A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Costa Rica, la derechista Laura Fernández anunció el lanzamiento de un proyecto de mano dura contra el crimen, el cual busca que todas las visitas que reciben los presos en las cárceles de máxima seguridad sean grabadas en audio y video, con el fin de cortar su comunicación con grupos delictivos en el exterior.
La presidenta explicó que para implementar esta medida es necesario presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Según Fernández, la normativa actual impide grabar o restringir las visitas a los internos de este perfil.
“Voy a proponer una ley para que las visitas a este perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio, porque si no, no vamos a ganar la batalla. Me parece que son cosas de sentido común, pero actualmente tienen una prohibición legal de que sean grabadas o restringidas esas visitas”, afirmó la mandataria tras un encuentro con altos mandos policiales del Ministerio de Seguridad.
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En su declaración, Fernández detalló que los presos de máxima seguridad continúan enviando mensajes y girando órdenes a sus bandas desde la cárcel, utilizando como intermediarios tanto a sus visitantes como a sus abogados.
Dijo que estos contactos permiten que los grupos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico, mantengan sus operaciones desde el interior de los penales. “No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecen”, expresó.
La jefa de Estado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo, señaló que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes más peligrosos del país. Solicitó al Organismo de Investigación Judicial que avance con las investigaciones sobre 260 estructuras criminales que, según su información, agrupan a 4,300 miembros.
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Fernández subrayó: “No son tantos, 4,300 personas son las malas en Costa Rica, las que pertenecen a una banda criminal. Me duele que estén sueltas, pero más que dolor es combustible para hacer lo que haya que hacer. No puede ser que 4,300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional”.
En el marco del endurecimiento de la política de seguridad, la presidenta remarcó la importancia del desarrollo del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), conocido como la “mega cárcel”, que presenta un avance del 36 % en su construcción y tendrá capacidad para 5,100 internos. Esta infraestructura, que demandará una inversión de $35 millones, sigue el modelo aplicado en El Salvador.
El anuncio se produce en un contexto de cifras récord de homicidios en Costa Rica, con alrededor de 900 asesinatos anuales, de los que aproximadamente un 70 % se atribuyen al narcotráfico.
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La mandataria enfatizó que la lucha contra el crimen enfrenta obstáculos por las corrientes garantistas y progresistas, que según sus palabras priorizaron los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas.
“Estamos peleando contra corrientes garantistas y progresistas que pusieron por delante los derechos de los delincuentes y se les olvidó las víctimas, tenemos que enderezar eso”, declaró.
En esta línea, Fernández anunció que someterá a pruebas de polígrafo a los jefes policiales del país, como parte de las acciones para fortalecer la integridad y efectividad de las fuerzas de seguridad. El plan de la presidenta apunta a cortar los vínculos de los cabecillas criminales desde las cárceles y limitar su capacidad de operación en el exterior.
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