La reunión entre la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y la cúpula del Poder Judicial terminó convirtiéndose en una de las confrontaciones políticas más fuertes de los últimos meses entre ambos poderes de la República.
Durante una extensa conferencia de prensa posterior al encuentro, Fernández lanzó duros cuestionamientos contra jueces, magistrados y fiscales, habló de “persecución política”, criticó supuestas “pifias” (errores) judiciales y anunció un paquete de reformas legales y constitucionales que pretende presentar el próximo mes ante la Asamblea Legislativa.
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La reunión, que se prolongó durante más de dos horas en Casa Presidencial, contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fiscal general Carlo Diaz, Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación y autoridades del Poder Ejecutivo, como Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y Hacienda, Gerald Campos de Seguridad, Arnold Zamora de Comunicación y Enlace y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.
Fernández aseguró que el encuentro fue más una “mesa de trabajo” que una reunión protocolaria y afirmó que llegó con el objetivo de expresar “cómo se siente el pueblo de Costa Rica” respecto al desempeño del Poder Judicial.
“Hay una distancia entre lo que el pueblo de Costa Rica espera del Poder Judicial y lo que está recibiendo”, sostuvo la mandataria.
La presidenta criticó particularmente las decisiones de jueces de ejecución de la pena, a quienes responsabilizó de otorgar beneficios carcelarios y reducciones de condena que, según ella, generan indignación ciudadana.
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“Les pedí adoptar medidas para frenar lo que hacen algunos jueces de ejecución, donde se dan liberaciones o cambios en las medidas de prisión”, señaló.
Según explicó, uno de los acuerdos alcanzados consiste en crear un canal de comunicación directo entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para alertar sobre eventuales reducciones de condenas o cambios de medidas cautelares en casos considerados de alta peligrosidad.
La mandataria también aseguró que percibe una “politización” dentro del Poder Judicial y denunció una supuesta “persecución política” contra integrantes del Gobierno.
“Yo les planteé que existe persecución política por parte del Poder Judicial hacia funcionarios del Gobierno”, afirmó.
Incluso relató experiencias personales relacionadas con causas judiciales abiertas en su contra, las cuales calificó como “ridículas” y utilizadas como mecanismos de presión política.
Fernández sostuvo que la inseguridad nacional requiere una reforma profunda del sistema judicial y adelantó que trabaja en un paquete de proyectos de ley para modificar normas relacionadas con ejecución de la pena, el Código Penal y el Código Procesal Penal.
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Además, aseguró que impulsará reformas para mejorar la fiscalización y eficiencia del Poder Judicial.
“Mi apuesta es que la Asamblea Legislativa empuje este paquete de proyectos, pero si no avanzan, eventualmente podríamos convocar a referéndums nacionales”, advirtió.
La presidenta también cuestionó el presupuesto asignado al Poder Judicial y afirmó que actualmente recibe recursos por encima de lo establecido constitucionalmente.
“Si aplicáramos expresamente lo que dice la Constitución, al Poder Judicial le tocarían ₡474 mil millones, pero se les están presupuestando ₡532 mil millones”, indicó.
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Fernández criticó además la subejecución presupuestaria y señaló que existen privilegios salariales dentro de la institución.
“Yo no voy a consentir privilegios ni gollerías”, lanzó.
La mandataria incluso cuestionó las escalas salariales de personal administrativo judicial y afirmó que existen diferencias de hasta ₡200 mil o ₡300 mil respecto a funcionarios equivalentes del Poder Ejecutivo.
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Otro de los temas que marcó la conferencia fue la infiltración del crimen organizado dentro del aparato judicial.
Fernández hizo referencia directa al caso del exmagistrado Celso Gamboa y aseguró que existe preocupación por posibles vínculos entre narcotráfico y funcionarios judiciales.
Como parte de los acuerdos alcanzados, indicó que el Poder Judicial reforzará sus políticas anticorrupción y analizará la posibilidad de implementar pruebas de polígrafo para funcionarios vinculados con investigaciones sensibles.
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“Así como lo hace el FBI o la DEA, deberían existir pruebas periódicas para funcionarios que manejan casos donde puede haber corrupción del crimen organizado”, afirmó.
Fernández también anunció la creación de un “task force” permanente de seguridad nacional, encabezado directamente por ella y conformado por ministros, cuerpos policiales y autoridades de seguridad.
Según explicó, se reunirá semanalmente con jerarcas de Seguridad Pública, Policía de Control de Drogas, Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales para monitorear personalmente la situación del país.
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“Voy a tomar yo misma el control y seguimiento de los progresos en materia de seguridad nacional”, aseguró.
Por su parte, Orlando Aguirre respondió defendiendo la independencia y eficiencia del Poder Judicial.
El magistrado rechazó que exista una crisis institucional como la descrita por la presidenta y aseguró que organismos internacionales ubican al sistema judicial costarricense entre los mejores de América Latina.
“El Centro de Estudios de Justicia de las Américas calificó al Poder Judicial de Costa Rica como el mejor poder judicial de América Latina”, afirmó.
También indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoció al país por sus estándares de integridad institucional.
“Somos un Poder Judicial eficiente y estamos cumpliendo a cabalidad nuestra función”, sostuvo.
Sin embargo, Fernández respondió que existe una desconexión entre la percepción internacional y el sentimiento ciudadano dentro del país.
“Hay una distancia entre lo que opinan internacionalmente del Poder Judicial y lo que opinamos aquí los costarricenses”, concluyó la presidenta.
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