delitos ambientales en Costa Rica ha tomado una dimensión inquietante, con consecuencias directas sobre la biodiversidad y la salud pública, destaca una nota publicada este lunes en Diario Extra.
Este fenómeno ya no se limita al tráfico de drogas o armas, sino que ahora incluye la venta ilegal de especies y la minería clandestina, actividades que generan ingresos comparables a los del narcotráfico pero con mucho menos riesgo penal.
Desde la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández y Alejandro Alpízar han advertido -según cita el medio-sobre la transformación de antiguas organizaciones criminales, que han identificado en los delitos ambientales un negocio sumamente lucrativo.
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En palabras de Alpízar, la situación se agrava porque “generan ganancias enormes, compatibles con las del narcotráfico, pero con penas muy bajas”.
La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas.
Esta sofisticación tecnológica permite que los criminales mantengan el anonimato y dificulta el rastreo de los flujos económicos.
Cómo operan las redes y por qué la ley se queda atrás
En la actualidad, las organizaciones dedicadas al tráfico de especies y a la minería ilegal emplean redes sociales y plataformas cifradas para subastar animales y productos derivados. Las transacciones, en muchos casos, se realizan en bitcoin, lo que complica aún más el seguimiento de las ganancias ilícitas.
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Las autoridades reconocen una desventaja significativa frente a los criminales: las leyes vigentes no contemplan estos delitos como crimen organizado, lo que impide a los fiscales utilizar mecanismos de investigación avanzados, como las intervenciones telefónicas o la ampliación de plazos para detención preventiva.
Alpízar ha llamado a un debate urgente sobre la necesidad de reformas legales que permitan una respuesta más eficaz.
El fenómeno convierte a Costa Rica en un punto estratégico para el tráfico internacional, funcionando tanto como fuente de especies como puente hacia mercados en Estados Unidos, México y Europa. Esto significa que animales y plantas nativos terminan en colecciones privadas o son vendidos en el extranjero, con graves consecuencias para el ecosistema local.
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Impacto de la minería ilegal en territorios y comunidades
En regiones como Conchudita, la minería ilegal arrasa ya unas 3,000 hectáreas, según estimaciones fiscales. Esta actividad no solo destruye la cobertura vegetal y los hábitats naturales, sino que introduce al ambiente sustancias altamente peligrosas, como el cianuro.
El uso de cianuro en los procesos de extracción contamina ríos y afecta a la fauna acuática, con repercusiones directas sobre la salud de las comunidades cercanas. La infraestructura de vigilancia que las propias organizaciones criminales han montado dificulta la labor de inteligencia y los operativos de intervención estatal.
El contexto internacional ayuda a entender por qué Costa Rica se ha convertido en un objetivo para el crimen ambiental. La demanda global de especies exóticas y minerales preciosos, sumada a la percepción de bajas consecuencias legales, incentiva la expansión de estas actividades ilícitas en el país.
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El Ministerio Público insiste en que la respuesta legal y social debe ser inmediata. Para los fiscales, la discusión sobre reformas legales ya no puede postergarse si se quiere proteger el patrimonio natural costarricense y evitar el fortalecimiento de estructuras criminales transnacionales.