El colombiano Álvaro Pulido habría sido sacado por la DEA de una prisión de Caracas para ser trasladado a Florida, en Estados Unidos, donde enfrenta dos procesos judiciales por presunto lavado de activos y fraude vinculado con las cajas Clap.
El empresario, amigo y socio del denominado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, ya estaba detenido en Venezuela por el desfalco a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), según fuentes federales consultadas por El Tiempo.
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La operación se produjo cinco meses después de la llegada de Saab a Estados Unidos. El empresario colombiano se declaró culpable de cargos por corrupción y colabora con la justicia estadounidense.
Pulido fue detenido en marzo de 2023 dentro del escándalo por el saqueo a Pdvsa. La reactivación de las causas en Florida estuvo ligada al proceso contra Saab, en el que también figura Germán Enrique Rubio Salas, identificado como hijo de Pulido.
El empresario también utiliza el nombre de Germán Enrique Rubio Salas y aparece entre los investigados por una red societaria mediante la cual se habrían movilizado fondos del régimen venezolano. Otros dos implicados de esa estructura podrían ser extraídos de Venezuela en los próximos días, con el beneplácito del gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez.
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Contratos de construcción, alimentos y petróleo bajo investigación
La DEA seguía a Saab y Pulido desde 2013 por contratos con Suvinca por 20 millones e dólares para suministrar materiales destinados a un polideportivo en el estado venezolano de Vargas. Las pesquisas también alcanzaron operaciones de Good Central Hong Kong Limited, una empresa creada en Hong Kong que figura en bases de datos a nombre de Emanuel Enrique Rubio.
Esa firma se benefició de la compra de millones de dólares a precios preferenciales dentro del régimen de Nicolás Maduro. Pulido recibió sanciones por corrupción en Estados Unidos en 2019 y en Reino Unido en 2021, medidas que incluyeron el congelamiento de activos.
La causa abierta en el Distrito Sur de Florida describe una presunta red internacional que habría usado contratos de alimentos y exportaciones petroleras para mover fondos a través del sistema financiero estadounidense. Las autoridades investigan si empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada permitieron ocultar el origen de alimentos importados desde Colombia y México para el programa Clap, sigla de Comité Local de Abastecimiento y Producción.
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El programa fue concebido para atender la crisis alimentaria de sectores vulnerables en Venezuela. Sin embargo, la DEA y el Departamento de Justicia sostienen que el mecanismo habría permitido desviar “cientos de millones de dólares” destinados a políticas sociales hacia cuentas bancarias estadounidenses.
Los investigadores señalaron que, tras las sanciones económicas impuestas a Venezuela en 2019, la red vinculada con Saab y sus allegados habría ampliado sus operaciones mediante conexiones con funcionarios estatales. Esos vínculos habrían facilitado el acceso a contratos petroleros valuados en miles de millones de dólares pertenecientes a PDVSA.
Parte del crudo habría sido comercializado bajo premisas falsas para mantener el financiamiento de la estructura Clap y canalizar recursos ilícitos mediante bancos de Estados Unidos. La Fiscalía también atribuye a presuntos sobornos a funcionarios venezolanos la adjudicación de contratos millonarios de alimentos y negocios ligados a la exportación de petróleo.
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El segundo proceso contra Álex Saab en Estados Unidos
Álex Saab, de 55 años y exministro venezolano, fue señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero que podrían implicar hasta 20 años de prisión federal si fuera declarado culpable, según el Departamento de Justicia estadounidense.
El empresario colombiano fue deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos el 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, pese a que contaba con un perdón presidencial de Joe Biden. La expulsión se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la agencia y ocurrió después de que fuera destituido de su cargo ministerial y perdiera la nacionalidad venezolana.
El gobierno transitorio venezolano comunicó que la medida respondió a delitos cometidos en Estados Unidos. Saab negó que estuviera detenido y sostuvo que mantenía el indulto presidencial, aunque fuentes federales afirmaron que esa inmunidad solo cubría el primer proceso y no las nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su presunto papel como operador del régimen venezolano.
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La segunda causa contra Saab es independiente del expediente por el que había recibido el perdón y también involucra a Pulido. Para afrontar ese proceso en tribunales federales estadounidenses, Saab designó a Neil Shuster como abogado defensor.
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