La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó su renuncia irrevocable a la plaza en propiedad que mantenía en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como parte del proceso formal de transición hacia la jefatura del Poder Ejecutivo.
La decisión, comunicada mediante carta oficial, tendrá efecto a partir de este lunes 16 de febrero de 2026. Fernández explicó que previamente hizo uso de días de vacaciones acumulados bajo el régimen del servicio civil y que su intención siempre fue cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes.
“El 2 y 3 de febrero disfruté del derecho adquirido de vacaciones bajo el régimen del servicio civil y mi intención fue siempre programar y disfrutarlos”, detalló en el documento remitido al ministerio.
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Antes de su elección presidencial, Fernández había congelado su plaza en Mideplan para dedicarse a la campaña electoral. Durante ese periodo solicitó permisos sin goce salarial, incluido uno gestionado el mismo día en que dejó el cargo de ministra de la Presidencia, mediante el cual pidió ausentarse entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 2025 por “asuntos personales”. La solicitud fue tramitada conforme al reglamento interno institucional.
La trayectoria de Fernández en la administración pública incluye puestos estratégicos dentro del Ejecutivo. Se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y posteriormente asumió la cartera de la Presidencia en Casa Presidencial, uno de los cargos de mayor cercanía política con el mandatario de turno. Su perfil técnico y político la posicionó como una de las figuras de mayor peso dentro del gabinete antes de lanzarse a la contienda electoral.
El 4 de febrero, el Poder Ejecutivo confirmó que Fernández reasumiría funciones al frente del Ministerio de la Presidencia, en medio del proceso político que culminó con su elección. Sin embargo, tras resultar electa, la continuidad en una plaza en propiedad dentro del régimen de servicio civil abrió cuestionamientos sobre la compatibilidad legal entre ambos cargos.
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En el ordenamiento jurídico costarricense, la Presidencia de la República es un cargo de elección popular que no forma parte del régimen de servicio civil. La Constitución Política establece la independencia y dedicación exclusiva del Presidente, por lo que no es posible mantener simultáneamente un puesto en propiedad dentro de la administración pública activa mientras se ejerce la jefatura del Ejecutivo.
No obstante, durante la etapa de campaña y previo a asumir el cargo, la legislación sí permite que funcionarios públicos soliciten permisos sin goce salarial o hagan uso de vacaciones, siempre que cumplan con los reglamentos internos y la normativa del servicio civil. En ese sentido, la congelación temporal de la plaza mientras participaba en el proceso electoral era jurídicamente viable.
Fernández, por su parte, sostuvo que su decisión responde a la “responsabilidad institucional” y al cumplimiento de los trámites administrativos necesarios tras su elección. Con la renuncia efectiva a partir del 16 de febrero de 2026, quedará desligada formalmente del régimen de servicio civil y habilitada plenamente para ejercer la Presidencia sin restricciones administrativas.
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El movimiento cierra así el capítulo administrativo de su paso por Mideplan y marca el inicio de una nueva etapa política. En un país donde la institucionalidad y el respeto a la normativa han sido pilares del sistema democrático, el cumplimiento de estos procedimientos se convierte en una señal clave de apego al marco legal en la transición hacia el próximo gobierno.