El juicio contra la presunta organización criminal dirigida por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias “Pioja”, ha revelado que un hotel de tres niveles en el centro de San José funcionaba como búnker y núcleo de operaciones para el narcomenudeo, de acuerdo con la cobertura de CR Hoy. La investigación, a cargo de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), expuso una estructura que combinaba venta de drogas y lavado de activos, involucrando a familiares, abogados, funcionarios bancarios y una red de testaferros.
Como parte de este caso, el 19 de julio de 2022 fue allanado el Hotel La Fortuna, ubicado en avenida 6, calle 2-4 del casco central de la capital, por agentes judiciales, según detalló CR Hoy.
El inmueble, administrado por Marvin Alexander Rodríguez Benavides (“Araña”), uno de los imputados, resultó ser punto clave de la organización y alojaba a unas 20 personas consumiendo drogas al momento del operativo.
Durante el juicio, un investigador del OIJ relató su papel en el ingreso policial al edificio, bajo la instrucción de detener a “Araña” y confiscar droga, dinero y dispositivos electrónicos de interés.
Dentro del hotel, los agentes encontraron al menos 20 habitaciones, muchas equipadas con camas, en condiciones precarias e insalubres. Allí se decomisaron alrededor de 40 dosis de cocaína listas para la venta, dinero en billetes de baja denominación y monedas, además de identificar a personas con actitudes que, según el testimonio, reforzaban la hipótesis de que el lugar operaba como centro activo de narcomenudeo.
La tesis del Ministerio Público sostiene que el hotel había sido alquilado formalmente por la organización, hallándose incluso un contrato de arrendamiento durante el allanamiento. El agente judicial indicó que no recordaba los datos completos del documento, según recogió CR Hoy.
La estructura criminal, bajo la dirección de Rodríguez Chaves, extendía sus operaciones más allá del tráfico de drogas. Según la acusación fiscal, una parte central de sus actividades era la legitimación de capitales, mediante la adquisición, ocultamiento y transformación de bienes muebles e inmuebles con fondos procedentes del narcotráfico. Los responsables introducían estos recursos al sistema bancario nacional para darles apariencia de legalidad.
Una figura clave en la ingeniería financiera del grupo era el abogado y notario Danilo Villegas Quirós, quien, de acuerdo con la Fiscalía, colaboró en la confección de actos notariales fraudulentos y constitución de sociedades anónimas utilizadas como fachadas comerciales. El profesional habría coordinado operaciones usando intermediarios, reuniones presenciales y aplicaciones de mensajería, de acuerdo con la reconstrucción judicial publicada por CR Hoy.
En el segundo nivel jerárquico de la organización, destaca la participación de Norma Rodríguez Chaves, hermana del líder y conocida como “La Doctora”, quien supervisaba la venta de droga en barrios como Hatillo y en el propio hotel capitalino. Su rol incluía la transmisión de órdenes, el control de administradores y la recolección de dinero. Además, participaba en el blanqueo de activos mediante negocios comerciales y compraventa de joyas.
La estructura incluía a varios administradores de puntos de venta, identificados como Maikol Parra Chavarría (“Lento”), Pedro Cordonero Benavides (“Colochos”) y Mayid Omed Cano Castro (“Viejo” o “M33”), responsables del control diario de la comercialización, logística, contratación de personal, pago de planillas y manejo del dinero, según la información difundida por CR Hoy.
La red de lavado de activos, de acuerdo con la acusación, también implicaba a familiares directos de “Pioja”. María del Milagro Matamoros Alfaro, esposa del cabecilla, realizaba transacciones bancarias y fungía como tesorera de sociedades. Tiffany Rodríguez Matamoros, hija del líder, coordinaba el almacenamiento de dinero y negocios, mientras que el yerno, Ernesto Aragón Bermúdez, adquirió propiedades mediante sociedades financiadas con fondos ilícitos. El primo Jorge Ureña Quesada (“Zete”) figuraba como enlace para el blanqueo a través de joyería, vehículos y empresas comerciales.
El expediente judicial también señala la colaboración de Didier Quesada Serrano, funcionario bancario, atribuyéndole haber facilitado la inserción de dinero ilícito mediante asesoría y estrategias para eludir alertas del sistema financiero. Otros miembros cumplían funciones de traslado de dinero y actuaban como testaferros de bienes adquiridos con fondos de origen criminal.
La investigación reveló que la organización funcionaba bajo un esquema empresarial, con pagos fijos a sus integrantes y la posibilidad de solicitar vacaciones. El líder, Rodríguez Chaves, fue finalmente detenido en un condominio de lujo en Sabana Sur, desde donde coordinaba las operaciones, de acuerdo con los datos recabados por CR Hoy.
El juicio por el caso Imperio continuará en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, con la presentación de nuevos testigos y pruebas que buscan esclarecer el alcance de la estructura criminal que operó en la capital costarricense.