El Poder Judicial ha enfrentado la renuncia de casi 700 funcionarios en solo tres años, un fenómeno que suscita alertas internas por sus consecuencias directas en la operatividad diaria y la administración de justicia.
Este éxodo, elevado tanto en número como en importancia de los cargos afectados, fue informado el domingo por Diario Extra y responde en parte a reformas estructurales y a las condiciones laborales que inciden en la salud y el bienestar de los trabajadores.
Las cifras reflejan una tendencia sostenida de renuncias tras la reforma de pensiones
Entre 2023 y abril de 2026, se registraron 697 salidas voluntarias del Poder Judicial, según los datos oficiales citados por Diario Extra. Dentro de ese período, 2024 marcó el punto más alto con 223 dimisiones, superando las 211 de 2023. En 2025, hubo una leve disminución a 198, y para los primeros cuatro meses de 2026 ya se contabilizaban 65 renuncias.
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), Jorge Cartín, señaló que este fenómeno responde principalmente a la reducción de recursos, la falta de suplencias y la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público. Explica a Diario Extra que la sobrecarga de trabajo y la imposibilidad de sustituir a los empleados ausentes provoca que las tareas recaigan en los equipos restantes, lo que multiplica el agotamiento físico y mental.
En términos de áreas afectadas, el escalafón policial sumó 183 renuncias, mientras el personal técnico jurisdiccional contabilizó 220 salidas en el período analizado. Las renuncias también alcanzaron los puestos de jueces, fiscales y defensores públicos, que sumaron 78 bajas, y las categorías de jefaturas, coordinadores y profesionales con 56 renuncias.
La acumulación de vacaciones y el retorno a un entorno laboral con trabajo pendiente se han convertido en un problema recurrente, agravando la tensión en los equipos por la imposibilidad de relevar a quienes se ausentan. Esta dinámica afecta tanto la prestación continua del servicio de justicia como la salud emocional de los funcionarios, de acuerdo con lo consignado por Cartín en Diario Extra.
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De 2018 a 2023: deterioro del ambiente laboral y fuga de talento judicial
Un informe de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, publicado el 16 de junio de 2023 y citado por CR Hoy, aportó una visión de mayor plazo sobre la problemática. El documento señala que un total de 750 personas renunciaron a la institución entre 2018 y mediados de 2023.
El análisis, solicitado por la Sala Constitucional en el marco de una consulta sobre la reforma al sistema de pensiones, demuestra que la Ley de Reforma Jubilatoria de 2018 —que elevó la edad de retiro a rangos superiores a los 55 años— incidió en la salud y el equilibrio emocional del personal, lo que influyó en la decisión de abandonar sus cargos. El informe registra un aumento de casos ingresados al Programa de Adecuación Laboral por pérdida de capacidades físicas y cognitivas, más licencias por incapacidad y un incremento sostenido en el pago de la póliza de riesgos laborales.
Entre los puestos más afectados por las dimisiones, la categoría de investigador 1 encabezó la lista con 96 renuncias, seguida del técnico judicial 2 con 59. También se reportaron bajas en técnicos judiciales de nivel 1, 2 y 3, jueces de categoría 3 y 4, oficiales de investigación y defensores públicos.
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La salida de personal con experiencia debilita la capacidad operativa del Poder Judicial
Desde 2018, el Poder Judicial enfrenta una rotación laboral que ha impactado tanto las áreas administrativas como técnicas. Para el secretario general de Sitrajud, la pérdida de perfiles con larga trayectoria representa un desafío adicional para el sostenimiento de la capacidad operativa, ya que estos puestos suelen ser difíciles de suplir por la especificidad y experiencia requeridas.
La combinación de un entorno laboral percibido como poco atractivo, el desgaste físico y emocional y los cambios normativos ha generado una pérdida continua de conocimiento institucional. Los diagnósticos institucionales citados por CR Hoy y Diario Extra coinciden en advertir sobre los efectos negativos de esta dinámica para la eficiencia y continuidad del sistema judicial.
La información oficial indica que, en el periodo comprendido entre el diagnóstico de 2018 y la fecha de corte de 2026, el comportamiento de renuncias ha seguido una tendencia oscilante, con picos en determinados años y una afectación significativa en los equipos encargados de administrar justicia.
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