La Cruz Roja Costarricense elevó el tono de su llamado a la ciudadanía, empresas e instituciones públicas y privadas para colaborar en la recaudación de fondos que le permitan mantener sus operaciones, en medio de un escenario financiero que amenaza con impactar directamente su capacidad de respuesta ante emergencias.
La organización humanitaria enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. Para el 2026, necesita más de ₡30,000 millones anuales, unos USD 64 millones, para garantizar la continuidad de sus servicios en todo el país, una cifra que evidencia la magnitud de su operación y los crecientes costos asociados.
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“Los estados financieros más recientes confirman una realidad que la institución ha venido señalando. La Cruz Roja Costarricense enfrenta un desafío financiero que requiere atención urgente”, afirmó la tesorera general, Evelyn Vargas.
El problema, según detalló la institución, responde a un desbalance estructural: durante años, el crecimiento del gasto operativo, que incluye mantenimiento de ambulancias, combustible, insumos médicos, planillas y capacitación, ha superado los ingresos disponibles, obligando a realizar ajustes en la operación y a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
A este panorama se suma una advertencia clave contenida en la auditoría externa de 2025, la cual señala la existencia de pérdidas recurrentes y una “incertidumbre material” sobre la estabilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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“Esto refuerza la necesidad de tomar decisiones responsables y oportunas”, subrayó Vargas, quien además destacó que la institución ya implementa medidas de contención del gasto y ajustes operativos para enfrentar la situación.
Uno de los principales riesgos identificados es la posible pérdida de ingresos provenientes del convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el traslado programado de pacientes. Actualmente, este acuerdo representa cerca del 45% de los ingresos propios de la Cruz Roja, por lo que cualquier cambio en su continuidad podría tener un impacto significativo.
A esto se suma un entorno cada vez más limitado para la generación de recursos mediante la venta de servicios y productos, lo que complica aún más la sostenibilidad financiera de la institución.
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En este contexto, la Cruz Roja Costarricense insiste en que el apoyo ciudadano es fundamental para garantizar la continuidad de sus servicios. La organización hizo un llamado amplio a comunidades, gobiernos locales, sector privado y actores internacionales para sumarse mediante distintas vías de colaboración.
Entre ellas destacan las donaciones económicas, el aporte de equipo, el voluntariado, la participación en actividades solidarias organizadas por los comités auxiliares, así como la adquisición de productos y servicios institucionales. También se promueven mecanismos como las donaciones deducibles del impuesto sobre la renta.
El gerente general, Walter Fallas, había advertido previamente que “cada vez que una ambulancia sale a una emergencia, hay toda una operación detrás que hoy está en riesgo”, lo que refleja el impacto directo que la situación financiera podría tener en la atención de emergencias en las comunidades.
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Si bien existen iniciativas como el proyecto de ley que propone destinar un porcentaje de las primas de seguros a la Cruz Roja, lo que podría representar más de ₡5,000 millones anuales, la institución advierte que este monto sería insuficiente para cubrir la totalidad de sus necesidades, ya que apenas alcanzaría para unos meses de planilla.
El funcionamiento de la Cruz Roja implica una inversión constante en infraestructura, flotilla vehicular, tecnología, mantenimiento y formación de personal, tanto remunerado como voluntario. Cada uno de estos elementos resulta esencial para garantizar una respuesta oportuna ante emergencias, desastres y situaciones de riesgo en todo el país.
“Garantizar la sostenibilidad financiera de la Cruz Roja Costarricense es una forma de asegurar la continuidad de servicios humanitarios que salvan vidas en todo el país”, enfatizó Vargas.
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Más allá de las cifras, la institución recalca que su operación tiene un impacto directo en la vida de miles de personas, por lo que insiste en la necesidad de una respuesta conjunta que permita sostener uno de los servicios de primera respuesta más importantes de Costa Rica.
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