El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, afirmó que la aspersión aérea debe entenderse como una herramienta estatal para enfrentar el narcotráfico y no como un riesgo para Colombia. El pronunciamiento quedó consignado en un documento divulgado este lunes 14 de septiembre de 2026 por dicha entidad.
El jefe de la cartera sostuvo que los cultivos ilícitos bajo control de grupos armados constituyen el factor que amenaza a las comunidades. Según expuso, las rentas procedentes de esa actividad financian estructuras que extorsionan, reclutan menores de edad, desplazan habitantes y limitan la libertad en distintas regiones.
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“La amenaza es el narcotráfico”, señaló el ministro en el comunicado. El texto plantea que la discusión sobre el uso de aeronaves para combatir los cultivos no debe partir de la premisa de que la intervención estatal representa el problema.
La postura oficial propone que la aspersión opere bajo criterios técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales. En esa línea, el documento indica que la medida formaría parte de una respuesta institucional contra las economías ilegales, siempre que exista regulación y control.
El comunicado atribuye a los sembradíos ilegales impactos sobre la seguridad y el ambiente. La cartera señaló que esas actividades provocan deforestación, expanden la frontera agrícola de manera irregular, contaminan fuentes de agua y requieren sustancias químicas durante la producción de cocaína.
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Para el Ministerio de Justicia, la afectación alcanza a campesinos, niños, comunidades rurales y territorios ubicados bajo presión de organizaciones criminales. “No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades”, manifestó Cancino González.
El documento sostiene que impedir el uso de una herramienta contra las plantaciones ilícitas puede limitar la respuesta del Estado ante los grupos que obtienen recursos de esa cadena. La entidad indicó que esa restricción, desde su perspectiva, favorece la expansión de las economías ilegales.
El ministro afirmó que Colombia necesita emplear los instrumentos legales y constitucionales disponibles para combatir el narcotráfico. En el comunicado, sostuvo que renunciar de forma anticipada a una de esas posibilidades reduce la capacidad institucional frente a los actores ilegales.
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“La obligación del Estado es proteger”, indicó el funcionario. La cartera vinculó esa responsabilidad con la defensa de la vida, la seguridad, la libertad, la paz, la niñez y el medio ambiente.
El escrito insiste en que la protección de derechos no se limita a la población expuesta a las consecuencias de una eventual operación aérea. También incluye a quienes, según el Gobierno, enfrentan el control territorial y económico de grupos financiados por los cultivos ilícitos.
Cancino González concluyó que la aspersión, con regulación y vigilancia, no debe presentarse como una amenaza. “Es una herramienta para combatirlo”, expresó en referencia al narcotráfico.
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Abelardo de la Espriella recurrirá dos fallos sobre operaciones de seguridad y aspersión aérea
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno utilizará recursos legales contra dos decisiones judiciales que afectan operaciones de seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos.
El mandatario sostuvo que las órdenes vigentes serán acatadas, aunque cuestionará su alcance mediante los mecanismos previstos por la Constitución.
Durante una alocución emitida el 13 de septiembre de 2026, De la Espriella se refirió a una determinación sobre operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando exista información sobre la presencia de menores de edad. También mencionó la suspensión provisional de la aspersión aérea en Putumayo, medida adoptada mientras se resuelve una acción de tutela.
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El jefe de Estado afirmó que no existe discusión respecto de la obligación de cumplir los fallos judiciales. “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, expresó al inicio de su mensaje.
A la vez, señaló que el respeto por las determinaciones de los jueces no impide que el Ejecutivo las controvierta. Según dijo, algunas medidas pueden interferir con atribuciones que la Constitución asigna expresamente a la Presidencia de la República.
El mandatario planteó que el control de los tribunales debe operar dentro de sus competencias, sin reemplazar a las autoridades civiles y militares en la conducción de las operaciones estatales.
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De la Espriella recordó que la Constitución establece que el presidente dirige la fuerza pública, debe preservar o restablecer el orden público y conduce las operaciones de guerra. “Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al gobierno”, afirmó.
El presidente reconoció que esas facultades tienen límites y que deben ejercerse conforme a los derechos fundamentales, la Constitución y el derecho internacional humanitario.
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