Costa Rica ha recibido a un segundo contingente de 22 migrantes de diversas nacionalidades, deportados por Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral que habilita la llegada semanal de grupos de hasta 25 personas. El operativo, destinado a garantizar atención humanitaria y regularización temporal, responde tanto a la creciente presión migratoria regional como a la meta de fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países, según informó la Agencia EFE.
En el grupo recién admitido a suelo costarricense se encuentran ocho ciudadanos brasileños, tres rumanos, tres uzbekos, dos chinos, dos azerbaiyanos, un irlandés, un indio, un vietnamita y un bielorruso, detalló la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), citada por EFE. Entre los deportados figuran una menor de edad rumana acompañada de su padre y un adulto mayor procedente de Irlanda.
El vuelo aterrizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad, dentro del aeropuerto internacional Juan Santamaría, situada en las afueras de San José, replicando el procedimiento iniciado el 11 de abril con el arribo del primer contingente. Tras efectuar el control migratorio, el grupo recibió atención primaria, con acceso a traductores y revisión médica coordinada con la Cruz Roja, precisó la DGME a EFE. Estas personas podrán optar por el Retorno Voluntario Asistido (RVA), gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), o tramitar la residencia bajo criterios humanitarios en Costa Rica.
El acuerdo costaricense-estadounidense contempla vuelos semanales y garantías humanitarias
El Memorando de Entendimiento firmado el 23 de marzo por el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el gobierno estadounidense establece la transferencia de extranjeros —que no son ciudadanos estadounidenses— en vuelos de hasta 25 pasajeros cada semana. La medida, implementada desde abril según lo informado por EFE y AFP, estipula que los migrantes permanecerán bajo condición legal temporal mientras se resuelve su situación.
El grupo que inauguró el programa el sábado 11 de abril estaba compuesto por personas procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos. A su llegada, se alojaron bajo resguardo humanitario en un hotel cuyo nombre las autoridades no han querido revelar, reportó la DGME a EFE.
El gobierno de Costa Rica aseguró ante EFE que el convenio garantiza el respeto a los derechos humanos de los migrantes, incluyendo la prohibición de devoluciones a países donde exista peligro o persecución. Más allá del nivel diplomático, la Presidencia costarricense ha subrayado en reiteradas ocasiones que “Costa Rica es un socio estratégico de Estados Unidos en la región”.
En 2023, Costa Rica ya había recibido cerca de 200 migrantes de Asia y Europa del Este procedentes de Estados Unidos, señaló AFP. Entonces, organizaciones no gubernamentales denunciaron violaciones a los derechos de los albergados, quienes permanecieron recluidos durante períodos prolongados en un refugio remoto en la frontera con Panamá. De los 200 deportados de ese año, casi la mitad regresó voluntariamente a su país de origen, mientras que otros solicitaron refugio, abandonaron los centros de acogida o permanecen allí.
La experiencia de 2023 incluyó a 16 menores de edad entre los deportados, lo que motivó una severa respuesta pública y un escrutinio adicional sobre las condiciones en los centros de hospedaje utilizados para estos operativos bilaterales, como confirmó la Agencia EFE.
La estabilidad del acuerdo migratorio está garantizada a mediano plazo. Según indicó AFP, la presidenta electa Laura Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo de 2026 como sucesora de Chaves, anunció que mantendrá la ejecución del programa.
Voceros oficiales remarcaron que el mecanismo busca “fomentar la capacitación conjunta en temas de seguridad y operaciones militares”, facilitando una respuesta integrada ante desafíos migratorios y de seguridad en la región, de acuerdo con información suministrada a AFP.
De este modo, la alianza bilateral consolida su objetivo de coordinar las transferencias migratorias y fortalecer las capacidades institucionales, manteniendo la operación semanal de vuelos programados provenientes de Estados Unidos a Costa Rica bajo los principios humanitarios especificados en el acuerdo.